La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamaron al gobierno federal a redoblar los esfuerzos en la recuperación de pruebas y nuevos testimonios relevantes en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, y pidieron que se aceleren las entregas de información de las instituciones de seguridad e inteligencia aún pendientes.

A siete años “de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de estudiantes normalistas de Ayotzinapa”, consideraron fundamental continuar priorizando la búsqueda de los estudiantes cuyo paradero aún se desconoce, así como avanzando con la investigación del caso y el esclarecimiento de los hechos de manera pronta y efectiva.

En un pronunciamiento conjunto, indicaron que resulta de suma importancia “transformar los avances logrados en acciones concretas que tengan como objetivo romper el pacto de silencio y los obstáculos para conocer la verdad de lo ocurrido”.

De igual manera, subrayaron que es prioritario cumplir con las consignaciones y órdenes de aprehensión y extradición pendientes; impedir filtraciones de información sobre el caso; garantizar la seguridad de víctimas y testigos; y sancionar al funcionariado público que obstaculizó la justicia y cometió violaciones a los derechos humanos durante la investigación.

Señalaron que a partir del trabajo articulado de las autoridades, con la participación de madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, “hoy se conoce nueva información sobre el contexto y la dimensión del ataque ocurrido y las múltiples violaciones a derechos humanos que resultaron de ello”.

Asimismo, continuaron, se han logrado avances investigativos relevantes como la identificación positiva de dos estudiantes; se están investigando actos de tortura y malos tratos cometidos durante la toma de las primeras declaraciones a los supuestos responsables; se ha tenido acceso a información de inteligencia que no había sido aportada en la primera fase de la investigación, y se tiene mayor claridad de la responsabilidad de actores no estatales y de funcionarios de todos los niveles de gobierno.

En este contexto también, la CIDH y ONU-DH destacaron que la apertura al escrutinio internacional “sienta precedentes positivos para la investigación de los casos de desaparición en México”.

También, reconocieron la lucha de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos y personas defensoras de derechos humanos que las acompañan; “así como la destacada labor y compromiso” de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia, de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa aunado a los hallazgos del Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes (GIEI), con lo que se permitió “derribar la fabricación de una versión de los hechos que menoscabó las obligaciones internacionales del Estado respecto de los derechos de acceso a la justicia y debido proceso de los estudiantes desaparecidos y sus familias”.

La CIDH, a través de su Mecanismo Especial para el Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA), indicó que continuará prestando la asistencia técnica al Estado en el marco de la medida cautelar 409/14 que aún se encuentra vigente; así como facilitando las labores de coadyuvancia del GIEI a las investigaciones.

Por su parte, la ONU-DH refrendó su compromiso de continuar brindando asistencia técnica al Estado mexicano en el caso Ayotzinapa.