Sin aclarar si, acaso, apelará la decisión del magistrado que apenas el pasado viernes ordenó el restablecimiento de DACA, Sessions aseguró que la administración Trump está en “completo desacuerdo” con la orden que ha bloqueado sus planes para rescindir el programa creado por el presidente, Barack Obama, para ofrecer cobertura legal a hijos de inmigrantes indocumentados que llegaron en brazos de sus padres.

“La última administración violó su deber de hacer cumplir nuestras leyes de inmigración al dirigir e implementar un grupo masivo de inmigrantes ilegales”, dijo Sessions.

Apenas el pasado viernes, un juez federal consideró “ilegal” el desmantelamiento del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y reiteró que la administración debe restaurar completamente este esquema en beneficio de hasta 700 mil jóvenes indocumentados.

En su resolución, de 25 páginas, el juez John Bates dió al gobierno un plazo de 20 días para apelar.

El magistrado consideró que el ejecutivo de Donald Trump falló una vez más en justificar su propuesta de poner fin al mecanismo aprobado por el ex presidente, Barack Obama.

A través de ese programa, casi 700 mil jóvenes que fueron traídos ilegalmente a este país durante su niñez, conocidos como “dreamers” (soñadores), recibieron permisos de trabajo y empleo, y evitaron la posibilidad de deportación.

De acuerdo con el juez, el Gobierno necesita probar que ha considerado los beneficios para la sociedad de tener inmigrantes indocumentados en la fuerza laboral, en comparación con el interés del ejecutivo en hacer cumplir las leyes tal y como están escritas.

Estimó que el DHS no hizo eso en su revocación original del programa, anunciada en septiembre pasado, e incluso después de que el magistrado le dio la oportunidad de actualizar su razonamiento, la agencia federal no logró convencerlo.

“La corte no ve razón para cambiar su determinación anterior de que la rescisión del DACA fue arbitraria y caprichosa”, dictaminó.

Sin embargo, Banes dijo que había aceptado retrasar su decisión para dar al ejecutivo 20 días con el fin de establecer si tiene la intención de discutir el fallo del tribunal y, de ser así, solicitar una apelación pendiente de suspensión.