Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció la mañana de este jueves que Genaro García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública federal en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, la cual operó con impunidad durante 20 años.

El funcionario hizo esta acusación durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, espacio en el que presentó datos relevantes sobre el juicio de carácter civil que se lleva a cabo en el estado de Florida, Estados Unidos, en contra de “García Luna y de una serie de personas y de empresas que formaron parte de la red de corrupción encabezada por este sujeto”.

“Durante el tiempo que Genaro García Luna ejerció su cargo como Secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, dijo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

De acuerdo con Gómez Álvarez, “bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 países con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares”.

A pesar de que continúa el examen de otras operaciones, explicó que “estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes, muebles e inmuebles, así como otros activos en territorio norteamericano, en el estado de Florida”.

El también licenciado en Economía informó que el actual Gobierno de México, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos”.

En consecuencia, señaló, “incluyó en la lista de personas bloqueadas a quienes participaron en esta confabulación” y presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 24 de diciembre de 2019 “por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero”.

“El Gobierno mexicano presentó una demanda civil el 21 de diciembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Florida para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano con la intención de resarcir el daño generado al Estado de nuestro país”, precisó el encargado de la UIF.

Además, aclaró que este proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York, donde está acusado de aceptar portafolios llenos de efectivo —millones de dólares en total— para permitir que el conocido Cártel de Sinaloa operara con impunidad mientras enviaba toneladas de cocaína a Estados Unidos.

“En cuanto a México, los procesos penales siguen su curso y el Gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidas mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante 20 años, incluyendo dentro de éstos los seis años del Gobierno anterior en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna, cuando ya no era servidor público”, afirmó Pablo Gómez.

A lo largo de su intervención, también dio a conocer que tiene “un listado de 40 contratos que se llevaron a cabo y que fueron instrumentos para la comisión de delitos de corrupción y el producto de la inmensa mayoría de estos contratos por 745 millones 879 mil 384 dólares con 78 centavos hasta este momento”.

“Estos recursos, producto de estos 40 contratos que se van a dar a conocer todos, son los que están en este momento en el juicio civil de Florida”, aseguró el titular de la Unidad.

Asimismo, reveló el nombre de las personas demandadas: Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra de García Luna, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.

“Hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción. Voy a mencionar no todos los contratos, puesto que son muy largos, pero vamos a poner de ejemplo de lo que estamos hablando el uso que se le dio por parte del grupo empresarial que tiene su sede en los Estados Unidos, que fue organizado por García Luna para llevar a cabo todas estas contrataciones que resultaron ser ilícitas durante el tiempo que este individuo fue servidor público y durante los seis años posteriores. En total 20 años como ya se señaló”, reiteró Gómez Álvarez.

Según el reporte expuesto, entre las propiedades aseguradas judicialmente en el procedimiento civil contra la red de corrupción presuntamente encabezada por García Luna, se encuentra una del comprador Península CAS con un valor de mercado aproximado del inmueble de 768 mil 381 dólares.

También está otro de Península MAS, la cual adquirió un inmueble con un valor aproximado de 807 mil 741 dólares; uno de Jade Ocean por un valor aproximado actual de un millón 134 mil.

“Estamos hablando de puros dólares, aquí no hay pesos. Jade Ocean otra vez, 314 mil 880 el valor de un inmueble; otra vez de Jade Ocean, 566 mil 114 dólares; Jade Ocean, 557 mil 688; Brill 5002, así se llama esta razón social, un millón 150 mil es aproximado el valor de este inmueble; otra vez Jade Ocean con otro de 151 mil 630; Península SNDS, 745 mil 872”, enlistó el funcionario.

A su vez, mencionó que Village Bay tiene uno de 262 mil 656; VFST, uno de cuatro millones 200 mil dólares; Sylvia Donna Pinto de Weinberg, uno de dos millones 232 mil 876; Delta Integrator, otro de 555 mil 800; Delta Integrator, otro más de 900 mil dólares; Delta Integrator, uno de 510 mil 965 dólares; Delta Integrator, otro “más de la esposa de la persona mencionada por 509 mil 961”; Jagra posee uno de 469 mil 806, y Martha Virginia Nieto Guerrero, uno de 911 mil 232 dólares.

“Para un total de 17 millones 930 mil 402. Son inmuebles asegurados por la corte norteamericana en el proceso civil que inició el Gobierno de México para recuperación”, detalló.

Pablo Gómez Álvarez también destacó la existencia de muebles con un valor de 21 millones 725 mil 419, los cuales “fueron vendidos antes de la iniciación del juicio, pero que, de todas maneras, forman parte del juicio para ser recuperados”.

Por otra parte, habló de “una serie de vehículos que llaman mucho la atención”, ya que “fueron comprados con este dinero defraudado al pueblo de México a través de esta trama de corrupción que operó”.

Entre los autos, se encuentran, por ejemplo: “un Fiat 500 2013, un Royce Royce 2013, un Ferrari F430, un GMC Terrain de 2006, un Ferrari California 2017, un Maserati Levante 2017, un Jeep Limited Rubicon, un Audi 4, un Lamborghini”.

A los anteriores, se suman “un Jeep Grand Cherokee, un Cadillac Escalade Premium 2015, un Mini Cooper, un Toyota 2015, un Honda Elements, un remolque, un Smart, otro Lamborghini Huracán, un Tesla, un Mercedes Benz 2005, un Land Rover de 2018, un Toyota Camry, un Sea Ray, un Mercedes Benz 2011, un Bentley convertible continental”.

Le siguen “una embarcación Scout de 2014, un Fiat Cabriolet, un Mazda, un Ford Mustang 1970 de colección, un Mercury Montego 75 también, un Ford Mustang también de colección 1967, otro del año 69, otro del año 70, otro más del año 70, una Harley-Davidson de 2007, otra más de 2009, un Ford Mustang 1970, un Ford Mustang de 1968 también de colección, un Mercedes Benz 2012, otro Mercedes Benz 2010, un Jaguar sedán 2011 y una motocicleta”.

“Esta lista es una lista todavía parcial, es producto de una serie de investigaciones completamente comprobadas que se han realizado porque con el dinero que se robaban compraban cosas con el propósito de mantener el dinero en situación de lavado de todos los que intervinieron en esta trama”, sostuvo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

En su participación, reportó que el Gobierno de México ha bloqueado en el caso de García Luna solamente 29 millones 920 mil 195, “puesto que una de las características de esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países del Caribe, principalmente Barbados, en donde la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, Florida”.

Frente a los medios de comunicación, apuntó que de ese modo “ellos no tenían recursos en el sistema financiero mexicano, sino que usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con las dependencias públicas de México”.

“Se llegó incluso al extremo de que al Gobierno de la Ciudad de México le cobraron una cantidad relevante por un reconocimiento de adeudo de un contrato que nunca fue firmado y que no existió jamás”, dio a conocer el funcionario federal.

“Esto también ha sido denunciado y las autoridades de la ciudad pues están muy interesadas, están dando seguimiento a esto, porque tiene un origen en el presupuesto local, y la Unidad de Inteligencia Financiera ha dado toda la asistencia y toda la información al Gobierno de México”, agregó.

Más adelante, añadió que “hay 10 empresas que fueron bloqueadas por el Gobierno de México a través de la UIF, cuyo monto bloqueado solamente fue de cuatro millones y medio de pesos”.

“Las empresas cobraban e inmediatamente se llevaban el dinero, a ciencia y paciencia de las autoridades de entonces, quiero decirlo porque así fue”, enfatizó Gómez Álvarez.

En lo individual, abundó, existe una serie de personas que han sido bloqueadas y que “están en la lista de personas bloqueadas en relación con esta trama de corrupción, pero también por montos, algunos millones de pesos, pero no en los niveles de lo que fue hurtado a México”.

“Estamos esperando que se resuelva un recurso que presentaron los abogados de los demandados de García Luna y demás personas y empresas, con el propósito de que ya se inicie el juicio, se integre el jurado y se hará todo el esfuerzo con el propósito de recuperar el dinero de lo que se nos despojó como país y como pueblo”, concluyó.

García Luna fue acusado en Estados Unidos de aceptar millones de dólares para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad mientras enviaba toneladas de cocaína a territorio estadounidense, acusaciones que han sido respaldadas por varios testigos en las dos semanas de juicio.

El proceso ha generado gran expectativa en México por las informaciones que podrían salir a la luz pública y comprometer altos funcionarios mexicanos, entre ellos al expresidente Felipe Calderón, ya que muchos consideran muy difícil que García Luna pudiera tener ese nivel de colaboración con el Cártel de Sinaloa sin que el expresidente tuviera conocimiento de ello.

-Con información de AP