Un nuevo estudio precisa que el gobierno de Estados Unidos ha gastado hasta mil  millones de dólares en escuelas chárter que nunca se abrieron, o se abrieron y luego cerraron debido a la mala administración y otras razones.

Indica también que el Departamento de Educación no controla adecuadamente cómo se gasta el dinero de la subvención e ignora recomendaciones para resolver problemas en estos planteles expuestos por diversas investigaciones.

El informe, titulado “Dormido en la rueda”, elaborado por la organización no lucrativa Network for Public Education, dice que fueron otorgadas más de mil subvenciones a que nunca abrieron, o cerraron posteriormente debido a una mala administración, un desempeño deficiente, falta de inscripción o fraude.

“De las escuelas que recibieron subvenciones directamente del departamento entre 2009 y 2016, casi una de cada cuatro nunca abrió o cerró sus puertas”, dice.

Algunas subvenciones en el programa federal de escuelas autónomas (CSP, por sus siglas en inglés), que tiene una vigencia de 25 años, se han otorgado a las chárter “que establecen barreras para la inscripción de ciertos estudiantes”, precisa.

Ya agrega que 35 chárter de California que recibieron subvenciones aparecen en una lista de las cartas de la American Civil Liberties Union “que discriminan, en algunos casos ilegalmente, en las admisiones”.

El reporte precisa que el proceso de aprobación de la subvención del departamento para las chárter ha sido muy deficiente, ya que no hacen “ningún intento de verificar la información presentada” por los solicitantes.

Agrega el estudio que el Departamento de Educación, bajo  administraciones republicanas y demócratas, ha “ignorado en gran medida o no se ha abordado suficientemente” las recomendaciones para mejorar el programa realizado por su propio inspector general.

“Nuestra investigación encuentra que el Departamento de Educación de los Estados Unidos no ha sido un administrador responsable de los dólares de los contribuyentes en su gestión de la CSP”, dice.

SILENCIO DE DEVOS

Betsy DeVos.

Ante la insistencia de medios, el Departamento de Educación no ha respondido a las preguntas sobre los hallazgos del estudio, que ha sido entregado a los miembros del Congreso con autoridad de supervisión de la educación.

Las escuelas charter están financiadas con fondos públicos, pero son administradas por empresas privadas, a veces por empresas con fines de lucro, y se han convertido en una parte controvertida del movimiento de “elección escolar” que ha ganado terreno en todo el país durante las últimas décadas.

Hoy en día, alrededor del 6 por ciento de los niños en edad escolar del país asisten a escuelas autónomas, con 44 estados más el Distrito de Columbia, Guam y Puerto Rico que tienen leyes que lo permiten. Algunos estados tienen sólo unas pocas chárter, mientras que otros tienen muchos como California que posee la mayoría de esos planteles y de sus estudiantes.

En Los Ángeles, el 20 por ciento de los niños asisten a esas escuelas. En el distrito escolar, casi la mitad de los escolares de la ciudad van a escuelas autónomas.

Inicialmente, los partidarios de las chárter las consideraron competitivas para impulsar las escuelas públicas tradicionales hacia la reforma educativa. Con el tiempo, esa narrativa cambió y los patrocinadores promocionaron las chárter como opciones para las familias que querían alternativas a las escuelas con problemas en los sistemas tradicionales.

Dicen que la mayor parte de ese tipo de centros escolares son superiores a las escuelas públicas tradicionales cerca de ellos.

Los opositores dicen que los estatutos son parte de un esfuerzo por privatizar la educación pública, que hay poca responsabilidad pública sobre muchos de ellos y que agotan los recursos de los distritos tradicionales donde la gran mayoría de los niños asisten a la escuela. Dicen que muchas escuelas tradicionales son superiores a las escuelas autónomas cercanas.

590 MILLONES DE DOLARES ANUALES, COSTO DE LAS CHARTER AL DISTRICO ESCOLAR ANGELINO

En Los Angeles, el sindicato magisterial ordenó un estudio con una agencia especializada, que concluyó que las chárter absorben 590 millones de dólares anuales al distrito escolar, lo que sangra a las escuelas públicas.

El informe, subtitulado “Cómo el programa federal de escuelas chárter lleva a los contribuyentes y estudiantes por un viaje imprudente”, fue escrito por Carol Burris, directora ejecutiva de la Red para la Educación Pública y ex director de una escuela secundaria de Nueva York, y Jeff Bryant , un experto en comunicaciones y periodista de defensa que ahora es corresponsal en jefe del proyecto “Nuestras Escuelas” del Instituto de Medios Independientes.

La Red para la Educación Pública, cofundada por la historiadora  Diane Ravitch, defiende la educación pública.

Burris y Bryant dijeron que están pidiendo al Congreso que suspenda la financiación de nuevas subvenciones chárter a través del CSP , que realice “auditorías exhaustivas de las concesiones de subvenciones anteriores” y adopte medidas para garantizar que el dinero de la subvención existente se utilice de manera responsable.

Varias organizaciones de derechos civiles han pedido una moratoria en las nuevas escuelas autónomas, incluidas la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) y el movimiento Black Lives Matter.

El nuevo gobernador de California, Gavin Newsom, formó un grupo de trabajo para revisar el impacto que las escuelas autónomas tienen en los distritos escolares públicos tradicionales en medio de una creciente reacción contra la expansión de la chárter sin restricciones en algunas partes del país.

Burris y Bryant dijeron que pasaron meses revisando el Programa federal de escuelas autónomas, que comenzó en 1994 con el objetivo, según el departamento, de proporcionar fondos “para crear nuevas escuelas públicas autónomas de alta calidad, así como para difundir información sobre las que tienen una historial probado ”y para“ replicar y expandir escuelas exitosas ”.

Los demócratas y los republicanos en el Congreso y en la Casa Blanca han apoyado constantemente el programa.

Los maestros que se han declarado en huelga en los últimos meses, incluso en Los Ángeles, Denver y Oakland, California, han citado la expansión de las escuelas autónomas como uno de los desafíos que ven para los sistemas públicos tradicionales.

El gobierno federal realizó el último análisis importante de su Programa de Escuelas Chárter en 2015, cuando dijo que el programa había proporcionado   tres mil 300 millones de dólares desde su inicio para financiar la creación, replicación y expansión.

Desde entonces, el departamento no ha actualizado la lista de escuelas que han recibido subvenciones.

Burris y Bryant estimaron en su informe que la financiación del programa “ha aumentado a más de  cuatro mil millones” y que hasta una cuarta parte de esa cantidad se ha desperdiciado”.

SUBVENCIONES SIN CONTROL

Los autores dijeron que examinaron el proceso de solicitud del programa y compararon los reclamos hechos por los solicitantes de subvenciones con la información en las bases de datos estatales y en los sitios web de las escuelas. Descubrieron que las subvenciones se otorgaban “sin control” de las reclamaciones de los solicitantes.

Como resultado, numerosos beneficiarios de subvenciones afirmaron que tratarían de inscribir altos porcentajes de estudiantes minoritarios y desfavorecidos, aun cuando sus programas y políticas se diseñaron para atraer a poblaciones con ventajas.

Solo en 2015, el departamento impuso restricciones en una de sus subvenciones al Departamento de Educación de Ohio. El sector chárter de ese estado ha sido conocido durante mucho tiempo como escandalizado. Un informe de mayo de 2015 en el Akron Beacon Journal, que los funcionarios federales aparentemente pasaron por alto, dijo:

Ningún sector, ni los gobiernos locales, los distritos escolares, los sistemas judiciales, las universidades públicas ni los hospitales, pierde el dinero de los impuestos, como las escuelas chárter en Ohio.

La oficina del inspector general del Departamento de Educación a lo largo de los años ha emitido informes que mencionan problemas con el programa, más recientemente en 2016. Descubrió que de las 33 escuelas que revisó, la mayoría tenía conflictos de interés con las organizaciones que los administran, conocidas como organizaciones de gestión de estatutos (CMOs).

Burris y Bryant escribieron: “Encontramos ejemplos preocupantes de CMO’s que recibieron subvenciones masivas que se involucraron en prácticas que empujan a los estudiantes de bajo rendimiento, violan los derechos de los estudiantes con discapacidades y eliminan sus cuerpos estudiantiles a través de políticas, programas y solicitudes de donaciones de los padres. . ”

Pero, dijeron, el Departamento de Educación tomó poca o ninguna medida sobre las recomendaciones para solucionar los problemas identificados en el informe de 2016 o los anteriores del inspector general.

Mientras tanto, la secretaria de Educación, Betsy DeVos, acaba de proponer gastar $ 60 millones más en escuelas autónomas el próximo año.

 Aquí está el nuevo informe: