El homicidio de Samir Flores, activista opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), ha despertado en los defensores del territorio el temor de que persista la misma situación violenta a la que se enfrentaron durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los comentarios hechos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador preocupan a los opositores de los grandes proyectos de infraestructura y hoy, afirman, temen por su vida. En casi tres meses de la nueva administración federal han sido asesinados al menos seis defensores de derechos humanos en México.

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A casi tres meses del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los activistas y defensores de derechos humanos están inconformes con la respuesta que la nueva administración federal ha dado a los actos de violenciacometidos en su contra. En lo que va de 2019 han sido asesinados al menos seis activistas. El más reciente es Samir Flores, opositor a la termoeléctrica en Morelos, asesinado afuera de su casa el pasado 20 de febrero en el municipio morelense de Temoac.

En opinión de Juan Carlos Flores Solís, integrante y abogado de la Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en Morelos (FPDTA), los asesinatos continuarán si persistan los discursos de criminalización lanzados en contra de la oposición y si el nuevo Gobierno de la República continúa sin escuchar las advertencias de peligro.

“De López Obrador hemos recibido difamación, desprestigio y criminalización, el llamarnos radicales y ultraconservadores que tienen sus propios intereses son métodos de criminalización. Antes de la muerte de Samir, nosotros advertimos al gobierno en una carta abierta a López Obrador que él estaba generando un mayor encono en el tema y que teníamos que dialogar sobre el asunto, porque la situación se estaba volviendo más violenta; incluso le mencionamos que los grupos de choque de Huesca se habían sentido avalentonando. Le mencionamos que esas declaraciones y esas acciones irresponsables podían generar mayor violencia para los pueblos de Morelos. López Obrador nuevamente no nos hizo caso y el resultado es el asesinato de nuestro compañero de Samir”, afirmó Flores Solís.

El asesinato de Samir ocurrió pocos días después de que el Presidente de México anunciará la realización de una consulta ciudadana que definirá el futuro del Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye la termoeléctrica –a la que los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en Morelos (FPDTA) se han opuesto desde hace seis años– y el gasoducto que alimenta la planta y atraviesa los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala.

López Obrador calificó el acto como “un crimen vil, cobarde”, sin embargo afirmó que la consulta continuará porque “la gente ya tiene todos los elementos y no podríamos detenerla porque no sabemos con qué intención se cometió el horrendo crimen, a lo mejor entre las posibilidades era afectar la realización de la consulta.”

Las declaraciones del titular del Jefe del Ejecutivo federal han sido tomadas por los grupo opositores como una “actitud irresponsable” que podría seguir atrayendo la violencia.

“Nosotros observamos un grave retroceso democrático. Él [el Primer Mandatario] combate a las organizaciones sociales, las confronta, las acusa de ser conservadoras. En el caso específico de Morelos, el 10 de febrero arengó a la violencia contra los opositores al Proyecto Integral Morelos y generó las condiciones para la agresión de los compañeros, no solamente de la organización hermana del Frente de Pueblos, sino de otras organizaciones y otros colectivos que se han opuesto a este y a otros proyectos en el país. Esta es una actitud demasiado irresponsable del Presidente de la República y en este caso debe asumir su responsabilidad ante los acontecimientos porque el arengó a la población y le dio bases para que los compañeros fueron agredidos”, sentenció Jesús Gutiérrez Valencia, vocero Nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional.

El día 10 de febrero durante su visita al estado de Morelos, López Obrador se refirió a los opositores –la mayoría pueblos nahuas de la región– como “radicales de izquierda” y “conservadores”. Asimismo, aseveró que “aunque hubiera gritos y sombrerazos” se realizaría la votación los días 23 y 24 de febrero.

En opinión del Jefe del Ejecutivo federal, dejar fuera de funcionamiento la termoeléctrica derrochará la inversión aproximada de 25 mil millones de pesos e impedirá el goce de los beneficios de tener tarifas bajas de electricidad; el revestimiento de canales secundarios y terciarios; la ampliación de recolectores residuales y la rehabilitación de plantas de tratamiento en Morelos, entre otros.

 EXIGEN JUSTICIA PARA SAMIR

En la madrugada del miércoles fue asesinado Samir Flores, quién era líder del grupo de oposición a la termoeléctrica en Morelos, campesino, conductor de una radio comunitaria y defensor de derechos humanos. El activista fue alcanzado por dos balazos mientras salía de su casa ubicada en el pueblo de Amilcingo, Morelos.

El suceso generó gran indignación entre los integrantes del movimiento que presidía y entre otros grupos sociales que identifican la muerte de Samir como un móvil que continuamente se presenta entre los defensores del territorio.

Al cierre sexenio de Enrique Peña Nieto, el informe Desde la memoria…la esperanza, elaborado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (RedTDT) contabilizó un total de 161 asesinatos de defensores de derechos humanos, la mayoría de ellos activistas indígenas. El 40 por ciento (63) de los asesinados eran defensores comunitarios y 36 de ellos eran indígenas; 38 formaban parte de alguna organización social; 32 eran promotores sociales y ocho se desempeñaban en tareas de comunicación.

El asesinato de Samir es el sexto de este nuevo gobierno, por lo que, los activistas temen que durante esta gestión el móvil de ataque sea el mismo que el del sexenio pasado.

“La gente de la comunidad está muy enojada con López Obrador, muchos campesinos de Morelos, Puebla y Tlaxcala estamos muy enojados con López Obrador por este tema. Los pueblos están señalados que fue un crimen de Estado por omisión (…) Nos sentimos peor que antes porque hay una enorme presión mediática, porque algunas personas que antes apoyaban esta lucha no quieren ver las contradicciones que está provocando el nuevo gobierno y por otra parte el Gobierno de la República está actuando de la misma manera al no escucharnos al desprestigiarnos, al hacer uso de estas consultas amañadas para conseguir fines económicos o para favorecer intereses económico. Ahora viene el asesinato de nuestro compañero, el primero durante toda esta lucha”, declaró Juan Carlos Flores.

A sólo unas horas de que la consulta arranque, los miembros del FPDTA exigen justicia para Samir y la cancelación de la consulta, ya que temen que se repitan los acontecimientos.

“Nosotros lo que exigimos es justicia, que se castigue a los responsables materiales e intelectuales de este hecho. Que se cancele la consulta y que se cancele el proyecto integral Morelos, pues esta era lucha que sostenía nuestro compañero desde hace seis años. No se puede dar esta consulta en un ambiente de encono, en un ambiente de violencia, de terror, porque es una ejecución y una ejecución genera terror porque se perpetuó hacia un líder social que era icono de esta lucha. No se puede hablar de una consulta en estas condiciones”, sentenció.

ASESINATOS EN OAXACA

Durante décadas, Óscar Carzola luchó a favor de lo derechos de la comunidad muxe del Istmo de Tehuantepec. El activista logró visibilizar las necesidades de la comunidad LGBTI de Oaxaca. Fue uno de los fundadores del la fiesta más conocido del estado en favor de la diversidad: “Las Auténticas Intrépidas y Buscadoras del Peligro”, que se celebra en la región desde hace 40 años.

El 9 de febrero pasado un acto de violencia acabaría con su vida en Juchitán, Oaxaca. Su cuerpo fue encontrado al interior de su casa en Juchitán de Zamora, Oaxaca con algunas huellas de violencia. Hasta el momento la razón del suceso es desconocida. Su asesinato fue condenado por su comunidad y por la Oficina del Alta Comisionado de la Organización de las Naciones unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Al respecto Jan Jarab, representante del organismo mencionó: “Condenamos este terrible crimen que afecta a toda la comunidad muxe y a todas las defensoras y los defensores de derechos humanos en Oaxaca. En los últimos años han ocurrido crímenes de odio y asesinatos de personas defensoras de los derechos de la comunidad LGBTI en diferentes partes del país sin que hayan sido adecuadamente investigados. Hay que superar este patrón de impunidad y, para ello, el asesinato de Óscar debe ser esclarecido, por medio de una investigación diligente que contemple todas las posibles hipótesis, incluida la posibilidad de un crimen de odio o una represalia por sus actividades de defensa de derechos humanos, destacó.

Un informe presentado en 2018 por las organizaciones Vida Cotidiana AC y Letra S Sida reportó que de 2013 a 2018 fueron asesinadas 381 personas presumiblemente con una orientación no heterosexual. Los más afectados por este tipo de violencia fueron los trasvestis, transgénero y transexuales representando el 55 por ciento de los casos (209).

El 22 de enero el Centro de Derecho Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C (Cedahapi) denunció el asesinato del comunero Bernandino García Hernández, representante de Zimatlán de Lázaro Cárdenas y mediador del conflicto entre comunidades mixtecas de San Sebastián Nopalera.

El activista fue atacado por un grupo armado la tarde del lunes 21 enero dentro se su propiedad ubicada en el paraje el Camalote, en el municipio de Zimatlán. García interactuaba en mesas de trabajo con la agencia de San Sebastián con miras a resolver un conflicto de tierras que se había producido una década atrás y por el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había emitido medidas cautelares para que se procurara la garantía de integridad de los habitantes de la zona.

SINAR, JOSÉ SANTIAGO Y NOÉ, EN CHIAPAS

Chiapas se ha convertido en uno de los estados más violentos para las poblaciones indígenas y activistas del territorio. En el 2018 fueron contabilizados oficialmente 13 homicidios de defensores. En este año se han registrado ya tres casos: el de Sinar Corzo Esquinca, en el municipio de Arriaga, y los de José Santiago Gómez y Noé Jiménez Pablo, líderes comunitarios de Amatán, Chiapas.

El viernes 3 de enero, el defensor de la agua y de la tierra Sinar Corzo fue asesinado en Arriaga, Chiapas. Un hombre a bordo de una motocicleta lo embistió con varios disparos mientras caminaba el parque central de municipio. Es misma mañana había sostenido una reunión con David Parada Vázquez, Presidente Municipal, a quien solicitó la construcción de caminos en la comunidad La Línea.

El integrante del Comité de Derechos Humanos “El Coloso de Piedra” había sido encarcelado e intimidado en diferentes ocasiones por las autoridades locales. En 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al ahora ex Gobernador Manuel Velasco Coello y otros integrantes de Ayuntamiento de Arriaga, ya que Corzo había sido detenido por exigir agua potable a las comunidades.

Luego del evento, Rutilio Escandón Cadenas, actual Gobernador del estado, lamentó el acto a través de un tuit. La Fiscalía General del estado indicó que se habían comenzado las investigaciones. Por su parte, la CNDH y el Alto Comisionado de la ONU condenaron el ataque y exigieron justicia para el defensor.

A los 17 días de ese asesinato, Luis Arvey Cruz, defensor civil del Coloso de Piedra, dijo que el el acto cometido en contra de su compañero respondía a una lógica del estado de Chiapas que atacaba a los opositores.

“El tema es garantizar la protección de los defensores civiles en el estado y también de los comunicadores: está el tema de Mario Gómez, está el tema de Sinar Corzo, el del compañero de Amatán que el día de ayer enterraron. Tal parece que es una política de Estado o una especie de estrategia que busca desaparecer a los defensores civiles a los activistas y a los líderes sociales”, dijo.

El 17 de enero se registraron los homicidios José Santiago Gómez y Noé Jiménez Pablo, ambos eran integrantes del Movimiento Campesino Revolucionario Plan de Ayala (MOCRI-CNPA), un grupo que ha denunciado la colaboración del gobierno local con el crimen organizado.

Desde noviembre de 2017, junto a cientos de personas, los comuneros habían impuesto un plantón frente a la presidencia municipal para denunciar el cacicazgo de los hermanos Carpio Mayorga, gobernadores del municipio desde el 2000. El día de su muerte los manifestantes fueron atacados con armas de fuego por paramilitares, produciendo sus decesos y la desaparición de por lo menos 50 personas.

Jesús Gutiérrez Valencia, vocero Nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional, explica que el asesinato producto de un conflicto político fue denunciado en ocasiones previas; sin embargo fue ignorado por las autoridades Chiapas que apadrinaban a los Mayorga:

“El conflicto primordial tiene que ver con la ruptura del conflicto social derivado de la imposición de una familia caciquil los Carpio Mayorga que han gobernado desde hace más de 15 años y han creado lealtades a través de la corrupción y de dadivas hacia su gente (…) esta familia ha gobernado a través del Partido Verde Ecologista de México, del PAN, del PRI y en esta ocasión se impusieron por la vía del fraude con Morena. El conflicto lo han reducido a razones poselectorales lo que a todos luces es falso y el resultado fue querer impone una vez más a esta familia caciquil apadrinada por Eduardo Ramírez Aguilar y el ex Gobernador Manuel Velasco Coello”, aseveró.

Tras días de lucha y protestas por estos actos de violencia, el 1 de febrero pasado el Alcalde Amatán, Manuel de Jesús Carpio Mayorga, renunció a su puesto junto a todos los integrantes del Ayuntamiento –el síndico y todos los regidores uninominales y plurinominales–, alegando que buscarían abonarían a la paz del municipio. Los asesinatos de Santiago y Jiménez continúan impunes.