“Un dictador no puede tener una tumba de Estado en una democracia consolida””, argumenta el gobierno del socialista Pedro Sánchez.

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Madrid.

El gobierno español del socialista Pedro Sánchez aprobó ayer, mediante un decreto, la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, muerto el 20 de noviembre de 1975 y sepultado en el polémico Valle de los Caídos.

La medida responde a una reivindicación histórica de las víctimas y sus familiares de la dictadura fascista de Franco, que dejó cientos de miles de prisioneros políticos, exiliados y ejecutados desde el final de la Guerra Civil (1936-1939) hasta la caída del régimen, que llegó al morir Franco.

Sánchez aprobó un decreto para reformar la Ley de Memoria Histórica de 2007, lo que otorgaría al gobierno la facultad de retirar los restos del mausoleo. El cambio frustraría los intentos legales de los descendientes y partidarios de Franco, quienes quieren impedir que sea retirado.

El decreto ley aprobado por el gobierno español da 15 días a la familia del dictador para presentar alegaciones contra la exhumación y la disposición de Sánchez.

El líder del Partido Socialista Obrero Español utiliza la figura del decreto ley ante su debilidad parlamentaria –sólo tiene 84 de los 350 miembros del Congreso de los Diputados– y para cuestiones de carácter urgente.

La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, explicó que el decreto deberá ser aprobado por la cámara baja en septiembre y la inhumación de los restos posiblemente sea a finales de este año.

Es urgente, porque ya vamos tarde. Un dictador no puede tener una tumba de Estado en una democracia consolidada. Eso es incompatible y no podía ser por más tiempo así, dijo Calvo.

Franco, cuando gobernaba una España aislada de Europa y del resto de la comunidad internacional, mandó construir este monumento para rendir homenaje al régimen franquista y para exaltar a la figura del fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, quien también se encuentra sepultado en el Valle de los Caídos.