Ambas funcionarias señalaron que las autoridades ya descubrieron la primera irregularidad cometida por la firma Grupo de Seguridad Privada Camsa.

Rosa Icela Rodríguez indicó que esa empresa sólo tenía reportados a cuatro empleados con 10 uniformes y el contrato con el Instituto Nacional de Migración era de 503 elementos en 23 estados de la República.

Agregó que la compañía solicitó su registro ante la Dirección General de Seguridad Privada de la SSPC el 3 de septiembre de 2020, con una autorización vigente a febrero de 2024. Se encuentra registrada bajo la modalidad de empresa para proporcionar seguridad privada en todo el territorio nacional.

Sin embargo, dijo la secretaria, la autoridad revocará el permiso y esa empresa ya no podrá operar en el país.

Secretaria Rosa Icela Rodríguez.  

Detalló que los accionistas de Camsa fueron identificados como David Vicente Salazar Gasca y George McPhail Trouyet y serán investigados, al igual que la empresa, contra la cual ya hay un proceso administrativo.

A una pregunta sobre por qué el INM no había contratado antes al SPF, como había ordenado el Presidente a las instituciones federales, Rosa Icela Rodríguez respondió: Tocamos las puertas de todas las dependencias para ofrecer los servicios. Pero hay algunas dependencias que los aceptan y hay dependencias que no los quieren o no los requieren, entre ellas el órgano a cargo de Migración.

La representante de la FGR añadió que la investigación se amplía a todas las áreas de responsabilidad del INM para conocer cuáles eran las obligaciones y cuáles pudieron haber sido las acciones u omisiones en que incurrieron los mandos de la institución.

Presentan a cinco ante juez

Asimismo, la fiscal y la titular de la SSPC dieron a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) puso a disposición de un juez federal a cinco de los presuntos responsables del incendio.

Los puestos a disposición del juez son tres elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), identificados como Rodolfo Collazo, Daniel Goray Yosioka y Gloria Ramos, así como dos agentes de seguridad privada.

Collazo y Goray no estaban en el lugar la noche del siniestro y fueron detenidos de manera ilegal, dijeron sus familiares.

Las autoridades no habían cumplimentado ayer la orden de captura contra un migrante, identificado como el responsable de haber iniciado el incendio en el lugar donde estaban 68 extranjeros.

El migrante, cuya identidad se desconoce, estuvo hospitalizado, pero ya fue dado de alta.

Este viernes pudiera darse a conocer si la decisión judicial fue de vincular a proceso a los cinco primeros acusados o dejarlos en libertad.

Se manifiestan familiares

Agentes del INM y familiares de los detenidos protestaron ayer frente a las oficinas de la dependencia en el Puente Internacional Córdova Américas de Ciudad Juárez. Expresaron que las detenciones son injustas e ilegales y advirtieron que la FGR busca fabricar culpables.

Ni la opinión pública ni los migrantes ven que estamos haciendo nuestro trabajo. A los indocumentados no les importa y están en su derecho, lo entendemos. Pero mientras se topen con nosotros, nosotros vamos a cumplir con nuestro trabajo, nada más, defendió un agente del Grupo Beta del INM, que opera en la frontera norte.

Se le preguntó por qué nadie abrió el candado del alojamiento de hombres de la estancia migratoria la noche del incendio; el empleado respondió que la vorágine de los acontecimientos fue tan rápida que la nube tóxica ya era mortal, y obviamente los compañeros quisieron también resguardar su vida. No los estoy justificando, pero así fue.

En conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Herrerías indicó que la madrugada de ayer finalizó la audiencia y el juez otorgó las seis órdenes de aprehensión por el delito de homicidio doloso, con dolo eventual, y por lesiones contra 67 extranjeros: 12 salvadoreños, un colombiano, 12 venezolanos, 28 guatemaltecos y 14 hondureños. El indocumentado restante que estaba en la estancia es el señalado por iniciar el incendio.