El magistrado Mauricio Fernández de la Mora habló para el diario The New York Times sobre el fallo que establece un mecanismo que nunca se ha visto en México, con el fin de esclarecer el caso Ayotzinapa, que no se resuelve desde septiembre 2014, cuando en Iguala, Guerrero, desaparecieron 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

El medio apunta que aunque una decisión colegiada por un amparo no puede apelarse, los encargados de su ejecución pueden recurrir a lo que se llama incidente de imposibilidad, lo cual ya hizo la PGR.

La semana pasada, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez aseguró en entrevista para#AristeguiEnVivo que la Procuraduría intenta frenar la creación de la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa para evitar que “la sigan evidenciando”.

Al NYT, el jurista respondió a la pregunta: “¿qué los llevó a promover un mecanismo que nunca se ha visto en México?”. 

“Fue un caso muy complejo; nos tomó mucho tiempo la elaboración. Se consideró necesario sugerir esta comisión de investigación al advertir que hubo violaciones graves a los derechos humanos, como desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales o serias alegaciones de tortura, y tomando en cuenta las múltiples irregularidades y defectos detectados. Se procedió a atender los lineamientos de jurisprudencia internacional para este tipo de casos, incluidas sentencias condenatorias contra México.

“Al analizar esos criterios del derecho internacional, particularmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [CoIDH], estos nos fueron llevando hacia este camino, para poder dar solución y garantizar los derechos no solo de los imputados quejosos, sino de todas las víctimas [del caso de los 43 estudiantes]. Esos son de los derechos más importantes en materia de derechos humanos: a la verdad, de acceso a la justicia y de no repetición.

“Y como esta comisión y todas sus actuaciones ahora serán parte de la [nueva] averiguación previa, con la intervención del ministerio público, eso no solo beneficia a las víctimas, sino a la sociedad en general”, sostuvo.

Respecto a que el fallo fue emitido a menos de un mes de la reciente elección presidencial, refirió: “Nunca pasaron por nuestras mentes las cuestiones político electorales; la justicia no va a esperar. No nos podemos abocar a las cuestiones políticas que suceden en el país, nuestra función y nuestro compromiso es con la justicia y nos marca en nuestra propia Constitución que esta debe ser pronta y expedita.

“Lo trabajé junto con un secretario todas la tardes, fines de semana, hasta en Semana Santa y 1 de mayo… Le dedicamos mucho tiempo para poder hacer un proyecto bien fundado y motivado.

“Se prevé que en cuanto uno tiene el proyecto, cuando lo concluye, tiene la obligación de presentarlo a los compañeros magistrados para que lo revisen y se pueda discutir. En este caso, mis compañeros me pidieron al menos dos semanas antes de la sesión. Por lo general, los proyectos se entregan una semana antes de la sesión, pero varía según el caso. Por la complejidad de este se pidió más tiempo”, expuso.

Sobre el hecho de que la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado serios problemas con la investigación, comentó que “estos análisis respecto a los defectos de las investigaciones en el país no son nuevos: analicé más de ochenta casos y me quedó claro en varias condenas por parte de la CoIDH que nos han hecho fuertes llamados de atención y pronunciamientos muy evidentes sobre las deficiencias.

“Se estudió también el caso de Anzualdo Castro, que establece el derecho de una sociedad a conocer la verdad, y posteriormente el caso Favela Nova Brasilia vs. Brasil, en el que se hizo hincapié en que resulta necesaria la creación de una comisión indagatoria independiente en circunstancias o casos de violaciones graves en los que el personal policial aparezca como posible imputado; como sucedió en el caso Ayotzinapa”.

Fernández de la Mora recordó que “la Suprema Corte [de Justicia de la Nación] ya estableció el carácter obligatorio de la jurisprudencia interamericana y la obligación de todas las autoridades [mexicanas], y con mayor razón de este tribunal, de pensar en determinaciones necesarias para proteger los derechos humanos”.

“Creo que ese es el camino que debemos seguir: explorar el juicio de amparo como uno sobre derechos fundamentales.

“Nosotros ya emitimos con esto cinco tesis, que son propuestas para nuestro sistema jurídico, que algún órgano jurisdiccional podrá tomar en consideración al resolver otro caso y de ahí sacar jurisprudencia después. Ahora vamos a a ver qué sucede”, mencionó.

Además, indicó que la comisión que ordenaron responde a “la urgencia” y “porque lo que está de por medio es el hallazgo de los 43 estudiantes. Sin embargo, en la práctica, es usual que no se pueda lograr en los plazos que se establece… sabemos que si es un caso complejo se puede prolongar. La Ley de Amparo prevé que el plazo se puede prolongar siempre y cuando ya se esté en vías de cumplimiento”. 

(Con información de The New York Times)