Washington, D.C.

El fiscal general del Distrito de Columbia, Karl Racine, ha abierto una investigación sobre si los gobernadores de los estados fronterizos del sur engañaron a los inmigrantes como parte de lo que llamó un “truco político” para transportarlos a Washington.

Según han confirmado medios como ProPublica y The Texas Tribune, Racine dijo que su oficina “está examinando si los inmigrantes fueron engañados por los organizadores del viaje antes de abordar los autobuses a Washington, incluidos varios cientos que fueron trasladados en autobús desde Texas siguiendo las instrucciones del gobernador Greg Abbott y dejados cerca de la residencia oficial de la vicepresidenta Kamala Harris”.

La oficina de Racine tiene la autoridad para presentar cargos penales por delitos menores o presentar casos de fraude civil.

Racine informó que en entrevistas con sus investigadores, los inmigrantes que llegan “han hablado persuasivamente sobre ser engañados, con comentarios sobre los servicios prometidos”.

No ofreció detalles sobre la investigación, incluso si está siendo manejada por las divisiones penal o civil de su oficina. La oficina del fiscal general se negó a responder más preguntas.

Varias leyes estatales y federales podrían aplicarse al transporte de inmigrantes a través de las fronteras estatales. La oficina de Racine podría investigar si alguien cometió fraude al prometer trabajos o servicios falsamente, si hubo violaciones de los derechos civiles o si los funcionarios malversaron el dinero de los contribuyentes.

Según ProPublica, la investigación de Racine se produce después de semanas de tensiones crecientes entre algunos gobernadores republicanos y la administración Biden sobre la política de inmigración. En abril, Abbott comenzó a transportar en autobús a inmigrantes de Washington que habían sido procesados​​y liberados por funcionarios federales de inmigración, y luego expandió la iniciativa a Nueva York y Chicago. Hasta la fecha, más de 12,000 inmigrantes han sido reubicados desde los pueblos fronterizos.

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, siguió el ejemplo de Abbott y llevó a 2170 inmigrantes a Washington en 60 autobuses, según el portavoz de Ducey, C.J. Karamargin. La mayoría de ellos, dijo, habían dicho que esperaban mudarse a Nueva York, Nueva Jersey o Florida.

El mes pasado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que busca la reelección, impulsó el tema y lo colocó al frente de un debate nacional sobre las políticas de inmigración de Biden. Envió dos vuelos chárter a Martha’s Vineyard con inmigrantes venezolanos que habían llegado a Texas. Funcionarios locales en Texas han dicho que no fueron consultados.

Mientras tanto, El organismo de control interno del Departamento del Tesoro inició una investigación sobre si el gobernador de Florida Ron DeSantis usó de manera inapropiada la ayuda federal por la pandemia para trasladar vía aérea a migrantes hacia Martha’s Vineyard como parte de su estrategia de “transportar a inmigrantes ilegales a destinos santuario”.

La investigación gira en torno a si se usaron millones de dólares en intereses derivados de los Fondos de Recuperación Fiscal Estatal y Local, desembolsados a través del American Rescue Plan, para facilitar el traslado de unos 50 venezolanos desde Texas hacia Massachusetts, con una escala en Florida, a mediados de septiembre.

El programa de fondos de recuperación cuenta con requerimientos estrictos sobre la manera en que puede usarse el dinero. Según los documentos, funcionarios de Florida le pagaron a Vertol Systems Co., una empresa con sede en Destin, Florida, 1,56 millones de dólares por el vuelo a Martha’s Vineyard y posiblemente por un vuelo que no se realizó a Delaware, estado de residencia del presidente Joe Biden.

La oficina del inspector general tiene planeada una auditoría sobre el “cumplimiento de los beneficiarios con las orientaciones de uso elegibles”, dijo el subinspector general del Tesoro, Richard K. Delmar, en una carta dirigida al senador federal Ed Markey, un demócrata por Massachusetts, quien solicitó la pesquisa.

“Planeamos llevar a cabo este trabajo lo más rápido posible, de conformidad con el cumplimiento de nuestros otros requerimientos y prioridades de control”, se señala en la misiva. El Departamento del Tesoro no cuenta con un inspector general confirmado.

Con material de Propublica y AP