Los fines de año suelen ser de mal augurio para los planes de una reforma migratoria. En el curso de la última década, los esfuerzos por sacar adelante un proceso de regularización han caído en saco roto. Y casi siempre por la cobardía de demócratas, como por el racismo exacerbado de los republicanos.

Desde la amnistía migratoria de Ronald Reagan en 1986, el Congreso de Estados Unidos ha sido incapaz de alcanzar un acuerdo viable. Bien por las reservas de demócratas conservadores o por el racismo desembozado de republicanos.

Uno de los últimos esfuerzos se produjo en 2013. En aquel entonces, el Senado aprobó un amplio proyecto de ley de inmigración en 2013, que incluía un camino de 13 años hacia la ciudadanía para los inmigrantes que vivieran ilegalmente en el país, seguridad fronteriza adicional y un mandato que obligaba a los empleadores a utilizar un sistema de verificación en el lugar de trabajo.

Sin embargo, la Cámara de Representantes, con el voto en contra de algunos demócratas, echó por tierra la propuesta.

Hace apenas tres semanas, la principal asesora del senado, la burócrata Elizabeth MacDonough, torpedeó la llamada “opción C”. Es decir, el paquete de reforma migratoria que se incluyó en el paquete de reconciliación del presupuesto de gasto social conocido como Build Back Better.

En opinión de MacDonough,  incluir en el ‘paquete de reconciliación’ una vía para legalizar a por lo menos 7 millones de indocumentados aumentaría el déficit en unos 140,000 millones durante 10 años, como resultado de la red de seguridad y programas de beneficios a los que tendrían acceso los inmigrantes regularizados.

Lo que no ha dicho esta asesora del Senado, conocida por sus posiciones anti inmigrantes, es que opinión de una larga lista de expertos la legalización tiene amplios beneficios en términos económicos y demográficos.

“Abrir una vía de acceso a la ciudadanía a casi 11 millones de personas, de las cuales entre siete y ocho millones son parte de la fuerza de trabajo, equivale a “un estímulo económico”, consideró Giovanni Peri, profesor de economía de la Universidad de California, campus Davis, al diario The New York Times.

“Entre 2005 y 2015, los nuevos inmigrantes representaron casi la mitad del crecimiento de la población en edad de trabajar, y en las próximas dos décadas, los inmigrantes serán clave para compensar el envejecimiento de la población que se está jubilando”, añadió.

Efectivamente, los demógrafos en EU coinciden en señalar que en las próximas dos décadas los inmigrantes serán clave para compensar el envejecimiento de la población que se está jubilando.

Además, añaden que el mayor nivel educativo de los estadounidenses, unido a la escasez de trabajadores manuales, pone de manifiesto la necesidad de que los inmigrantes, en número cada vez mayor, realicen trabajos poco cualificados.

Alrededor de cinco millones de ellos trabajan en empleos designados como “esenciales” por el gobierno.

A pesar de estas evidencias, fuentes del partido demócrata han reconocido que el paquete se encuentra en el limbo y que no podría haber más claridad sino hasta después del próximo 17 de enero, el día de Martin Luther King.

Y es que, aunadas a las muchas reservas de los republicanos, se suman la de algunos demócratas conservadores como el senador Joe Manchin, quien se ha convertido en uno de los principales obstáculos al proyecto de gastos sociales de Joe Biden, incluida la opción de alivio migratorio que beneficiaría a casi 7 millones de inmigrantes indocumentados.

Durante la campaña, Biden prometió que en sus primeros 100 días en la Casa Blanca enviaría al Congreso un proyecto de ley que incluiría un camino a la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados que viven en el país, algunos desde hace más de dos décadas.

El 18 de marzo, sin embargo, la Cámara de Representantes redujo las expectativas y aprobó, con apoyo bipartidista, dos proyectos de ley que otorgaron una residencia temporal por 10 años a unos 7 millones de indocumentados (dreamers, titulares de TPS y trabajadores del campo).

Una vez cumplidos los 10 años y previa verificación de antecedentes criminales, los beneficiarios calificarían para la residencia legal permanente (LPR o Green card) y tres años después serían elegibles para solicitar la ciudadanía por naturalización.

En el Senado los planes se desvanecieron el miso día tras el rechazo de la bancada republicana. La oposición abrió la puerta para usar el paquete de reconciliación, pero la herramienta necesita dos pasos clave para seguir avanzando: el visto bueno de la parlamentarian (asesora principal del Senado, MacDonough) y el voto de los 50 senadores demócratas.

El no cumplimiento de ambos requisitos ha puesto tiene al plan en un limbo que inquieta a la comunidad inmigrante.