Thurmond pide a Trump no abolir el Departamento de Educación porque afectaría a estudiantes de bajos recursos
November 8, 2024 - por CalPress.
El Titular de Educación de California, al centro, con dirigentes del sector escolar, durante una conferencia de prensa este viernes.
Sacramento
El superintendente de Instrucción Pública de California, Tony Thurmond, exigió al presidente electo, Donald Trump, se comprometa a preservar el Departamento de Educación del país ya que en su campaña electoral amenazó con abolirlo.
El funcionario hizo un llamado a Trump y al Congreso para que reafirmen su compromiso con la educación pública, especialmente para proteger los servicios existentes para estudiantes de bajos ingresos y estudiantes con necesidades especiales.
Como jefe del sistema de escuelas públicas más grande del país, el superintendente Thurmond está liderando la defensa de los programas y oficinas de educación vitales que apoyan a los estudiantes y las familias de Estados Unidos, incluidos el Título I, el Título IX y la Oficina de Derechos Civiles.
Thurmond dijo que deshacerse del Departamento de Educación federal podría resultar en una pérdida de casi 8 mil millones de dólares en fondos federales para las escuelas de California, que apoyan a los estudiantes de bajos ingresos, educación especial y otorgan ayuda financiera para las universidades.
Tony Thurmond, titular de Educación de California.
“Estoy preparado para patrocinar una legislación que pediría a la Legislatura del Estado de California y al Gobernador que cubran esos fondos para preservar y proteger los recursos para los estudiantes de California”, dijo Thurmond
Aseguró que los legisladores deberían reemplazar parte de los 79.000 millones de dólares que podrían perderse bajo el plan de Trump si se suprime el DOE.
El superintendente no dijo de dónde podría salir ese dinero. “Este es un asunto de continuar asegurando que los estudiantes tengan acceso a los recursos a los que tienen derecho bajo la ley”, dijo Thurmond durante una conferencia de prensa el viernes.
Thurmond dijo que el estado no pondría fin a ningún programa de educación especial, incluso si los fondos federales para ellos se agotan debido a las acciones de Trump.
Explicó que la acción legislativa para proteger el financiamiento en educación era un plan de contingencia.
Desde el gobierno de Ronald Reagan, los republicanos han querido desaparecer al Departamento de Educación.
El gobernador Gavin Newsom dijo que serán “protegidos los valores de California” de una segunda administración Trump.
Thurmond, quien se postula para gobernador en 2026, se unió a los legisladores y educadores de California para reafirmar el compromiso de ese estado de brindar servicios educativos a todos los estudiantes. Los estudiantes con discapacidades y los niños de familias inmigrantes son particularmente vulnerables a las posibles acciones de Trump, dijeron los oradores.
El departamento de educación federal es responsable de implementar la Ley Cada Estudiante Triunfa y la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, legislación diseñada para apoyar a las escuelas de bajo rendimiento y a los estudiantes con discapacidades, respectivamente.
“Esta no es solo una batalla política, es una batalla moral”, dijo el viernes el fideicomisario del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento, Chinua Rhodes. “Estas protecciones no son lujos, son promesas escritas en el tejido de nuestra nación”.
Amenazas de Trump, dirigidas en especial a los más vulnerables
El asambleísta Al Muratsuchi, demócrata de Torrance, dijo que las amenazas de Trump estaban dirigidas a los estudiantes más vulnerables. Afirmó el compromiso del estado de hacer de las escuelas un lugar seguro para todos los estudiantes.
Señaló que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1982 determinó que los estados no pueden negar a los estudiantes el acceso a la educación pública, independientemente de su estatus migratorio.
Junto con las amenazas de desmantelar el departamento federal de educación, el proyecto conservador Proyecto 2025, redactado por exasesores y partidarios de Trump, proponía privatizar los préstamos estudiantiles y aprobar una legislación federal sobre los derechos de los padres.
Trump se distanció de la propuesta, diciendo que no la había leído, durante la campaña. Después de que Trump derrotó a la vicepresidenta Kamala Harris el martes, algunos de sus aliados dijeron que el Proyecto 2025 sería su agenda.
Cuando se le preguntó cómo respondería California a una ley federal que requiere que los maestros informen a los padres sobre la orientación sexual o la identidad de género de un niño, Thurmond dijo que California respeta los derechos de los padres, pero que los educadores no deberían verse obligados a “revelar” a los estudiantes LGBTQ+ que corren un mayor riesgo de resultados negativos para la salud mental.
Señaló la reciente legislación de California que protege a los educadores de tener que informar sobre la orientación sexual o la expresión de género de los estudiantes. “Dada la magnitud y el impacto de lo que se ha propuesto, no podemos quedarnos de brazos cruzados”, dijo Thurmond.
El fiscal general, Rob Bonta, usó un lenguaje similar estableciéndose a sí mismo y al Departamento de Justicia de California como defensores contra Trump.
Bonta, un político demócrata de alto perfil, ha considerado postularse para gobernador. La carrera por la gobernación ya incluye a un elenco de demócratas, entre ellos la senadora Toni Atkins, la vicegobernadora Eleni Kounalakis, el ex alcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa y la ex contralora estatal Betty Yee. La representante Katie Porter, demócrata de Irvine, también se burló recientemente de una posible postulación.
La Oficina del Departamento de Educación de California dijo que esto se produce después de los llamados para deshacerse del Departamento de Educación. “El Departamento de Educación que tiene una tradición histórica de traer subvenciones y fondos, debe mantenerse”, dijo Thurmond.
El titular de educación de California pidió a Trump y al Congreso que preserven el apoyo federal al sistema de educación pública y el financiamiento de programas vitales.