Una corte federal de apelaciones desestimó  un pedido del Departamento de Justicia en contra de la polémica ley que declara a California (EEUU) un estado santuario y determinó que la norma podía permanecer vigente.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos, en una decisión unánime, determinó que la ley estatal, conocida como SB 54, que limita la cooperación entre las autoridades estatales y locales y las autoridades federales de inmigración, no entra en conflicto con la ley federal.

El panel admite que “no tienen ninguna duda de que la SB 54 hace más difícil el trabajo de las autoridades federales de inmigración”.

Pero el juez Milan Smith escribió en el fallo que “California tiene el derecho, de conformidad con la regla contra el control, a abstenerse de ayudar con los esfuerzos federales”.

La administración Trump había demandado a California en marzo de 2018, con el argumento de que la Constitución le da al gobierno federal una amplia autoridad sobre asuntos de inmigración. La administración también había impugnado otras dos leyes estatales. Una, AB 450, requiere que los empleadores alerten a los empleados antes de las inspecciones federales de inmigración. La otra, AB 103, le da al fiscal general de California la autoridad para inspeccionar los centros de detención de inmigrantes.

Cuatro meses después el juez de distrito John A. Mendez se inclinó a favor de California y ello llevó al Gobierno a dar la batalla vía apelación en una corte federal.

Ahora, el panel confirmó ambas leyes, aunque bloqueó una subsección de la ley de inspección que otorgaba a las autoridades estatales la jurisdicción para examinar las circunstancias que rodeaban la detención y el traslado de los inmigrantes detenidos.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, una vez conocido el fallo, manifestó en su cuenta de Twitter: “Continuamos demostrando en California que el estado de derecho no solo significa algo, sino que las personas no pueden actuar fuera de él”.

“La decisión de la corte de defender el Acta de Valores de California (como se conoce la ley SB 54) en su totalidad es una gran victoria que deja en claro que California se mantiene junto a nuestros vecinos inmigrantes, familiares y amigos”, dijo por su parte María Romani, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

La jurista agregó que la decisión confirma que los agentes de inmigración no pueden, en ningún lugar de California, reclutar a las autoridades locales para “promover la máquina de deportación de la Administración Trump”.

La norma permite que las autoridades locales trabajen conjuntamente con las autoridades federales de inmigración si una persona ha sido declarada culpable de algún delito contenido en una lista de cerca de 800 violaciones a la ley, la mayoría graves.