En el 2021 el sector magisterial angelina estuvo a la altura de las exigencias derivadas de la pandemia.  Colaboró para que el modelo distrito escolar estuviera a la vanguardia nacional en este tiempo e, incluso, fue replicado en varias partes de Estados Unidos. “Hemos sido líderes, protegido a los niños, a los trabajadores”, expresó Juan Ramírez, vicepresidente del Sindicato de Maestros.

“Hemos trabajado junto al distrito y de ahí viene la idea de seguirlo haciendo con el nuevo Superintendente, “, expresó al hacer un balance de las a actividades de la organización de docentes, la más importante de California con casi 33 mil agremiados.

Aseguró, igualmente, que con LAUSD, siglas en inglés del Distrito Escolar Unificado de Los Angeles, tienen buena relación a pesar de que la mayor parte de los integrantes de la Junta Educativa no son proclives a la educación pública. “Hemos demostrado que podemos trabajar, con buenos argumentos y con causas justas para salir adelante”, indicó el dirigente, originario de Jalisco, México.

Destacó el papel que han tenido dos integrantes de ese cuerpo directivo en defensa de la educación pública: Jackie Goldberg y Scott Schmerelson, quienes “han hecho buen papel por su experiencia y autoridad”.

A su juicio, la reapertura de las escuelas en abril ha sido lo mejor del año y destacó que UTLA, siglas del Sindicato de Maestros de Los Angeles, tuvo un papel muy importante en ese sentido, porque siempre pusieron como prioridad la salud de los estudiantes, de los profesores y empleados del distrito escolar.

Citó:

“Habíamos pedido que para reabrir los planteles tuvieran un protocolo de seguridad, mascarillas, ventilación en los salones en óptimas condiciones. Queríamos vacunas anti COVID-29 para todos y que disminuyera el número de infectados”.

Dijo que la variante Delta los tomó por sorpresa, porque volvió a generar desconfianza de que tan seguro era reabrir, porque en ese tiempo los estudiantes no estaban vacunados. Debido a ello, UTLA siguió en su plan de pedir que al menos los adultos aceptaran ser inmunizados y por ello aceptaron el mandato de LAUSD para que se inocularan todos como requisito para preservar el empleo.

Y, finalmente, unos 200 empleados y maestros no se vacunaron. Unos porque no quisieron, otros aduciendo creencias religiosas o salud física.

Juan Ramírez, vicepresidente del Sindicato de Maestros de Los Angeles.

A pocas horas de que termine el año, Ramírez refrendan que los protocolos se mantengan, sobre todo ahora que hay un repunte del virus. Por eso, llama a padres, alumnos, a la comunidad a tomar en serio este mal, a tener máximo cuidado, sobre todo porque no hay un cien por ciento de vacunados en Los Angeles, lo que contribuye a la aparición de nuevas variantes, como también lo han reiterado las autoridades.

Pide mantener el hábito de lavarse las manos con frecuencia, usar mascarilla, no acudir a sitios donde hay muchas personas y siempre mantener esas protecciones.

La peligrosidad de Students Centered Funding

Otro hecho que califica de destacado en este año es que el distrito escolar haya suspendido – al menos por ahora- el proyecto de Financiamiento Centrado en los Estudiantes ( Students Centered Funding) que, incluso, podría obligar al cierre de numerosas escuelas, sobre todo las ubicadas en vecindarios con personas de escasos recursos.

Ramírez asegura que ese modelo “que plantea que el dinero tiene que seguir al estudiantes, se oye muy bien ya que  supone que el niño con más necesidad va a tener más recursos”.

Cuando ya todo estaba preparado para que los integrantes de la Junta Eduativa dieran el visto bueno al  proyecto, la Superintendente interina, Megan K. Reilly, aplazó la aprobación de la decisión con el argumentó que no había sido consultado debidamente con los sectores relacionados con padres, maestros, alumnos y la comunidad.

Sin embargo, una fuente confiable, aseguró que la razón es que no tiene los votos suficientes de los miembros de la Junta Educativa para lograr su aprobación.

La Superintendente, no obstante, aseguró que la propuesta va a someterla próximamente a consideración de los siete integrantes de ese cuerpo directivo.

Reilly pretende que el gobierno federal le autorice la aplicación del Título 1 a su libre albedrío, sin apegarse a su espíritu.

Ramírez llegó a hablar en la reunión semanal de la Junta de Educación, donde supuestamente se tomaría la decisión, e hizo hacer notar que el distrito escolar no ha consultado debidamente a los integrantes del sector educativo y, por tanto, no puede tomarse una decisión al respecto.

El Título 1 permite enfatizar el apoyo económico a los estudiantes de mayor necesidad, pero lo que en apariencia parece muy bueno, en la práctica es negativo ya que al aportarles más recursos, las escuelas van a disputarse a esos menores y con ello habrá planteles sin alumnos y sin fondos, como ha ocurrido en Chicago, de acuerdo al razonamiento de Ramírez.

“Nosotros alegamos que no va a funcionar como dicen. Quieren seleccionar a los niños que necesitan más fondos. Se  oye más bonito, pero sacarán dinero de otras escuelas. Habrá rebatinga de escuelas para escoger a niños pobres. Las escuelas se quedarán sin niños ni fondos”, dijo Ramírez.

Ramírez explicó que el modelo Students Centered Funding constituye un sistema de vales para que los alumnos estudien donde sus padres consideren más conveniente.

Esto provocaría una competencia entre escuelas por acaparar a esos alumnos, lo que -dijo-  es un peligro ya que habrá escuelas con pocos estudiantes y, por consiguiente menos fondos.

“Es injusto que las escuelas pierdan esos fondos que también les harán falta para el resto de alumnos”, indicó.

Podrían, dijo, incluso, ser cerradas algunos planteles por falta de alumnos.

Este “esquema de vales” fue utilizado por la Secretaria de Educación de la administración Trump ,  Betsy DeVos. Ramírez expresó que “tendría impactos desastrosos en las  escuelas, especialmente aquellas ubicadas en nuestras comunidades más vulnerables”.

Recordó que el 85 por ciento de los estudiantes del distrito escolar angelino pertenecen a familias de escasos recursos.

Ramírez manifestó que esto no significa que habrá más dinero sino que será repartido de manera diferente.

El Titulo 1 permite apoyos adicionales a los niños aprendices de inglés, a los que no tienen hogar. El problema, señala el dirigente, es cuando la Superintendente trata de no seguir los dictados de ese ordenamiento y lo trata de aplicar a su manera.

Por eso quiere pedir permiso al gobierno federal para no seguir las reglas del Título 1, a lo cual buena parte de la comunidad se opone ya que – a decir de otra vicepresidenta de UTLA, Gloria Martínez, es el programa de equidad de educación más antiguo en el país.

El Título 1 es una pieza crítica de la legislación de derechos civiles y “lo necesitamos ahora más que nunca”, llegó a decir  James Thomas, presidente del capítulo del Valle de San Fernando de la Asociación Nacional para el Adelanto de las Personas de Color (NAACP, siglas en inglés) y profesor de estudios panafricanos en Cal State LA e integrante del movimiento Black Lives Matter.

“Siempre hay perdedores en este sistema. Lo que hemos propuesto son las escuelas comunitarias. Es una prioridad. Hasta ahora tenemos garantizadas Ya 30 se encuentran funcionando”, expuso el entrevistado.

UTLA se puso en contacto con funcionarios locales, estatales y con el secretario de Educación de la administración, Miguel Cardona, para explicarles la necesidad de que los estudiantes angfelinos tengan mayores recursos y de esta manera cancelar el proyecto de Students Center Fundig.

Dijo que esa lucha la han dado maestros, padres y comunidades.

UTLA quiere óptima relación con el nuevo Superintendente

Finalmente, Ramírez destacó la posición de su sindicato en relación con el nuevo Superintendente de LAUSD, Alberto M. Carvalho, quien proviene de un distrito escolar de Florida, donde las autoridades estatales y escolares tienen una filosofía diferente a la angelina. Alla hay una clara tendencia en favor de la privatización educativa y de no aplicar debidamente los protocolos de seguridad anti COVID.

Indicó que los docentes estarán pendientes y resueltos a proteger a los estudiantes de la pandemia ya defender la educación pública.

“Lo que queremos es mejorar la escuela pública, que tengan más fondos, porque a final de cuentas los estudiantes más humildes son los que asisten a ellas y lo que hace el movimiento privatizador es extraer fondos públicos”, planteó.

Un estudio de UTLA concluyó que las escuelas chárter -financiadas con fondos públicos pero operadas privadamente- representan un gasto a LAUSD de 590 millones de dólares anuales.

Además, se ha acreditado que los planteles públicos tienen la misma calidad de la enseñanza que las chárter y algunos hasta más.

“Vamos a dialogar con el Superintendente Carvalho, hay que ver sus propuestas, sus ideas. LAUSD es un disrtrito con una mayor parte de población latina y ojalá y podamos conectar con él y ojalá y ten¿ga la idea de mejorar las escuelas públicas”, indicó.

La última reflexión de Ramírez fue esta:

“ Las autoridades y los maestros quieren mejorar la educación. La diferencia, el buena parte de las veces es cómo lograrlo”.