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Diputados aprueban reforma al Artículo 19 para sancionar duramente delitos como feminicidios, corrupción, robo de hidrocarburos y uso de programas sociales con fines electorales

February 19, 2019 - por

Diputados aprueban reforma al Artículo 19 para sancionar duramente delitos como feminicidios, corrupción, robo de hidrocarburos y uso de programas sociales con fines electorales

Previo a la aprobación, diputados de oposición tomaron la tribuna en forma de protesta. Foto José Antonio López

Ciudad de México.

Un sector de PRI, PAN y MC le dio esta noche a Morena los votos necesarios para avalar la reforma al Artículo 19 de la Constitución, que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

De esta manera, la reforma –que se turnó al Constituyente Permanente, esto es los congresos de los estados para su ratificación- incluye ahora los siguientes delitos: abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo al transporte de carga.

También, robo de hidrocarburos, desaparición forzada de personas y cometida por particulares, y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales se avaló con 377 votos a favor. 96 diputados votaron en contra y 5 lo hicieron en abstención, entre ellos Lorena Villavicencio (Morena).

Morena requería el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, y la oposición dejó en libertad a sus integrantes para que votaran “en conciencia”.

Así, 30 panistas, seis priístas y 13 de la bancada de MC avalaron la reforma.

Aunque estaban presentes en el salón de sesiones, los diputados de Morena Pablo Gómez Álvarez y Sergio Mayer Bretón –este último presidente de la Comisión de Cultura- no votaron.

Los nueve diputados que hoy renunciaron a la bancada del PRD también avalaron la reforma.

Durante la discusión, se insistió que se trata de delitos de alto impacto, que se requiere incorporar a la Constitución como uno de los mecanismos para enfrentar la crisis de inseguridad e impunidad que vive el país