Emilio Lozoya acusa a cinco legisladores cercanos a Felipe Calderón y a los gobernadores de Tamaulipas y Querétaro de estar relacionados con posibles actos de corrupción entre el 2013 y 2016.

Así lo señaló Salvador García Soto en su columna de El Universal con base en información que obtuvo de fuentes ligadas a la Fiscalía General de la República.

Los panistas, asentó, forman parte de las 16 horas de grabación que entregó el ex director general de Pemex en los que exhibe a políticos de varios partidos que recibieron dinero para respaldar las reformas estructurales de Peña Nieto.

El columnista -que goza de credibilidad por la veracidad de la información que publica- menciona a senadores panistas de la LXII Legislatura: Roberto Gil Zuarth, Ernesto Cordero, Javier Lozano, Salvador Vega Casillas y Mariana Gómez del Campo, cercanos a Calderón.

Se refiere, además, a los actuales gobernadores de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y de Querétaro, Francisco Domínguez, quienes en aquéllos años fungían como senadores y miembros de la Comisión de Energía que aprobó los dictámenes de la reforma energética.

Asegura, sin embargo, que en el caso del mandatario tamaulipeco también está siendo investigado por la DEA, el FBI y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero, fraude bancario, electrónico y fiscal, así como presuntos nexos con el Cártel del Golfo.

En Estados Unidos – agrega- “el gobernador y su familia, según las mismas fuentes, cuentan con 10 empresas, de las cuales 2 están activas, con domicilios una en El Paso y otra en Galveston, Texas. Las otras 8 empresas registradas en territorio estadounidense que se encuentran inactivas registran domicilios en Beverly Hills, Los Ángeles, California y Seattle”.

“A Gil Zuarth, además de su posible aparición en los videos de Lozoya, lo

vinculan como operador cercano al gobernador Cabeza de Vaca y como autor de una

estrategia jurídica “que está tratando de boicotear las políticas empleadas por el

presidente Andrés Manuel López Obrador y por su gabinete, a través del Accuracy Legal

Add Consulting SC, que interponen juicios de amparo que frenan las políticas públicas

establecidas por la Secretaría de Energía”, indica.

La columna de García Soto puede verse aquí.