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Maestros, en pie de lucha para fortalecer sus organizaciones y exigir mejoras para la educación pública y sus agremiados, en alianza con la comunidad, los padres y los estudiantes.

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Hoy es un día negro en la jurisprudencia de Estados Unidos. Los sindicalistas han recibido un descarado ataque político con el fallo de la Corte Suprema en su contra y en favor de los ricos y poderosos.

Esta es la opinión de dirigentes de las más importantes organizaciones magisteriales de California y Estados Unidos. Dijeron que no les sorprendió la decisión en el caso Janus v. la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Condales y Municipales considerando que cinco de sus nueve miembros son conservadores.

De esta manera, los miembros de sindicatos ya no tendrán que pagar las cuotas sindicales de manera obligatoria, como se venía haciendo desde 1977, de acuerdo a un fallo judicial. Ahora serán optativas.

Existe la percepción de que las organizaciones de trabajadores podrían perder hasta el 40% de su membrecía e ingresos.

El Sindicato de Maestros de Los Angeles (UTLA, siglas en inglés) manifestó que se trata de un ataque bien financiado y planeado por multimillonarios y corporaciones antisindicales y antisindicales para debilitar a los sindicatos y abrir la puerta a la privatización de la educación y otros servicios sociales críticos.

“Aunque estábamos preparados para la decisión de Janus, no deja de ser inquietante. Afecta a 5 millones de empleados en todo el país y, por extensión, al movimiento laboral más grande. Los trabajadores ahora enfrentarán peleas más duras por un salario justo, atención médica asequible y una oportunidad de llegar a la clase media. En este momento de desigualdad de ingresos sin precedentes, esta es la dirección equivocada para nuestro país”,aseguró el líder de los mentores angelinos, Alex Caputo-Pear.

Líderes magisteriales de California y Estados Unidos advirtieron que el caso nunca fue sobre méritos o ley. Se trataba – agregaron- de política y de manipular el sistema, la economía y la democracia en favor de los CEOs, adinerados y corporativos. “”Ha sido la utilización de armas de la Primera Enmienda, sin ninguna evidencia o razón para herir a la clase trabajadora”, aseguró la presidenta de la Federación Americana de Maestros, Randi Weingarten.

Ha sido un caso financiado por intereses corporativos para debilitar al sindicalismo nacional, aseguran dirigentes del magisterio nacionales y de California.

Organizaciones de maestros precisan que detrás de ese litigo está la  National Right to Work Foundation, que es parte de una red financiada por multimillonarios corporativos que usaron al máximo tribunal  para manipular las reglas contra la clase trabajadora.

MULTIMILLONARIOS, ENEMIGOS DECLARADOS DE SINDICALISTAS

Los multimillonarios consideran que los sindicatos fuertes son una amenaza para su poder y codicia, de acuerdo a la tesis de la Asociación Nacional de Maestros (NEA, siglas en inglés), que tiene más de tres millones de miembros.

El llamado que hicieron a los sindicalistas es a la unidad y a aprovechar la coyuntura para fortalecer sus organizaciones.

Eric C. Heins, presidente de la Asociación de Maestros de California,

“La decisión es el resultado de un esfuerzo bien financiado y organizado a nivel nacional para debilitar la capacidad de los hombres y mujeres que trabajan para unirse como sindicatos y para hablar con una sola voz. Para los educadores, este es un intento de debilitar nuestra capacidad de defendernos en nombre de nuestros estudiantes y en nombre de las escuelas públicas de calidad “, aseguró el presidente de la Asociación de Maestros de California, Eric C. Heins.

Indicó que la decisión de la Corte Suprema hará más difícil para los trabajadores públicos negociar colectivamente.

La lideresa de la más importante organización magisterial del país, con más de tres millones de miembros, Lily Eskelsen García, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores (NEA), declaró:

“El fallo viene en un caso que ha sido financiado por intereses corporativos que desean mejorar el sistema económico a su favor mientras roban maestros, profesionales de apoyo educativo (ESP), docentes de educación superior, funcionarios penitenciarios, saneamiento y otros trabajadores de la libertad de unirse juntos para ganarse la vida dignamente, mantener a sus familias y abogar por las necesidades de los estudiantes”.

Lily Eskelsen García, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores.

Los maestros – agregó- son los primeros defensores de la educación pública, los que alzan la voz en contra de la privatización y de los recortes de fondos para las artes, educación física, libros de texto actualizados, recreos y clases que permitan la instrucción personalizada.

Aseguró que la negociación colectiva ha sido una herramienta fundamental para revertir estos recortes y exigir los recursos que nuestros estudiantes merecen.

Indicó que la decisión de Janus afectará a millones de trabajadores en casi la mitad de los estados que requieren pagos de personas que no son miembros para cubrir el costo de la negociación colectiva.

La presidenta de la Federación Americana de Maestros (AFT, siglas en inglés), Randi Weingarten, fue categórica:

“Este es un día oscuro en la jurisprudencia de EE. UU. Un día en que la sed de poder pisoteó las necesidades de las comunidades y las personas que las atienden”.

Dijo que este caso “no fue más que un descarado ataque político contra los trabajadores estadounidenses en favor de los ricos y poderosos”.

REAFILIACION DE MAESTROS ANGELINOS

Caputo-Pearl afirmó que no es la decisión que querían los maestros y los trabajadores, pero “es para la que nos hemos estado preparando. Desde enero, los educadores en Los Ángeles han estado participando en una unidad de membresía enérgica, colega que se conecta con un colega, para firmar nuevas tarjetas de membresía de UTLA”.

“Nuestros miembros se están volviendo a comprometer con UTLA en grandes cantidades porque sabemos que necesitamos una voz colectiva para proteger las escuelas que están abiertas a todos los estudiantes”, enfatizó el  presidente de UTLA.

Agregó:

“Nuestra unión es nuestra mejor opción para organizarnos con padres, estudiantes y la comunidad para luchar por más fondos y para enfrentar el liderazgo pro-privatización del LAUSD impulsado ideológicamente, que prioriza el crecimiento no regulado de las escuelas charter sobre la sostenibilidad de escuelas públicas del vecindario “.

Hizo notar que cerca de  600 millones de dólares son desviados cada año de las escuelas de Los Ángeles para operar planteles chárter privados, “lo que agrava el nivel vergonzosamente bajo de fondos estatales que reciben las escuelas”.

Dijo que California, la quinta economía más grande del mundo, ocupa el puesto 43 en el país en cuanto a fondos por alumno, “lo que significa que nuestros estudiantes carecen de los recursos, el tamaño reducido de las clases y los apoyos que los niños de muchos otros estados dan por hecho”.

CANCELADA, DECISION JUDICIAL DE 1977

En 1977, la decisión unánime del tribunal en Abood v. Detroit Board of Education dijo que las localidades y los estados podían autorizar a los sindicatos de empleados públicos a cobrar a los no miembros el costo de la negociación colectiva (tarifas justas) pero no para las actividades políticas del sindicato.

Al derrocar a Abood, el tribunal eliminó las tarifas de participación justa de los no miembros, aunque los sindicatos aún están obligados por ley a representarlos.

NEA señaló que como resultado de la decisión, algunos trabajadores ahora tendrán que compensar los costos que otros infligen al sindicato pero que se niegan a pagar.

Indicó que permitir que algunos empleados opten por no pagar su parte justa por la representación sindical hará que sea más difícil para todos los empleados públicos abogar por los servicios de calidad de los que todos dependen.

Mark Janus.

El caso surgió cuando Mark Janus, un empleado del Departamento de Servicios de Salud y Familia de Illinois, se opuso al  pago obligatorio de 44 dólares de las cuotas de su sindicato.

El propósito de la demanda es que se convierta en una opción pertenecer a un sindicato y no una obligación, como ocurre en California desde hace 40 años.

Janus argumentó que sus libertades de la Primera Enmienda eran violadas porque pagaba una tarifa al sindicato a pesar de que no es miembro y estaba en desacuerdo con esa política.

Janus quiere un “viaje gratis”, aseguró Weingarten. “Quiere todos los beneficios de un contrato negociado por el sindicato y una representación justa sin pagar por ellos”, dijo.

Su caso fue el séptimo y más reciente desafío a la decisión unánime de la Corte Suprema de 1977 (Abood v. Detroit Board of Education (link is external)). En cada uno de los seis anteriores, el tribunal reconoció que aunque las personas pueden decidir si se unen a un sindicato, el sindicato debe representar a todos, incluso a los que no son miembros, por lo que puede pedir a los que no son miembros que paguen lo que les corresponde.

LA DECISION NO CAMBIA LA HISTORIA DE SINDICATOS DE MAESTROS

“La decisión de hoy no cambia nuestra historia y no predice nuestro futuro. Esperamos nuestro futuro con optimismo y continuaremos nuestro importante trabajo para garantizar que todos los estudiantes de California reciban la educación pública de calidad que necesitan y merecen “, manifestó el líder de maestros de California.

La presidenta de los educadores de Minnesota, Denise Specht , aseguró que “independientemente de la decisión del Tribunal Supremo de hoy, debemos permanecer unidos y dejar en claro que ninguna decisión judicial puede detener a los sindicatos”.

“Ni esta decisión ni los grupos de derecha que la convertirán en armas silenciarán las voces de los educadores profesionales “, advirtió.

Eskelsen García manifestó que “un sindicato fuerte y acuerdos de negociación colectiva son los que ayudan a asegurar que los estudiantes reciban las herramientas y los recursos que necesitan para tener éxito en la escuela y en la vida. Lo hemos visto en los recursos disponibles para nuestros estudiantes, y lo hemos sentido en nuestros sueldos “.

Ante esta situación, los sindicatos de maestros llevan a cabo un programa de renovación de afiliados. Tienen conversaciones individuales con cada uno de los miembros, incluyendo en sus hogares.

EL PROPOSITO: DESTRUIR A SINDICATOS

Según Atlantic Black Star, el caso Janus es el último esfuerzo de States Policy Network (SPN) y del Consejo Legislativo y de Cambios Estadounidenses (ALEC) para destruir los sindicatos, sobre todo del sector público, que es mayor empleador del país. En el 2016, 7.1 millones de trabajadores fueron miembros de sindicatos.

De acuerdo al Partido Laborista, los sindicatos han ido perdiendo terreno. A mediados de la década de 1950, el 35 por ciento de todos los trabajadores del país estaban afiliados a una organización gremial y actualmente sólo el 11.9 por ciento.

De ellos, el 6,9 por ciento son trabajadores del sector privado, mientras que el 36,2 por ciento labora en el sector público.

Indica que un factor principal en el declive de la sindicalización fue la Ley Taft Hartley de 1947, que  prohibió las actividades militantes de los sindicatos e hizo ilegal que los comunistas ocupen cargos sindicales.

El doctor Steven C Pitts, catedrático de la Universidad de C Berkeley, indicó que los miembros de un sindicato ganan un 16,4 por ciento más de salarios que los no afiliados y tienen más probabilidades de tener un seguro de salud proporcionado por el empleador (17 por ciento) y un plan de jubilación patrocinado por el empleador (18 por ciento