Ciudad de México. 

Los familiares de los normalistas de Ayotzinapa víctimas de desaparición forzada desde hace casi cuatro años ya tuvieron varios acercamientos con integrantes del equipo de transición del próximo gobierno federal, donde se ha alcanzado un compromiso que en principio los deja esperanzados: llegar al fondo en las indagatorias del caso.

Esta tarde, los padres y las madres de los 43 jóvenes desaparecidos marcharon una vez más, a 47 meses de los crímenes contra los estudiantes, suscitados entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. En ese marco, se informó que se han reunido varias ocasiones con Alejandro Encinas, virtual subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y su equipo de trabajo, quien se ha comprometido a esclarecer los hechos.

Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representante legal de los padres de los normalistas, detalló que en los encuentros Encinas reconoció sin embargo que podría haber “obstáculos institucionales” con los que podría toparse la próxima administración para llegar a la verdad y la justicia en este caso.

“Estos son el Ejército y la Policía Federal, que están involucrados en los hechos. Superarlos será la prueba de fuego del gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, enfatizó el abogado.

Los familiares de los normalistas marcharon hace unas horas del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez para reclamar que a 47 meses de los hechos, el gobierno de Enrique Peña Nieto “no ha dado respuestas ni ha presentado avances en ninguna línea de investigación. Son 47 meses de impunidad”.

A un mes de que se cumplan cuatro años de estos hechos -que dejaron seis personas asesinadas, entre ellos tres normalistas; varios lesionados y 43 estudiantes desaparecidos de manera forzada- sus familiares demandaron una vez más verdad y justicia.

Rosales indicó que el objetivo de las reuniones con Encinas es para que el equipo del próximo presidente de la República conozca los detalles del caso a fin de que al arrancar la administración, el próximo primero de diciembre, “no partan de cero”.

Dijo que la actitud e interés del ex legislador ha dado esperanzas a los familiares de los jóvenes desaparecidos en el sentido de que el próximo gobierno federal pueda conducir las indagatorias de manera distinta y más eficiente a como lo ha hecho el de Peña Nieto. “Pero la confianza se construye, no es un cheque en blanco”.

Ahondó que en la más reciente reunión con el equipo de quien será subsecretario de Derechos Humanos, las madres y los padres de los normalistas enfatizaron en la necesidad de saber el paradero de sus hijos y avanzar en las investigaciones, pero también consideraron medular el que las próximas autoridades sancionen a quienes “han manipulado y obstaculizado las actuales investigaciones. Ésta es una condición necesaria para llegar al total esclarecimiento”.

Una vez que Peña Nieto y su gobierno, dijeron los familiares, han hecho patente su desinterés o incapacidad para resolver estos crímenes, es necesario que dejen de obstaculizar lo poco que hay en las investigaciones y los avances que se han logrado en el Poder Judicial, para que “no estorbe y permita que el nuevo gobierno pueda indagar y llegar a fondo”.