San Diego

Las denuncias de que tres menores de edad fueron víctimas de abuso sexual mientras estaban bajo custodia del gobierno de Estados Unidos han aumentado la presión para agilizar la reunificación de las familias de inmigrantes que fueron separadas en la frontera sur.

El gobierno de El Salvador dijo que las víctimas, de entre 12 y 17 años, fueron objeto de abuso sexual en centros de detención de Arizona, y pidió a Estados Unidos que dé prioridad a su regreso.

El gobierno de Estados Unidos enfrenta fuertes críticas por su lentitud para reunir a más de 2.600 menores con sus padres. La mayoría se reencontraron con sus familias, pero cientos continúan separados, más de un mes después que expiró el plazo impuesto por un juez.

Antes de que el gobierno de Trump suspendiera la separación de familias de inmigrantes, muchos padres fueron repatriados, mientras que sus hijos se quedaron detenidos en Estados Unidos.

Los abogados del gobierno estadounidense y de las familias de inmigrantes discutieron el viernes cómo acelerar el proceso durante una audiencia en San Diego, ante el juez federal Dana Sabraw, que había fijado el plazo.

Magarín dio pocos detalles sobre los tres casos, aunque señaló que se trató de “violaciones sexuales, abusos sexuales”. La funcionaria dijo que su gobierno facilitará abogados y psicólogos para ayudar a las familias y afirmó que “el impacto psicológico y emocional es para siempre”.

“No puede ser que estos niños vayan huyendo de la violencia y encuentren en Estados Unidos la peor violencia para un menor de edad”, dijo César Ríos, director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante.

En su intento por reunir a las familias separadas, el gobierno de Trump solicitó a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) que utilice sus “considerables recursos” para encontrar a los padres en sus países de origen, principalmente Guatemala, El Salvador y Honduras.

Los gobiernos de esos países y organizaciones sin fines de lucro han intentado localizar a las familias. Esas acciones han incluido avisos públicos y números telefónicos en vallas publicitarias con la expectativa de que un padre afectado vea el anuncio y llame.

“Cada día que estos niños están separados y permanecen en instalaciones de gobierno les causa más daño”, declaró Lee Gelernt, abogado de la ACLU que representa a las familias afectadas. “Aun si estas instalaciones fueran palacios, separar a los menores de sus padres puede causar trauma permanente”.

Gelernt dijo al juez que unos 200 casos podrían ser resueltos en la siguiente semana o par de semanas.

Los casos incluyen a familias que desean reunirse en sus países de origen y las que desean renunciar a su derecho a encontrarse otra vez a fin de mantener a su hijo en Estados Unidos para solicitar asilo.

El juez dijo por su parte que el gobierno puede agilizar los casos en los que las familias han manifestado su deseo de que el menor sea regresado, y no preocuparse de si ello infringe la suspensión temporal a las deportaciones de familias que buscan asilo.

El abogado Scott Stewart, del Departamento de Justicia, dijo que el gobierno desea la eliminación de cualquier obstáculo.

Más de 300 padres que han sido deportados esperan que sus hijos sean enviados a su países de origen.