El Juez Humberto Chávez Allende vinculó a proceso penal al exgobernador César Duarte Jáquez por los delitos de peculado y asociación delictuosa.

En una audiencia de más de 12 horas, el Juez determinó la vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva y dio un plazo de seis meses al Ministerio Público para la concluir la investigación.

Duarte Jáquez es acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua de desviar 96 millones 665 mil pesos del erario que fueron destinados a causas particulares, en complicidad con funcionarios de su Gobierno entre 2011 y 2014.

El dinero supuestamente desviado por el exmandatario de Chihuahua fue destinado a negocios particulares, compra de bienes inmuebles, pago de servicios no prestados, entre otros, como la Unión Ganadera División del Norte o de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) Financiera División del Norte, empresas fuertemente ligadas al exgobernador.

La defensa de Duarte Jáquez pidió desestimar la denuncia de al menos dos testigos protegidos, argumentando que fueron torturados para incriminarlo, sin embargo, el Juez descartó que fuera determinante para impedir la vinculación a proceso pero ordenó una investigación al respecto.

Además, la defensa alegó que en la denuncia no se ha podido comprobar el crecimiento patrimonial de su defendido.

La siguiente audiencia quedó pactada para el 8 de diciembre de 2022.

El pasado 6 de junio, un Juez dictó prisión preventiva por un año en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1 de Aquiles Serdán, un municipio aledaño a la capital chihuahuense, en contra del exgobernador.

Los ministerios públicos solicitaron como medida cautelar la prisión preventiva, derivado de que existe riesgo de fuga bajo el argumento que el exmandatario estatal puede salir nuevamente de México y así evitar la justicia. Además, se recordó que César Duarte fue detenido en el extranjero, por lo que tuvo que necesitarse una orden de aprehensión y extradición para que regresara al país.

EXTRADICIÓN DE DUARTE

Estados Unidos extraditó el pasado 2 de junio a México a César Duarte, acusado de diversos cargos de corrupción y de haber malversado millones de dólares de fondos público.

Duarte gobernó Chihuahua, estado vecino de Texas, de 2010 a 2016 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Al acabar su mandato, se trasladó a vivir a Estados Unidos y fue detenido en Miami en 2020 gracias a una orden de captura con fines de extradición emitida un año antes. Se le acusa de los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada.

Según la acusación, Duarte, en colaboración con otros funcionarios y con personas ajenas a la función pública, “logró efectuar acciones que resultaron en el desvió de recursos públicos por la cantidad de más de 96 millones de pesos mexicanos extraídos entre los años 2011 y 2014″, indicó el Gobierno mexicano. Se estima que hay más de 40 exfuncionarios involucrados.

La Fiscalía estadounidense que estudió el caso en Miami, donde Duarte permaneció detenido casi dos años, focalizó su atención en una serie de testigos reservados que trabajaban en el gobierno de Chihuahua y han asegurado que Duarte les ordenaba desviar fondos públicos para fines personales, como pagar impuestos y tarjetas de crédito.

Su sucesor al frente del Gobierno estatal, Javier Corral, del Partido de Acción Nacional (PAN), aseguró que Duarte dejó tras de sí una “amplia red de corrupción” y una deuda estatal de más de dos mil millones de dólares.