Denuncian que ICE espía a líderes de organizaciones defensoras de inmigrantes

November 28, 2020 - por

Denuncian que ICE espía a líderes de organizaciones defensoras de inmigrantes

Beni Martínez recorre los barrios hispanos de San Diego, California, buscando redadas de ICE. Crédito: Univision/ Almudena Toral

José Enrique Balcázar y Zully Palacios, dos líderes de la organización Migrant Justice de Vermont, jamás sospecharon que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) llevaba varios días siguiendo de cerca cada uno de sus movimientos. El 17 de marzo de 2017 les tomó por sorpresa su detención en un semáforo.

Viajaban en su auto después de una reunión de Migrant Justice cuando tres coches de ICE les cerraron el paso. Habían notado que un vehículo blanco iba detrás de ellos desde que salieron de la junta, pero le restaron importancia. Unas cuadras más adelante, al llegar a una intersección, agentes vestidos de civil los pusieron bajo custodia sin darles tiempo para hacer una llamada.

A Balcázar le pusieron esposas en las manos y en los pies. A Palacios la sacaron por la fuerza del auto y le quitaron el celular. Los activistas dicen que se sorprendieron cuando los oficiales les comenzaron a llamar por sus apodos, ‘Kike’ y ‘Vicki’, y les advirtieron que si le hablaban a su organización “sería peor para ustedes”. Cuando Balcázar estaba en la cárcel, un oficial lo describió como “una persona famosa”.

Los detalles de estas detenciones se mencionan en una demanda que la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), el National Center for Law and Economic Justice y otros grupos interpusieron en una corte federal de Vermont en 2018 contra ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La querella alega que esas agencias federales llevaron a cabo “una operación ilegal durante varios años para espiar, acosar y detener” a veinte dirigentes y miembros de Migrant Justice.

Ni ICE ni el DHS han aceptado haberlos perseguido en represalia por defender a los indocumentados y campesinos en Vermont, pero a finales de octubre la administración Trump aceptó pagarles una indemnización de 100,000 dólares a Balcázar, Palacios y Víctor García Díaz.

El gobierno también acordó otorgarles un alivio migratorio por el cual recibirán un permiso de trabajo y no serán deportados. Se comprometió además a reentrenar a sus agentes para que no enfoquen sus operaciones en quienes protestan ejerciendo su libertad de expresión.

Es una de las victorias legales más importantes que se haya anotado una organización proinmigrante en los últimos años. “Con este acuerdo hemos demostrado que no retrocederemos ante los abusos de ICE”, dijo García Díaz, uno de los demandantes. “Han tratado de silenciarnos aterrorizando a nuestra comunidad y enfocándose en nuestros líderes, pero decimos que no seremos silenciados”, enfatizó.

ICE confirmó que se alcanzó el acuerdo extrajudicial, pero aclaró que sigue cuestionando el argumento de que había violado el derecho de esos activistas a expresar sus opiniones con plena libertad.

“ICE no arresta a extranjeros ilegales en base a sus posturas o en represalia por los comentarios críticos que hacen”, señala la dependencia en un correo electrónico enviado a Univision Noticias.

“Sin embargo, ICE tiene la obligación de iniciar un caso contra cualquiera que afirme estar violando las leyes de inmigración de nuestro país”, agregó la agencia.

Un supuesto infiltrado de ICE en Vermont

Lo interesante de esta demanda es que describe las supuestas tácticas de espionaje que realizaron oficiales migratorios para detener a miembros de Migrant Justice. Alega que logró infiltrar a esa organización por medio de una mujer que acudía a las juntas y pedía información de sus integrantes.

Lo detectaron mientras colectaban evidencia para este caso, incluyendo memorandos, mensajes de texto y correos electrónicos de ICE. La identidad de la mujer “infiltrada” no fue revelada.

“De acuerdo con los mensajes de texto enviados entre el agente de ICE John Trantum y el informante, ICE usó al informante para obtener información privada para arrestar, detener y tomar represalias contra los demandantes y sus colegas debido a su activismo”, señala la querella.

La supuesta infiltrada le dijo a una persona en la cual confiaba, quien terminó cooperando con ACLU, que “cada vez que (el agente Trantum) hace un arresto, me pide (información sobre esa persona)”, de acuerdo con la demanda.

Una vez ella le compartió que, para “asestar un golpe” a Migrant Justice, ICE planeaba detener a su líder José Enrique Balcázar porque era “muy franco”. Además, le envió fotos de siete activistas que aparecían con camisetas de la organización y preguntó sus identidades. Otra vez le reveló que habían estado vigilando la casa de la dirigente Zully Rodríguez durante varias semanas antes de su detención.

La presunta informante de ICE llegó a transmitir en vivo las reuniones privadas de Migrant Justice y siguió filtrando qué temas se discutían en esas juntas a puertas cerradas, dijeron quienes la delataron.

Mientras eso ocurría, ICE supuestamente hurgó en las redes sociales de los dirigentes del grupo, seguía sus autos, pidió sus domicilios al Departamento de Vehículos de Vermont (DMV) y se sospecha que hasta trató de jaquear el correo electrónico de Balcázar el día que lo arrestaron, describe la denuncia.

Al obtener los correos electrónicos de los agentes migratorios descubrieron que Palacios y Balcázar eran “objetivos de arresto” desde marzo de 2017 y que ese mismo mes le pidieron al DMV información personal sobre ellos. El empleado del DMV que envió esos datos escribió a mano “indocumentado”.

Desde 2014, Vermont es uno de los estados del país que otorgan licencias especiales a los inmigrantes sin papeles. Un acuerdo judicial que en 2016 se alcanzó con la Comisión estatal de Derechos Humanos establece que esa dependencia no debe intercambiar información con ICE.

Pero la demanda reclama que ese pacto no se cumplió y lo atribuye a un presunto patrón de racismo en algunos empleados del DMV de Vermont. Durante el avance del litigio, la ACLU obtuvo comunicaciones internas de esa agencia estatal en las que saltaban comentarios ofensivos que hicieron sobre los inmigrantes.

Una vez llamaron a ICE por tres hombres de “apariencia mexicana” que estaban vagueando afuera de una de sus oficinas. Les decían “mexicanos” a las personas de piel morena. El 4 de diciembre de 2014, un empleado escribió a un colega en un intercambio sobre una lista de direcciones y habitantes: “Mier$%#, es cierto, estamos siendo superados por inmigrantes”. Otro trabajador escribió despectivamente en un correo electrónico que una de las direcciones investigadas tenía “nombres del sur de la frontera”.

Después de que se publicaron estos mensajes, el DMV de Vermont alcanzó un acuerdo separado con ACLU en el cual se comprometió a entrenar a su personal sobre la discriminación y otras políticas, para dejar de cooperar con ICE.

“Esto es por el activismo que hago”

El supuesto espionaje que ICE realizó dentro de la organización Migrant Justice de Vermont tuvo como consecuencia que sus integrantes sean ahora cautelosos temiendo que los estén vigilando o que haya infiltrados en sus reuniones, alega la demanda. También reclama que por ello bajó su membresía, otros grupos se han alejado y gastaron mucho dinero para pagar las fianzas de algunos detenidos.

El 26 de enero de 2018, más de treinta congresistas enviaron una carta a ICE y al DHS expresando su preocupación por presuntamente enfocarse en los activistas. Advirtieron que “puede crear un efecto paralizador más amplio dentro de la comunidad, disuadiendo a algunos inmigrantes de invocar sus derechos por temor a que hacerlo resulte en represalias por parte de ICE”.

En marzo de ese año, otros legisladores federales enviaron una misiva a ICE señalando que “el uso de recursos policiales para tomar represalias contra los críticos y opositores políticos del presidente (Trump) es contrario a nuestras normas democráticas más básicas”.

Si bien las prácticas “irregulares” de ICE citadas en el caso de Vermont supuestamente ocurrieron a principios de la administración Trump, ha habido quejas similares durante otros gobiernos.

Hace 13 años, Elvira Arellano se había refugiado en una iglesia de Chicago, en el estado de Illinois, para evitar que la deportaran. Ella cuenta cómo fue inútil viajar sigilosamente por carretera a California para pedir el apoyo de legisladores. El 19 de agosto de 2007, después de participar en un evento en la Placita Olvera, en el centro de Los Ángeles, varias camionetas de ICE le cerraron el paso al auto donde ella iba.

Elvira Arellano protestaba en la Ciudad de México después de su deportación, que ocurrió en 2007. Crédito: Getty Images

“Me arrestaron 15 agentes federales como a la 1 de la tarde y me deportaron a Tijuana antes de las 10 de la noche”, contó Arellano en una entrevista con Univision Noticias hace unos días. En aquel entonces George W. Bush cumplía su segundo mandato en la Casa Blanca.

“Me sigue doliendo. En esa ocasión me trataron como si fuese una terrorista”, recuerda quien volvió a este país en marzo de 2014 por medio de una solicitud de asilo, un proceso que sigue pendiente.

Beni Martínez, un inmigrante mexicano radicado en San Diego, California, denuncia que las tácticas de ICE no han cambiado a lo largo de los años. Este hombre que fue indocumentado durante 23 años afirma que está en la mirilla de esa agencia federal por abogar por los que no tienen papeles.

Martínez, de 49 años, ha realizado recorridos matutinos en barrios hispanos del condado de San Diego. Su objetivo es alertar a través de Facebook dónde se está realizando una redada. Sale en la oscuridad de la madrugada, siguiendo su instinto y los reportes que recibe en las redes sociales.

“ICE me ha estado siguiendo desde hace dos años. Se han estacionado afuera de mi casa para que yo los vea. Son coches sin marcas y traen chalecos antibalas”, afirma. “Le he llamado a la policía para que investigue. Pero les preguntan quiénes son, vienen a decirme que son agentes federales y se van”.

Este activista cuenta que una vez filmó a un supuesto agente encubierto que lo seguía sospechosamente en una camioneta con vidrios oscuros. “Yo iba manejando hacia la oficina cuando una Suburban se dio una vuelta en ‘u’, me siguió como por una milla. Prendí mi teléfono, comencé una transmisión en vivo y me le acerqué para preguntarle: ¿eres un policía o un agente de ICE?”, relata.

En el video se escucha a Martínez diciéndole al conductor de la SUV que estaba “preocupado por mi seguridad. Tienes que identificarte, oficial”. Luego el vehículo se alejó doblando hacia la izquierda. Las autoridades no han confirmado si en realidad se trató de un oficial que investigaba al activista.

Univision Noticias le preguntó a la oficina de ICE en San Diego sobre esta denuncia, pero no respondió hasta la publicación de esta nota. La agencia sí comentó hace unos meses cuando se le preguntó sobre lo que Martínez y otros activistas de San Diego hacían, saliendo a buscar operativos migratorios. Advirtió este tipo de actividades pueden tener consecuencias.

“Interferir con un oficial federal que realiza sus deberes o difundir falsedades que provoquen histeria no solo es un peligro para el oficial, sino también para el público en general”, indicó entonces James Matuszewski, subdirector de la dependencia en San Diego, en un comunicado enviado a este medio.

Martínez sospecha que ICE y el DHS lo están “acosando” solo por defender a los indocumentados. “Esto es por el activismo que hago, por detener las redadas contra los inmigrantes”, dice.