La Fiscalía mexicana detuvo a un segundo migrante por su presunta implicación en el incendio del centro de detención de Ciudad Juárez donde a fines de marzo murieron asfixiados 40 extranjeros y casi una treintena resultaron heridos, informaron el viernes dos autoridades federales que pidieron el anonimato por no estar autorizadas a hacer declaraciones.

Una de ellas informó a The Associated Press que el arresto tuvo lugar el jueves por la noche en un hotel de Ciudad Juárez adonde el Gobierno federal está alojando a los heridos en el incendio tras ser dados de alta en el hospital para que se reúnan con sus familias.

Agregó que el arrestado, de nacionalidad venezolana, fue presuntamente otro de los que inició el incendio.

El 27 de marzo, después de un operativo contra extranjeros indocumentados en esa ciudad vecina de El Paso, Texas, un pequeño grupo de migrantes prendieron fuego unas colchonetas aparentemente en protesta por las condiciones de detención.

Al tratarse de un material altamente inflamable y no haber ventilación, el humo invadió con rapidez el recinto y los hombres quedaron encerrados porque los guardias se fueron del lugar sin abrir el candado de la celda, según pudo apreciarse en las tomas de las cámaras de seguridad. La mayoría de las víctimas eran centroamericanos y venezolanos.

Los tribunales ya abrieron un proceso penal contra el jefe del Instituto Nacional de Migración (INM) Francisco Garduño y otro directivo de la agencia migratoria por ejercicio ilícito del servicio público y omisión de obligaciones que derivaron en la muerte de los migrantes.

Aunque la Fiscalía pidió que se los separara de sus cargos, los jueces rechazaron la solicitud y ambos permanecen en sus puestos de trabajo y llevan el proceso en libertad. Garduño tiene el respaldo del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además de los directivos, otros seis funcionarios de migración están acusados de homicidio y lesiones, entre ellos el militar retirado que estaba a cargo del INM en Chihuahua, donde se ubica Ciudad Juárez. Estos servidores públicos junto con un guardia de seguridad privado y otro migrante venezolano que presuntamente también inició el fuego están en prisión preventiva.

La Fiscalía investiga, además, irregularidades y posibles actos de corrupción vinculados con el contrato de la agencia migratoria con la empresa de seguridad privada que custodiaba el centro de detención así como faltas del INM que, según sus pesquisas, “indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado” durante años.