El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) expresó su preocupación por la confiscación de registros telefónicos y de correo electrónico de la periodista del diario The New York Times Ali Watkins por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según el medio de comunicación, los fiscales federales obtuvieron los registros por parte de las compañías Google y Verizon, como parte de la investigación.

La confiscación fue a raíz, según el Departamento de Justicia, de una presunta relación entre la periodista con James Wolfe, el ex asistente del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos quien tenía a su cargo la gestión de información clasificada que había entre el Comité de Inteligencia y el Ejecutivo.

El FBI investigaba cómo Watkins se había enterado de que espías rusos intentaron contratar en 2013 a un exasesor del actual presidente, Donald Trump.

Wolfe fue detenido el viernes y acusado de brindar información clasificada a dos periodistas, entre ellos Watkings, según informó The New York Times. Él ha negado que haya entregado material clasificado, y los fiscales, por ahora, solo lo han acusado de hacer declaraciones falsas al FBI.

El presidente Trump llamó a Wolfe “un infiltrado muy importante” y dijo que su arresto podría ser una gran cosa. “Soy un gran creyente de la libertad de prensa, pero también creo que no se puede filtrar información clasificada“, agregó Trump.

Ante esta confiscación surge una gran preocupación sobre la libertad de prensa y los derechos de los periodistas: ¿Un reportero ya no podrá proteger sus fuentes confidenciales en Estados Unidos?

The New York Times, en su propia declaración, calificó el decomiso como “una exageración escandalosa” y planteó inquietudes sobre un efecto de enfriamiento en la capacidad de los periodistas para informar sobre el gobierno.

“Para ejercer su función pública de rendición de cuentas, los periodistas deben poder proteger sus fuentes confidenciales. Los esfuerzos del gobierno que socavan esta capacidad representan una amenaza fundamental para la libertad de prensa”, dijo Alexandra Ellerbeck, coordinadora del programa para América del Norte del CPJ de Kansas City.

” Esta es la razón por la cual creemos que la toma por parte del gobierno de los datos de Ali Watkins sienta un precedente peligroso. Tememos que pueda ser una apertura en una batalla continua sobre la capacidad de los reporteros de proteger sus fuentes”.

Según datos de CPJ, durante la última década han surgido repetidos ataques contra los periodistas que buscan proteger sus fuentes en los Estados Unidos. El gobierno de Obama fue criticado en 2013 por citar los registros de los reporteros de Associated Press.

Bajo la administración Trump, el Fiscal General Jeff Sessions, durante una conferencia de prensa, pidió revisar las directrices internas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para facilitar la obtención de registros de periodistas.

Según The New York Times, Watkins, de 26 años, había estado en una relación de tres años con Wolfe, lo que llamó la atención de los fiscales que estaban investigando filtraciones no autorizadas del Comité de Inteligencia del Senado, incluidos artículos que Watkins había escrito para BuzzFeed News.

En febrero, Watkins recibió una carta del Departamento de Justicia informándole que se habían confiscado los registros de dos cuentas personales de correo electrónico y un número de teléfono. Los defensores de la Primera Enmienda consideran que la obtención de datos de un periodista sin permiso es una forma muy agresiva de intromisión gubernamental.

El hecho se hizo público hasta ahora porque Watkins, según el diario neoyorquino, después de consultar con su abogado, decidió no revelar la carta. Solo lo hizo hasta cuando se confirmó el arresto de Wolfe.