La Fiscalía del condado de Los Ángeles reconoció que se cometió un crimen al grabar la conversación de corte racista que provocó tal escándalo político que obligó en octubre de 2022 a la renuncia fulminante de la entonces presidenta del Concejo de Los Ángeles, Nury Martínez.

Sin embargo, para sorpresa de todos, los fiscales se negaron a entablar cargos contra los implicados, Santos León y Karla Vásquez, quienes en el momento de la grabación ilegal trabajaban para la Federación de Sindicatos del Condado de Los Ángeles.

Lo que los fiscales del condado hicieron, fue turnar el caso a la fiscal de la ciudad, Haydee Feldstein Soto, para que sea ella quien decida si se les fincan cargos por delitos menores.

De acuerdo a un memo enviado por la Oficina del Fiscal del condado de Los Ángeles, George Gascón, el 29 de enero de este año, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) recomendó la aplicación de cargos.

Basado en la investigación de LAPD, entre el 19 de septiembre de 2022 y octubre 6 de 2022, se grabaron comunicaciones confidenciales que tuvieron lugar en la Federación de Sindicatos y que de manera anónima fueron publicadas en Reddit en una cuenta nueva creada como “Honest-Finding-1581”.

Las grabaciones comenzaron el 18 de octubre de 2021 a través de una computadora PC  con el uso de comunicaciones y la intervención de una llamada telefónica entre Ron Herrera y Justin Wesson el 30 de septiembre de 2022.