Nueva York.

Genaro García Luna ya escogió su vestuario -casi todo en un azul policiaco- para presentarse en su juicio cuando concluya la selección del jurado la próxima semana, mientras que fiscales insisten en que sus actividades ilícitas y corruptas durante su gestión como alto funcionario mexicano desde 2001 continuaron después de dejar el gobierno en 2012 hasta que fue arrestado en 2019,

Los fiscales reiteraron hoy, en una carta al juez federal Brian Cogan a cargo del caso, que las actividades financieras de García Luna después de dejar la función pública en 2012 y se mudó a Estados Unidos son “evidencia crítica y directa” de los delitos por los cuales está acusado.

Afirman que cuando García Luna se mudó a Miami, estableció una consultoría con la cual continuó haciendo negocios en México, y en Sinaloa, con ex colegas y oficiales mexicanos, y “mantuvo y usó casas y otros bienes adquiridos cuando aceptaba sobornos del cártel de Sinaloa”.

Más aún, mientras era secretario de Seguridad Pública, estaba encargado del manejo de millones de dólares enviados por Estados Unidos para combatir a los cárteles, y facilitó una serie de contratos para vigilancia y tecnología con grupos de empresarios, y esos mismos lo apoyaron en su mudanza a Estados Unidos, incluyendo el entregarle una residencia multimillonaria y un yate en Miami, mientras los ayudaba en conseguir más contratos con el gobierno mexicano.

Afirman que “evidencia de las actividades del acusado después de dejar sus puestos” incluyendo el uso de bienes que adquirió, su facilidad en viajar y hacer negocio en México, incluyendo con el gobierno mexicano, “demuestran que el acusado continuó recibiendo beneficios de la conspiración años después de dejar sus puestos”.

Insisten, además, en que sus activadas pos-gobierno demuestran que el acusado entregó contratos lucrativos y buscó relacionarse con empresarios internacionales para después recibir los beneficios de esos favores, subrayado que “el acusado buscó puestos de poder en el gobierno mexicano no para servir al público o hacer valer la ley, sino para acumular dinero, poder y conexiones para su propio beneficio”.

La defensa ha insistido en que la información sobre las actividades de García Luna después de que dejó el gobierno en 2012 es “irrelevante” al caso en donde está acusado de participar en una conspiración de narcotráfico aceptando sobornos multimillonarios del cártel de Sinaloa cuando era un alto funcionario mexicano entre 2001 y 2012.

Por lo tanto, han solicitado al juez que impida la presentación ante el jurado de pruebas, materiales y testigos sobre este periodo pos-gubernamental de su cliente, argumentando que hasta la fecha los fiscales no han logrado mostrar un vínculo entre los negocios pos-gobierno con sus actividades que alegan fueron corruptas cuando era funcionario.

A la vez, un caso civil en Miami presentado a nombre de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, acusa a García Luna de robarse unos 250 millones de dólares del gobierno mexicano cuando fue secretario de Seguridad Pública y que después de dejar el sector público continuó lucrando con eso en operaciones ilícitas con sus socios empresariales en Florida. Ese caso fue iniciado en septiembre de 2021 y está pendiente en espera de la resolución de asuntos legales.

Mientras tanto, al aproximarse la fecha del arranque del juicio al concluir el proceso de selección del jurado el próximo 17 de enero, el juez Cogan aprobó la solicitud del equipo de abogados defensores de García Luna para hacer disponible “ropa civil” para el acusado al inicio de cada día durante las sesiones del juicio. Aceptó la propuesta de la defensa de dos sacos azul marino, dos pantalones azul marino, dos camisas formales blancas y dos más de azul claro, camisetas, tres corbatas, calcetines, un cinturón y un par de zapatos negros.

García Luna enfrenta cinco cargos en torno a la acusación de que brindó asistencia al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos multimillonarios cuando era alto funcionario, y por mentir a las autoridades estadunidenses. Fue arrestado en Dallas en diciembre de 2019 y trasladado al Centro de Detención de Brooklyn donde ha permanecido en espera de este juicio. Enfrenta una condena máxima de cadena perpetua.

El juicio puede ser interrumpido y concluido en cualquier momento si el acusado decide declararse culpable y/o negociar algún tipo de acuerdo con las autoridades incluyendo cooperar en investigaciones y casos contra otros.