Encuestas: criterio necesario
May 22, 2024 - por La Jornada.
No es la primera vez que la ex senadora y el personal de su campaña intentan engañar a la opinión pública con sondeos que no son lo que quieren hacer creer. El mes pasado, presumieron una encuesta en la que Gálvez arrasa con casi seis de cada 10 votos, sin aclarar que el universo muestral fue el alumnado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), una universidad creada por y para las élites, cuya matrícula es de unos cientos de estudiantes. Al presentarla como elaborada por el ITAM
y no en el ITAM
(cosa que la revista estudiantil encargada del simulacro electoral nunca pretendió ocultar), el equipo de la panista trató de instalar el bulo de que el crecimiento de Gálvez en las preferencias era validada por una institución académica.
Más allá de desfiguros como los referidos, estos episodios invitan a reflexionar en torno a la exagerada importancia que se concede a las encuestas en los procesos comiciales contemporáneos. A ojos de algunos, la burbuja creada en torno al poder de los sondeos puede llegar a convertir a las casas encuestadoras en un sustituto de la voluntad popular cuyos mecanismos legítimos de manifestación se encuentran en las urnas. No se trata de desacreditar de manera apriorística a las encuestas ni a las entidades que las elaboran, algunas de las cuales operan con seriedad al hacer uso de las mejores prácticas disponibles, sino de cobrar conciencia acerca de su significado y sus limitaciones. La ciudadanía necesita saber que no son oráculos ni mucho menos un remplazo del sufragio, sino retratos de la opinión pública en el momento en que fueron levantados. La historia ha mostrado que las mediciones demoscópicas se encuentran sujetas a todo tipo de distorsiones (accidentales o intencionales) y a fallos por razones metodológicas o por factores imponderables.
En lo que concierne a las acciones de la derecha mexicana y las elecciones del 2 de junio, lo importante es no perder de vista que lo que cuenta es el voto depositado en las urnas, así como atajar las pretensiones de estafar a la ciudadanía con estudios falsos o sacados de contexto que contradicen al resto de los sondeos. El Instituto Nacional Electoral ya dispone de herramientas para señalar qué encuestas carecen de metodologías válidas, pero está claro que se requiere reforzar la lucha contra la difusión de propaganda disfrazada de información. Ciertamente, el árbitro de los comicios es el primer responsable de dicho esfuerzo, pero cualquier avance será limitado mientras los candidatos, políticos y la pléyade de empresas a su servicio (agencias de publicidad, consultoras, despachos de relaciones públicas) insistan en fabricar falsificaciones del sentir ciudadano.