Entre 2013 y 2018, el 70 por ciento de las 96.036 armas de fuego recuperadas por las autoridades de México y entregadas para su rastreo a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) resultaron ser procedentes de Estados Unidos, según datos oficiales del gobierno. Solo en 2018, los datos muestran que la mitad de las 16.343 armas recuperadas en México y rastreadas por la ATF eran de factura estadounidense.

Esta información se conoce en un momento en que México, que ocupa el tercer lugar en número de muertes ocasionadas por armas de fuego, sigue sumido en índices históricos de violencia. En 2017, México registró el año más homicida de su historia desde que comenzaron a llevarse esas estadísticas, en 1997. El número de muertes violentas se elevó de nuevo en 2018, y va camino a alcanzar niveles sin precedentes una vez más a finales de 2019.

También ha aumentado el poder de fuego. A finales de julio de 2019, el secretario de relaciones exteriores de México Marcelo Ebrard anunció que el número de armas de asalto y rifles automáticos captados en escenas de crímenes en el país se había elevado en 122 y 63 por ciento, respectivamente.

En la ciudad fronteriza de Tijuana, el San Diego Union-Tribune informó que “casi todas las armas decomisadas por la policía desde 2016 procedían de Estados Unidos”, según declaraciones del jefe de policía de la ciudad. Tijuana se ha convertido en una de las ciudades más mortíferas del mundo, debido a la cruenta guerra que libran grupos rivales por el control del expendio de drogas sintéticas, como las metanfetaminas y el fentanilo.

Algunos expertos estiman que anualmente se introducen ilegalmente más de 210.000 armas por la frontera mexicano-estadounidense.

Una cuestión de mercado

El problema de que las armas de fuego procedentes de Estados Unidos lleguen a manos de grupos del crimen organizado en México es un tema de mercado. Estados Unidos tiene un exceso de armas, especialmente de la variedad de grueso calibre, y carece de mecanismos de control estrictos. Al mismo tiempo, los actores criminales de México tienen una necesidad constante de armamento de ese tipo.

“Los actores criminales en México están usando armas para controlar todo lo que pueda afectar sus economías en su territorio, y para disputarse el control de ese territorio con otros grupos”, comentó el investigador y activista de Global Exchange John Lindsay-Poland en entrevista con InSight Crime. “La demanda del mercado no ha cambiado, y las dinámicas de la oferta son perfectas para atender dicha demanda”.

Una de las formas más comunes como se introducen las armas a México es la siguiente. Una persona compra legalmente un arma para un tercero no autorizado. Los traficantes enrolan a estadounidenses sin antecedentes para que compren armas a distribuidores autorizados, y luego las llevan al sur, al otro lado de la frontera.

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Por lo general, las armas se desensamblan y se esconden en aparatos electrónicos u otros con el fin de eludir a las autoridades.

“Aun en casos donde hay patrones de tráfico muy obvios, casi imprudentemente obvios, los distribuidores de armas no tienen la obligación de hacer nada”, declaró Alex Yablon, reportero que informa sobre la política de armas en Estados Unidos para The Trace, publicación dedicada a divulgar información sobre la violencia por armas. “En realidad no existe un mecanismo para detener ese flujo [de armas estadounidenses hacia México]”.

De hecho, para las autoridades fronterizas y los agentes de aduanas, el prospecto de detectar armas ilegales es comparable a encontrar una aguja en un pajar. Les faltan los recursos para inspeccionar exhaustivamente las enormes cantidades de mercancías y vehículos que cruzan la frontera diariamente. La corrupción más absoluta y una falta de cooperación entre organismos también complican esos esfuerzos.

Vacíos y escollos legales

Las compras para terceros no autorizados y el tráfico ilegal no son la única vía por la que las armas estadounidenses terminan en manos de actores criminales. Estados Unidos es el mayor proveedor de armas a nivel global. Pero los mecanismos vigentes para controlar las ventas legales de armas de fuego por parte distribuidores autorizados a actores internacionales han fallado.

Una auditoría de febrero de 2019, adelantada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado estadounidense, por ejemplo, halló que la Dirección de Control del Comercio de Materiales de Defensa (DDTC, por sus siglas en inglés) no veló por que las solicitudes de licencias permanentes de exportación cumplieran las normativas que condicionaban su aprobación.

De las 21 solicitudes de licencia para exportación de armas de fuego que fueron objeto de la auditoria, presentadas entre diciembre de 2017 y agosto de 2018, el informe halló que los funcionarios del Departamento de Estado aprobaron todas con excepción de una, “pese a la ausencia de información indispensable”.

Más aún, según la ley en vigor, el Departamento de Estado debe notificar al Congreso de Estados Unidos si se aprueban ventas de armas de fuego valoradas en más de US$1 millón. Sin embargo, según el informe, al Congreso nunca se le notificó sobre 17 contratos de exportación de armas por encima del umbral de US$1 millón.

La auditoría destacó la rotación de personal, la falta de entrenamiento y los recortes de personal como explicación de esas fallas. En julio de 2018, el organismo encargado de inspeccionar los contratos de armas tuvo una reducción de personal de 28 por ciento, según el informe. El departamento también carece de un “programa de entrenamiento estándar” para realizar las inspecciones.

“Es en extremo preocupante que personas no habilitadas para aprobar licencias de exportación para las ventas de armas lo estén haciendo, opinó Christina Arabia, directora del Monitoreo de Asistencia en Seguridad (SAM, por sus siglas en inglés) del Centro para la Política Internacional en diálogo con InSight Crime, y añadió: “No parece que eso sea una gran prioridad para el Departamento de Estado”.

Los vacíos en este proceso pueden tener graves consecuencias. Entre 2015 y 2017, Estados Unidos exportó casi US$123 millones por concepto de armas de fuego y municiones a México, según datos comerciales de la Oficina del Censo de Estados Unidos recogidos por The Intercept.

A lo largo de los años, se ha acusado a soldados mexicanos de una serie de abusos graves contra los derechos humanos, entre los que se cuentan ejecuciones extrajudiciales. “Armas de fuego exportadas legalmente desde Estados Unidos se han usado en masacres, desapariciones y en actos de colusión de miembros de las fuerzas de seguridad con grupos criminales en México a gran escala”, según el informe de The Intercept.

¿Una mejor prospectiva?

Los expertos coinciden en afirmar que Estados Unidos está en capacidad de implementar diversas estrategias para reducir el número de armas de fuego que se trafican desde ese país por la frontera sur, a la vez salvaguardando las ventas internacionales legales de armamento.

A nivel federal, acabar la importación de armas de asalto de grueso calibre hacia Estados Unidos contribuiría a restringir el flujo de dichas armas a México, opina Lindsay-Poland, de Global Exchange.

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A nivel estatal, implementar las verificaciones universales de antecedentes y la imposición de límites sobre el número de armas de fuego, en especial de armas largas, que puedan comprarse a un solo distribuidor también podría reducir el número de armas usadas en México para la comisión de crímenes violentos.

Expertos consultados por InSight Crime coinciden en afirmar que tanto la ATF como el Departamento de Estado necesitan mayores recursos y personal para combatir el tráfico de armas y para garantizar que el proceso de exportación de armas legales esté libre de vicios.

Pero eso no basta.

“Hay una cuestión de recursos y una de voluntad política”, le comentó Lindsay-Poland a InSight Crime. “Usted puede destinar más recursos a un organismo, pero si no hay la voluntad política para impedir realmente que las armas lleguen a los actores criminales, eso no hará mucha diferencia”.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump no ha mostrado deseo alguno de enfrentar el problema de armas del país. De hecho, una propuesta de reforma para smplificar los controles de exportación de armas de fuego para los fabricantes de armamento estadounidenses —aunque sigue en el limbo— de ser aprobada, podría enviar una nueva avalancha de armas a México y otros países de Latinoamérica.