Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, informó que un Juez federal giró 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos del estado de Guerrero.

El ex director de la Agencia de Inteligencia Criminal está acusado por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó casi 50 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso Ayotzinapa. Entre ellas una en contra de Tomás Zerón, quien fuera ex director de la Agencia de Inteligencia Criminal (AIC) de la otrora Procuraduría General de la República (PGR).

Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, informó que Zerón huyó del país por lo que al capturarlo se espera la extradición correspondiente, a través de la ficha roja que la Fiscalía pidió a la Interpol para su localización a nivel internacional.

Las ordenes de aprehensión las dictó un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales a 46 servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero.

“A todos ellos se les acusa por los delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada” dijo Gertz en conferencia de prensa este martes.

El Fiscal General aseguró que los delitos no habían sido investigados, ni judicializados durante las diligencias que realizó la PGR. Las nuevas órdenes de aprehensión se sumaron a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo, en contra de funcionarios de la PGR

Recordó la aprehensión de José Ángel “N”, alías “El Mochomo”, quien fue un participante en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Ayer, fuentes de la FGR confirmaron a SinEmbargo la captura de Ángel Casarrubias, presunto líder de Guerreros Unidos, grupo criminal ligado a la desaparición forzada ocurrida en septiembre de 2014.

La detención se realizó desde el pasado miércoles en Metepec, Estado de México, cuando agentes de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión, la cual giró un Juez federal de aquella entidad por su probable participación en el delito de delincuencia organizada.

El Fiscal explicó que la PGR consignó, en septiembre de 2014, a funcionarios que posteriormente fueron puestos en libertad en virtud de la inconsistencia y parcialidad de las acusaciones en las que se omitió señalar la totalidad de las violaciones que cometieron durante su intervención en el caso.

“Entre ellas, la detención arbitraria, la tortura, la dilación en las puestas a disposición, la vulneración de los derechos de la defensa y las violaciones al procedimiento; ocultando también pruebas suficientes que permitieran conocer, de manera fehaciente, el destino