MIAMI

La ley antinmigrante 1718 de Florida fue demandada por diversas organizaciones que cuestionaron su inconstitucionalidad ya que al criminalizar a inmigrantes invade el ámbito federal.

La querella se centra en las disposiciones descritas en la Sección 10 de la ley, que penaliza el transporte de personas a Florida que pueden haber ingresado ilegalmente al país y no han sido “inspeccionados” por el gobierno federal desde entonces.

Establece que es inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal y someta a las personas a un castigo penal sin previo aviso y que el uso que hace Florida del término “inspección” es incoherente e inconstitucionalmente vago.

Las organizaciones demandantes son: Southern Poverty Law Center, American Civil Liberties Union, ACLU of Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council.

El caso se presentó contra el gobernador Ron DeSantis, la fiscal general, Ashley Moody, el fiscal estatal de Florida, Nicholas B. Cox, y los fiscales generales de los 20 circuitos judiciales del estado  en nombre de la Farmworker Association of Florida (Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida) y varias personas afectadas, incluidos ciudadanos estadounidenses y conductores y pasajeros indocumentados que viajan habitualmente hacia y desde Florida.

Los demandantes consideran que la Sección 10 es sólo una de una serie de nuevas leyes dentro del SB 1718 que perjudican a los inmigrantes de Florida y a sus familias y busca atacar e intimidar a las familias inmigrantes en todas las facetas de sus vidas.

“La ley inhibe e intimida a los inmigrantes de Florida que buscan atención médica, amplía los requisitos de E-Verify y las sanciones a las empresas, prohíbe que el gobierno local financie nuevas tarjetas de identificación comunitarias e invalida ciertas licencias de conducir de estados como Connecticut, Vermont, Delaware y Hawái”, indicaron.

“Esta demanda reivindicará todos nuestros derechos constitucionales y seguimos comprometidos en garantizar que los inmigrantes sean tratados con justicia, igualdad y dignidad. Un ataque tan horrible a nuestra comunidad inmigrante no sobrevivirá”, aseguró Paul R. Chavez, abogado supervisor sénior del Proyecto de Justicia para los Inmigrantes del Southern Poverty Law Center:

Aseguró que la ley “ es inconstitucional, xenófoba y aumentará la discriminación racial ilegal de las comunidades negras y latinas de Florida. Incuestionablemente diseñado para infligir crueldad, el SB 1718 es inconstitucional y socava nuestra democracia”.

Por su parte, la abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles de Florida, Amien Kacou,  señaló que la demanda la criminalización inconstitucional de la comunidad inmigrante en un estado donde una quinta parte de la población nació en el extranjero.

Agregó:

“Esta legislación no es la solución a ningún problema. Es un intento de usar como chivos expiatorios y aterrorizar a familias y trabajadores vulnerables que ya están agobiados por la dificultad del proceso de inmigración federal, y busca una batalla con el gobierno federal para servir las ambiciones de algunos políticos. Nuestro desafío tiene como objetivo defender la Constitución y proteger a nuestras comunidades de la creciente amenaza de discriminación que plantea esta nueva ley de Florida”.

Evelyn Wiese, abogada litigante de Americans for Immigrant Justice, manifestó que al convertir en un delito grave que cualquier persona viaje al estado con inmigrantes que pertenecen a una categoría amplia y no claramente definida, la Sección 10 es extrema e inconstitucional.

Agregó que “no se puede negar la crueldad y la inhumanidad de esta nueva ley xenófoba. Pero el gobernador DeSantis y sus aliados anti-inmigrantes en la Legislatura de Florida no deben cometer errores: cuando intenten burlar la Constitución, lucharemos. Florida tiene una larga y orgullosa historia de recibir inmigrantes en el estado”.

Kate Melloy Goettel, directora jurídica de litigios del American Immigration Council, manifestó que esta legislación desacertada no sólo señala a los inmigrantes y a sus familias, sino que también representa una amenaza para el bienestar social y económico de las comunidades de la Florida.

Dijo:

“Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de defender los derechos y la dignidad de cada individuo en el estado, independientemente de su estatus migratorio. La unidad y la justicia deben triunfar sobre el miedo y la hostilidad”.

Nezahualcoyotl Xiuhtecutli, PhD, coordinador general, Asociación de Trabajadores del Campo de Florida (Farmworker Association of Florida, Inc), djo que sus 12 mil agremiados han desafiado esa ley de odioporque la ley perjuduica la capacidad de los miembros en poner comida en sus mesas y en las mesas de todos.

Agregó que la ley 1718 “ es una herida autoinfligida, producto de legisladores miopes incapaces de ver más allá de la oportunidad política más inmediata.

“ Aunque el impacto de leyes anti-inmigrantes similares en Arizona, Alabama y Georgia presagiaba claramente sus consecuencias legales y económicas, el SB 1718 se aprobó sin tener en cuenta las dificultades que esos estados han experimentado”, dijo.

Un hombre del campo, demandante individual, aseguró:

“Estoy demandando porque esta ley perjudica a nuestra familia y a muchas otras. No estamos haciendo nada para lastimar a nadie. Al contrario, aquí estamos trabajando, pagando impuestos y tratando de brindarle una vida segura a nuestras familias. Ahora tenemos miedo incluso de viajar juntos como familia. Nunca quisiera que mi hijo enfrente un delito grave por viajar con su madre y su hermana. No tiene sentido. Somos familia, ¿cómo puede ser esto?