La Secretaria de Educación, Betsy DeVos, fue demandada para impedir que prospere su iniciativa para que los distritos escolares compartan recursos para resarcir daños del coronavirus con escuelas privadas.

Los demandantes son la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP, siglas en inglés),  familias de escuelas públicas y numerosos distritos escolares. Están representados por los socios de las Escuelas Públicas de Fondos Públicos Munger, Tolles  & Olson, LLP, el Southern Poverty Law Center y Education Law Center. Exigen que el dinero público se quede en las escuelas públicas

Denuncian que DeVos utiliza esta crisis nacional como excusa para promover su agenda política en favor de las escuelas privadas, “robando a las escuelas públicas la ayuda COVID-19 que se necesita desesperadamente”.

The Southern Poverty Law Center indicó que DeVos ha ordenado a los distritos escolares que compartan su dinero para el alivio del coronavirus con las escuelas privadas locales en niveles mucho más altos de lo que la ley permite, al tiempo que ignora el retroceso de los educadores, legisladores y expertos en derecho educativo.

Hizo saber que DeVos obliga a los distritos escolares a cumplir con una de las dos opciones ilegales para gastar su parte de los 13 mil 500 millones en ayuda de emergencia para la educación que el Congreso incluyó en la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (Ley CARES), aprobada en marzo.

La Ley CARES, agregó, requiere que los distritos prorrateen fondos para servicios de escuelas privadas “de la misma manera” que el Título I de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus naturalidades), la principal pieza de la legislación federal de educación del país. Bajo la ESEA, los distritos escolares que reciben fondos del Título I (dinero para las escuelas que sirven a los estudiantes de familias de bajos ingresos) están obligados a reservar una cierta cantidad de ese dinero para proporcionar “servicios equitativos” a los estudiantes en las escuelas privadas locales.

Exp0licó que esta cantidad se calcula en función del número de estudiantes de escuelas privadas locales que provienen de familias de bajos ingresos. Por ejemplo, si hubiera 100 estudiantes que viven en el área de servicio de un distrito escolar que asisten a escuelas privadas, pero sólo 10 de esos estudiantes eran de familias de bajos ingresos, el distrito calcularía la cantidad de fondos para reservar en base a esos 10 estudiantes, no los 100 estudiantes de escuelas privadas totales.

La nueva regla de DeVos exige que los distritos:

Asignen fondos de la Ley CARES para estudiantes de escuelas privadas basados en todos los estudiantes inscritos en la escuela privada, que incluye a estudiantes de familias ricas – desviando fondos significativos fuera de las escuelas públicas.

Asignen estos fondos en base al número de estudiantes de familias de bajos ingresos en escuelas privadas (los mismos que bajo ESEA), pero se enfrentan a severas restricciones sobre cómo se pueden utilizar el resto de los fondos de la Ley CARES del distrito. Por ejemplo, los distritos que eligen esta opción tendrían prohibido usar estos fondos para servir a los estudiantes que no asisten a las escuelas del Título I, incluso a los estudiantes de familias de bajos ingresos.

“En un momento en que muchos distritos se enfrentan a enormes recortes presupuestarios, esta incapacidad de ser flexible con sus fondos podría resultar devastadora.Ambas opciones violan el lenguaje claro y la intención de la Ley CARES”, señaló The Southern Poverty Law Center.

Indicó:

“Las escuelas públicas desempeñan un papel esencial en la vida de las familias y las comunidades, y esto ha sido más claro que nunca durante la pandemia. Estas escuelas ahora necesitan más, no menos, recursos. La agenda política de DeVos de canalizar dólares de los contribuyentes a escuelas privadas debe ser detenida”.

Precisa que este es un momento de crisis para las escuelas públicas. Los estados y los municipios se enfrentan a enormes déficits presupuestarios debido a la reducción de los ingresos fiscales durante la pandemia COVID-19, y las medidas de reducción de costos que seguramente seguirán afectarán duramente a las escuelas públicas y a los estudiantes a los que sirven.

Al mismo tiempo, agregó, se pide a las escuelas públicas que hagan más con menos, como asegurar que los niños continúen aprendiendo durante los cierres de escuelas, tengan acceso a la tecnología y reciban nutrición y apoyo social y emocional, todo ello con suficiente orientación y apoyo del gobierno federal.

Establece que las escuelas públicas atienden a la gran mayoría de los niños en todo el país, y necesitan  apoyo de todos los niveles del gobierno ahora más que nunca. Dijo: “Deben estar dotadas de los recursos necesarios para eliminar las desigualdades educativas y apoyar a los niños y las familias afectados desproporcionadamente por COVID-19”.

“Pero en lugar de reunir apoyo a las escuelas públicas de nuestra nación, la Secretaria de Educación está utilizando esta crisis nacional como excusa para promover su agenda política en favor de las escuelas privadas, robando a las escuelas públicas la ayuda COVID-19 que se necesita desesperadamente”, asegura el organismo.

Aquí se puede leer más acerca de la demanda NAACP v. DeVos.