Sin embargo, el texto apenas si contiene referencias a ése y otros casos de conducta inapropiada entre sus integrantes. La historia de Irizarry sólo merece un párrafo, al igual que la de Iván Reyes Arzate, comandante de la extinta Policía Federal que de 2003 a 2016 estuvo asignado a la unidad de investigaciones especiales de la DEA en México. En 2018 se declaró culpable en una corte estadunidense de obstrucción a la justicia, y desde 2020 se le acusa también por conspiración para traficar cocaína, recibir sobornos y filtrar información sensible de la agencia al crimen organizado. Ni siquiera se menciona a Nicholas Palmeri, ex director regional de la DEA en nuestro país entre 2021 y 2022, quien vacacionó con abogados de Miami que defienden a capos latinoamericanos. Tampoco se dice una palabra sobre la colaboración sostenida durante años con el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por narcotráfico.

En vez de abordar estos graves conflictos, el informe se centra en elogiar el trabajo de la agencia, remarcar su papel fundamental en la respuesta a la crisis de consumo de estupefacientes y brindarle recomendaciones vagas y simplonas para alcanzar sus objetivos. Se insiste en la principal de las metas –el desmantelamiento de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que operan en más de 40 países– de una manera que provoca suspicacias por su alineamiento con las voces de ultraderecha que claman por clasificar a estos grupos criminales como organizaciones terroristas.

Está claro que el documento no se encargó ni se redactó con la intención de esclarecer la flagrante corrupción que permea a la agencia ni mucho menos de aportar herramientas a la indispensable depuración de sus estructuras, sino de dar carpetazo a los escándalos y justificar el injerencismo de la DEA en cualquier rincón del globo. Como señaló el senador Chuck Grassley, es sumamente vago en su evaluación real de los problemas conocidos de la DEA y en las soluciones para resolverlos, lo cual habla del muy amplio esfuerzo de la agencia para eludir la supervisión. Bonnie Klapper, ex fiscal federal de Nueva York, apuntó en el mismo sentido: “para ser un reporte que costó al gobierno más de 1.4 millones de dólares –y, cabe acotar, tardó casi dos años en elaborarse–, no parece recomendar el tipo de cambios que realmente evitarían un nuevo caso Irizarry u otros delitos”.

Esta misma semana, el Departamento de Estado estadunidense respondió a los cuestionamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador a su informe anual de derechos humanos en el mundo diciendo que Washington tiene sus propios desafíos internos, pero no intenta esconderlos bajo la alfombra. El reporte de la DEA desmiente la afirmación autocomplaciente y exhibe que la superpotencia no sólo mete basura bajo la alfombra, sino que paga sumas millonarias por hacerlo.