Gobierno y fiscalía revelan tres posibles causales de la desaparición de los 43, perpetrada por autoridades, militares, policías y el cartel Guerreros Unidos
September 26, 2023 - por Emir Olivares y Lilian Hernández/La Jornada y Sugeyry Romina Gándara/SinEmbargo.
Contingentes se congregan alrededor del Ángel de la Independencia, previo a la marcha en conmemoración por los nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en la Ciudad de México, el 26 de septiembre de 2023. Foto Luis Castillo
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El gobierno federal y la fiscalía especializada en el caso Ayotzinapa apuntan a tres posibles “causales” de la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014, conocida como la Noche de Iguala.
Esta tarde, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador difundió la “Narrativa de los hechos de acuerdo con la investigación realizada”, donde se presentan las tres “causales”: se les confundió con otro grupo delictivo; una revancha por parte del alcalde de Iguala, José Luis Abarca; o la posibilidad que en alguno de los autobuses tomados por los jóvenes hubiese droga, armas o dinero relacionado con el trasiego de drogas.
El documento refiere: “De acuerdo con diversos testimonios, es probable que a los estudiantes se les haya separado en al menos tres grupos y que los hayan llevado a diferentes lugares para su ejecución y desaparición en los municipios de Cocula, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri, Huitzuco, Iguala, San Miguel Totolapan, Taxco, Teloloapan y Tepecoacuilco”.
Asimismo, revela que existían vínculos entre autoridades de los tres niveles de gobierno, incluidos efectivos del Ejército y la Policía Federal, con el grupo delictivo señalado como el perpetrador de los crímenes. Militares y federales “recibían dinero de Guerreros Unidos, proveían armas y municiones, facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo”.
El reporte, dado a conocer por instrucción del propio mandatario federal, abunda en esas posibles causas de la desaparición.
“Confusión de los Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de Los Rojos entre los estudiantes de Ayotzinapa, en el contexto de la disputa por la plaza de la región de Iguala.
“La intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas de parte del alcalde (de Iguala) José Luis Abarca y Guerreros Unidos, tras las protestas y destrozos al palacio municipal de Iguala, por la desaparición y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera.
“El trasiego de drogas y la eventual presencia de droga, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados”.
Agrega que al momento de la desaparición de los estudiantes, Guerreros Unidos “mantenía un importante nivel de penetración y cooptación de las autoridades encargadas de la seguridad pública y el combate al narcotráfico en la región. Esta red que involucraba a autoridades de los tres órdenes de gobierno fue, sin duda, un factor que ‘facilitó’ y perpetró la desaparición forzada de los 43 normalistas”.
Con base en diversas fuentes, el informe apunta a la relación “entre algunos elementos de la Policía Federal y del Ejército que operaban en la región de Iguala con Guerreros Unidos”.
Agrega: “Derivado de diversas declaraciones de distintos testigos, así como mensajes de texto aportados por la DEA, se vinculan con Guerreros Unidos el entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala —que fue promovido a general en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto—; el capitán José Martínez Crespo; y el entonces Coronel Rafael Hernández Nieto, Comandante del 41 Batallón.
“Conforme a estas declaraciones, algunas brindadas en procesos judiciales en Estados Unidos, estos elementos recibían dinero de Guerreros Unidos, proveían armas y municiones, facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo”.
Otros funcionarios vinculados con ese grupo criminal son; el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de Salomón y Alberto Pineda Villa, quienes eran gente del cártel de los Beltrán Leyva; el presidente municipal del Cocula, César Miguel Peñaloza Santana; los jefes de las policías municipales de Huitzuco, Cocula, Tepecoacuilco e Iguala, quienes a la par eran integrantes de Guerreros Unidos.
“Un indicador del alto nivel de corrupción al interior de las policías municipales es el caso de ‘Los Bélicos’, grupo élite de la policía de Iguala. Éste estaba conformado por aproximadamente 40 elementos, comandados por Francisco Salgado Valladares, subdirector de la policía municipal de Iguala. También había penetración del crimen organizado en las policías de Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco”.
El reporte señala que actualmente están detenidas 132 personas relacionadas con los hechos en diversos penales: 41 integrantes de Guerreros Unidos, 71 policías (cinco federales, tres federales ministeriales, siete estatales, dos de Cocula, nueve de Huitzuco y 45 de Iguala); tres funcionarios de la Fiscalía General de la República.
Así como el ex secretario de Seguridad Estatal de Guerrero, el ex presidente Municipal de Iguala y su esposa —quien era presidenta del DIF de ese municipio—, y 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
LA DESAPARICIÓN
Sugeyry Romina Gándara*/SinEmbargo.
La desaparición de los jóvenes, según plantea el documento, se atribuye principalmente al grupo de Guerreros Unidos, quienes lo habrían hecho en colusión y complicidad con autoridades y policías municipales y federales.
Explica que en el año 2014, Guerreros Unidos estaba encabezado por los hermanos Ángel Adán y Sidronio Casarrubias Salgado. En el segundo nivel de mando, los líderes de la plaza eran Gildado López Astudillo “El Gil” y Juan Salgado Guzmán “El Indio”, tío de los hermanos Casarrubias y jefe operativo.
En este tenor, sobresale que la versión de que los alumnos que fueron detenidos por la Policía de Iguala y que fueron llevados a la Comandancia es falsa.
La información detalla que los normalistas, asegurados por la Policía Municipal de Iguala en Juan N. Álvarez, que iban a bordo de los autobuses 1568 y 1531 fueron entregados en realidad por los elementos policiacos al grupo de Guerreros Unidos.
Francisco Salgado Valladeres, de acuerdo con el informe, instruyó a la Policía de Cocula a recoger a los estudiantes, que estaban en la comandancia de la Policía de Iguala, y los entregaran en Loma de Coyoles a los policías municipales de Iguala.
El informe identifica principalmente, como parte de la colusión del Ejército, al Capitán Crespo, quien participó, según el informe, en la entrada de los estudiantes. Esta aseveración se obtuvo a partir de la declaración del testigo protegido identificado como Juan.
“….Pero en días posteriores yo tuve la oportunidad de platicar personalmente con el capitán José Martínez Crespeto y él me refirió que pues había colaborado a la detención y a entregar algunos, estos muchachos a Nicolás Nájera Salgado (líder de Guerreros Unidos) y a los hermanos Benítez Palacios… que había apoyado a detener algunas personas que venían en los autobuses y que los habían llevado al interior del 27 Batallón para interrogarlos”, señala el testimonio.
La narrativa afirma que a las 23:19 horas del 26 de septiembre, las cámaras del C4 de Iguala registraron tres camionetas pick up de la policía municipal de Cocula llevando a estudiantes normalistas a bordo.
Esa información, de acuerdo con reportes presentados por Sedena, presume que esas serían las camionetas que llevaban a los estudiantes que fueron entregados a Guerreros Unidos en Loma de Coyotes.
El informe también resalta la declaración de la testigo protegida de nombre Carla, quien refirió que los estudiantes fueron repartidos en grupos cuando estaban en barandillas de la comandancia. “Ahí dijeron para dónde se iban a ir, quién y quién los iba a trasladar”, según el testimonio presentado.
Los estudiantes, de acuerdo a esa narrativa, habrían sido separados en al menos tres grupos, llevándolos a diferentes lugares para su ejecución y desaparición en los municipios de Cocula, Cuézala del Progreso, Eduardo Neri, Huitzuco, Iguala, San Miguel Totolapan, Taxco, Teloloapan y Tepecoacuilco.
Entre los testimonios recopilados para plantear esa premisa se presenta, de nueva cuenta, los testigos de Carla y Juan, quienes coinciden en que los jóvenes fueron separados en tres grupos.
Juan particularmente refiere que hubo intervención del Ejército y policía estatal en la custodia de los jóvenes, y que estos “habrían sido asesinados y espaciados en diversos lugares, señalando que un grupo de varios de ellos habrían sido disueltos en ácido”.
Entre las presunciones de a dónde se habrían llevado a los jóvenes señalan lugares como Pueblo Viejo, el crematorio Urióstegui y al horno verde, donde testigos dicen que llevaron paquetes de bolsas de plástico negras; el poblado de Coacoyula, una mina abandonada en el municipio de Taxco Alarcón, el Rancho de los Tilos en Iguala, Huitzuco, Río Azul, que es un brazo del Río Balsas ubicado al sur de Iguala en Atzcala, Cocula; además, se ubicó una referencia adicional sobre el Río Balsas como uno de los posibles destinos de los estudiantes.
Otro de los sitios referidos es la Barranca de Carnicería, ubicada a 800 metros del basurero de Cocula, donde presuntamente se encontraron fragmentos calcinados e identificados como pertenecientes a Christian Alfonso Rodríguez Telumbra y Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Por ejemplo, se establece que a las 00:00 del 27 de septiembre de 2014, Felipe Flores Velázquez señala que Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, le comentó que “El Gil” (su jefe) se comunicó con él para informarle que “se rompieron las negociaciones que debía hacerse cargo de los jóvenes, los que les fueron entregados a él, por lo que los mata y entierra en un cerro rumbo a Pueblo Viejo, donde utilizó un trascabo que salió de la bodega donde realizadas las negociaciones, el cual posteriormente, fue a parar al panteón del Cristo Rey”.
El documento también agrega que Carla, la testigo, refirió que uno de los estudiantes habría sido quemado o llevado rumbo a Cocula. “A uno sí me enteré que lo habían quemado, pero ese se lo llevó ‘El Gil’, se lo llevaron rumbo a Cocula, pero no sé dónde lo quemaron”, se lee en el testimonio presentado en el informe.
De acuerdo con los testimonios presentados en la narrativa, los estudiantes habrían sido asesinados de diferentes maneras, algunos de los sicarios señalan que algunos de los normalistas los mataron con el tiro de gracia, otros afirman que fueron mutilados y metidos en bolsas negras, otros que fueron incinerados y otros habrían sido disueltos en ácido.
Además, dentro de la reciente narrativa en la parte que abordan las teorías de la desaparición, presentan las declaraciones del testigo el “Neto”, quien dijo que por órdenes dadas al sicario conocido como “El Pato”, alude que quemaron algunos cuerpos que habrían sido llevados a Cocula y que “los cuerpos que no alcanzaron a quemarse totalmente fueron colocados en fosas”.
También reitera que no todos los estudiantes habrían sido privados de la vida inmediatamente, pues indica que un grupo con al menos seis de los estudiantes fueron mantenidos con vida después de los hechos y los tenían en una bodega de seguridad ubicada en el lugar conocido como “El Coyote”. Lo anterior es establecido, según explica, a partir de capturas de pantalla con mensajes de texto que aluden a que cuatro días después de los hechos “El Chino” le informó al “Negro” que dejaron a seis estudiantes vivos en la Bodega Vieja porque se había calentado todo.
Otro testimonio para este planteamiento es el de Marco Antonio Ríos Berber quien declaró que el sicario Alfredo Paz Carranza, “La Mente”, le platicó que en un cerro de la colonia Pueblo Viejo, el sicario alias “El Chucky”, “El Chay”, “La Mente” y “El Gaby” mataron a tres estudiantes de Ayotzinapa, posteriormente llevaron otro grupo de diez, de los cuales, privaron de la vida a seis de ellos, dejaron vivos a cuatro, sin especificar qué sucedió con ellos.
Además, se aborda la denuncia anónima registrada a las 21:11 horas del 30 de septiembre, por parte de la Sedena, la cual asegura que tenían a unos estudiantes de la normal en una bodega ubicada en Pueblo Viejo, entrando a la colonia Guadalupe.
Con respecto a que los estudiantes fueron divididos y tuvieron varios destinos, la investigación del grupo de expertos independientes del GIEI determinaron que el desarrollo de los hechos tuvo más de 10 escenarios y momentos el 26 de septiembre, a partir de la información existente en el expediente y de la obtenida por el propio grupo de expertos.
En el informe de la Comisión de la Verdad y Justicia para el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) presentado en septiembre del año pasado, ubicó al menos 12 regiones como las principales zonas de interés y en donde se ha concentrado parte de la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos.
El anexo 8 del documento muestra un apartado titulado “¿Dónde están?”, el cual da a conocer estos sitios, identificados a partir de los testimonios de los sicarios de Guerreros Unidos y personas involucradas en la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
Aunque el análisis de la Comisión no precisa un dato contundente con respecto al paradero de los estudiantes, da cuenta de los principales puntos de interés para la búsqueda de los estudiantes: los pozos y parcelas al norte de Iguala; el basurero de Tepecoacuilco; Las Viñatas; las minas cercanas al CBTIS en Huitzuco; fosas clandestinas en Pueblo Viejo; el poblado Mezcala, en el municipio de Eduardo Neri; algunos puntos al sur de Carrizalillo; y diversos puntos en el ejido Cocula, principalmente la Barranca de la Carnicería.
El anexo del informe también presenta al menos 20 coordenadas en donde están distribuidas fosas clandestinas en Guerrero, en las que hay probabilidad de hallazgos de cuerpos, aunque no especifica que ahí puedan encontrarse los estudiantes.
En la ubicación de Tepochica, en Guerrero, la Comisión detalló al menos tres puntos de interés: una cancha de usos múltiples; una escuela de primaria, secundaria y bachillerato; y la funeraria Ángeles.
La Comisión de la Verdad de Ayotzinapa recomendó “continuar con la búsqueda en la ribera del Río Balsas y en la laguna del Nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en la brecha Lobos y en el paraje Suriano en Iguala, así como en las inmediaciones de Tepehuaje”.
“CREYERON QUE ENTRE LOS ESTUDIANTES IBAN LOS ROJOS”
En relación con la suposición de que la desaparición se debió a una confusión, se plantea la hipótesis de que el líder de Guerreros Unidos, en connivencia con las autoridades municipales, estatales y federales, habría confundido a los estudiantes con miembros de “Los Rojos”, el grupo rival de esa organización criminal.
De acuerdo con la narrativa planteada a los padres, se muestran diversos testimonios para argumentar dichas tesis, como el de “El Cepillo”, quien habría declarado: “eran sicarios de ‘Los Rojos’ y estudiantes de Ayotzinapa. Algunos de los detenidos venían amarrados con mecate, otros esposados, que algunos iban golpeados y enfrentados y que, entre ellos, los agentes de la policía Municipal ‘La Rana’ y ‘El Wereke’, Evaristo ‘Memín’ o ‘Pingüitín’, y Bernabé Soltelos Salinas, ‘Peluco’, comenzaron a subir a la camioneta, de tres y media toneladas, a los normalistas y que, conforme los iban subiendo, a quienes traían esposas se las quitaban y que, una vez arriba de la plataforma de la camioneta de tres y media toneladas, los acomodaron acostados, como costales, unos boca abajo y otros de lado, formando una especie de torre, unos encima de otros hasta subir a todos los estudiantes”.
La hipótesis de que los estudiantes fueron confundidos no es nueva. Esa línea se menciona en el informe de la Comisión para la Verdad Ayotzinapa (Covaj) presentado en septiembre del año pasado, en el que establece que A1, uno de los jefes delictivos (“El Gil”) ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque pensaban que entre ellos había integrantes del grupo antagónico. Además, el documento también aborda que las instrucciones originales eran quemar a los estudiantes, pero al ser muchos decidieron “repartírselos”.
Afirma que se ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque, detalla el informe, no sabían “quién es quién, y se está calentando la plaza demasiado”.
La testigo protegida de nombre Carla, según se establece en el informe de la Covaj, expuso que a ella le solicitaron tomar fotografías a todos los estudiantes porque se “creía que entre ellos había personas de los Rojos” y de todos ellos, sólo tres le interesaron a sus superiores, “El Cochiloco” y “El Chilango”. Se detalla que “AI” pidió recuperar “la mercancía” de uno de los camiones y ordenó: “me chingan a todos a discreción”.
Agrega que los estudiantes que iban en el autobús 1531 fueron asegurados por parte de las policías municipales de Huitzuco e Iguala frente al Palacio de Justicia y que, inicialmente, la detención era “solamente para darles una chinga a los estudiantes porque el ‘AI’ no quería disturbios, además de recuperar el material (droga) que supuestamente venía en uno de los autobuses”.
Otro de los aspectos que también dice el informe es que los alumnos que iban en el camión 1568 fueron sustraídos de la Comandancia de Iguala por parte de los policías de Iguala y Cocula, y estos fueron entregados en Loma Coyotes a miembros de Guerreros Unidos.
También se presume que los normalistas del camión 1531 fueron llevados a Loma de Coyotes y que, por otro lado, los asegurados por la policía de Huitzuco fueron trasladados a este municipio.
Desde que presentó el informe de la Covaj, el subsecretario Alejandro Encinas insistió en que, contrario a lo que dice la “verdad histórica” —que los 43 estudiantes fueron detenidos, ejecutados y quemados en el basurero de Cocula y esparcidos sus restos en el río San Juan—, la CoVAJ estableció que, en muchos de los casos, debido a la magnitud de la movilización de sicarios y el número de muchachos que pretendían desaparecer, fueron reubicados en distintos puntos, entre ellos, según los testimonios, el Río Balsas, el pozo de Pueblo Viejo, y la mina hacia Taxco.
INCONFORMES CON LA VERSIÓN
El mal sabor de boca, la desesperación y, sobre todo, la decepción son sentimientos evidentes en los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, quienes hoy conmemoran el noveno aniversario molestos con el Gobierno federal.
La relación entre los padres de los estudiantes desaparecidos y el Gobierno federal ha llegado a un punto crítico, marcado por una creciente tensión debido a su demanda de acceder a documentos de espionaje militar para entender completamente lo que ocurrió esa noche en Iguala.
En la reunión de ayer, las autoridades presentaron nuevos elementos de la investigación del caso Ayotzinapa. Sin embargo, lejos de aportar claridad y esperanza a los padres, según denunciaron, esta presentación generó aún más desazón entre los familiares.
“Ellos quieren hacer una ‘verdad histórica’ a su modo”, destacó Mario César González Contreras, uno de los padres de los estudiantes desaparecidos, en referencia a las autoridades gubernamentales. La “falta de respeto” percibida por los padres y madres de los 43 estudiantes durante esta reunión los llevó a considerar su relación con el Gobierno federal.
Mario González, en nombre de los padres, enfatizó que no es exagerada su postura al denunciar que la nueva información presentada se acerca más a una “verdad histórica” que a una investigación imparcial. Además, expresó su preocupación por el hecho de que en los datos presentados se criminalizó a los estudiantes desaparecidos.
De acuerdo con los familiares, durante la reunión las autoridades les habrían comentado que la información que han estado pidiendo, de las investigaciones militares, se la solicitarán a “El Gil”, líder criminal de Guerreros Unidos, supuesto responsable de ordenar el secuestro y asesinato de los normalistas, detenido el 16 de septiembre de 2015.
“Desafortunadamente a la reunión no fue (el General Luis Cresencio) Sandoval para responder a nuestras preguntas”, dijo. “(Nos dijeron) cosas incoherentes, pues la información que nosotros exigimos, quieren que se la pidamos a ‘El Gil’”, explicó.
Mario González, quien es el padre de los normalistas y también se encuentra en la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa (dependiente de Segob), detalló que Alejandro Encinas les entregó un informe diferente al previamente acordado.
“Ya habíamos hablado de su informe anterior que supuestamente es el que iba a sacar. Desafortunadamente no sé qué pasó y lo cambió por el otro informe que se puso sobre la mesa, y ayer resulta que nuevamente salieron a colación ‘El Pato’ y ‘El Chereje’, y empezaron a criminalizar a los alumnos, porque nuevamente los volvieron a criminalizar”, explicó.
El padre reiteró que salieron decepcionados porque la reunión era para que entregaran la información faltante y no para presentar otra versión de los hechos.
“Yo creo que ya marcaron el camino de que no van a entregar nada y, además, quieren hacer una ‘verdad histórica’ a su modo. Afortunadamente nosotros tenemos con qué seguir exigiendo lo que hace falta”, explicó.
Ayer, Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los 43, reiteró que los datos que les fueron presentados “se acercan más a la Verdad Histórica”, pues denunció que la narrativa presentada por el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) continúa con que los estudiantes estaban “infiltrados” y que lo ocurrido se trató de una disputa entre bandos.
“[Alejandro Encinas] ahora está incorporando elementos nuevos a este informe [presentado en la reunión] más cercanos a la ‘Verdad Histórica’ e incluso criminaliza a los estudiantes de la Normal, refiere que había una infiltración de los estudiantes. Vuelve a reducir los hechos a un asunto local”, señaló.
El abogado insistió que esta reunión “fue peor” que la que tuvieron la semana pasada con el Presidente López Obrador.
