El director de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Leonel Cota Montaño, describió ante diputados el impacto de las irregularidades cometidas entre 2019 y abril de este año, cuando llegó al cargo: “Los primeros días fueron tremendos, de observar todas las desviaciones”.

Cota, sin embargo, eludió las preguntas que PRI, PAN y PRD le hicieron sobre la probable responsabilidad de su antecesor, Ignacio Ovalle Fernández. No obstante, fue el diputado Raymundo Atanacio, quien retrató: “usted está revisando el cochinero que le dejaron y los malos manejos de recursos públicos”.

Durante más de tres horas, el ex gobernador de Baja California se reunió con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y anticipó que antes de terminar el año habrá resultados de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR).

“No hay carpetazo. Ya hay judicializadas algunas denuncias, sin embargo, el juez correspondiente no ha decidido la detención de los involucrados, que no pueden salir de la ciudad. Nuestro llamado a los jueces e instancias de procuración de justicia para que se aplique la ley sin ninguna consideración”, planteó.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado observaciones por 9 mil 500 millones de pesos por la compra de maíz y frijol.

Cota Montaño dijo hoy a los legisladores que se dedicó a visitar los almacenas de Diconsa –filial de Segalmex- y encontró más de 100 mil toneladas de ambos productos. “Doy fe”, insistió.

“Desorden, sí; responsabilidades, sí; que se aplique la ley, sí, pero espero resolver buena parte de las observaciones con elementos sustantivos, porque o podemos darle valor a un documento, si lo que se compró, estaba en los almacenes”.

En ese sentido, atribuyó las irregularidades a la falta de documentación que compruebe la compra y pago de frijol y de maíz, y dijo que hasta ahora se han atendido observaciones equivalentes a 4 mil 475 millones de pesos en Segalmex, Diconsa y Liconsa.

“Tenemos los registros y los recursos en los bancos, de lo que se deriva de esas ventas”, indicó.

Durante la reunión de trabajo, Cota Montaño reconoció que, a cambio de contratos por ventas consolidadas, empresas depositaron 60 millones de pesos a una cuenta privada por una “cuota” que funcionarios les impusieron.

“Pero cuando llegamos a esta responsabilidad, instruimos a que lo depositen en las cuentas de la institución y evitar el problema de que la administración se haga responsable de estos desvíos”, indicó.

Entre las irregularidades en la administración de Ovalle, ex funcionarios destinaron 100 millones de Segalmex y 800 millones de Liconsa, para invertir en certificados bursátiles fiduciarios en la Bolsa Mexicana de Valores.

Cota confirmó que se ha recuperado el ciento por ciento de esos recursos, pero falta recobrar los intereses generados por la “inversión” en certificados bursátiles.

Informó además que, con autorización de la Secretaría de la Función Pública y la FGR, se instaló una mesa de recuperación del daño al erario, con las empresas involucradas, que han pagado 300 millones de pesos. “Vamos a recuperar mucho más que eso, pero no se exonera a ningún funcionario”, expuso