La controversia constitucional sobre el acuerdo presidencial de mayo del 2020, que permite a las fuerzas armadas actuar en tareas de seguridad pública, fue remitida al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por decisión unánime de los integrantes de su Primera Sala.

El proyecto que se discutiría fue elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat y en él se proponía avalar el acuerdo, por considerar que con esta acción el Poder Ejecutivo no invadió la esfera de atribuciones del Legislativo.

Debido a la trascendencia y relevancia del asunto, los integrantes de la Primera Sala consideraron que era preciso que la decisión final sobre este asunto se tome en el Pleno, por la totalidad de los once integrantes de la SCJN.

En julio pasado, la segunda sala del máximo tribunal también decidió enviar al pleno un amparo sobre el mismo tema, donde una asociación civil impugnó la Ley de la Guardia Nacional.

En el pleno de la SCJN también está pendiente la resolución de la acción de inconstitucionalidad 62/2019, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que impugna también la Ley de la Guardia Nacional y la participación de militares en esta corporación.

Se prevé que la resolución de estos tres asuntos se discuta en el Pleno de la SCJN a principios del año próximo.

Ayer, durante la conmemoración del Día de la Armada de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, subrayó la necesidad de que militares sean incorporados a tareas de seguridad pública considerando la gravedad del problema.