La Fiscalía General de la República (FGR) imputó judicialmente a cinco presuntos involucrados en los hechos que dejaron un saldo de 39 migrantes fallecidos y causaron lesiones en 28 extranjeros más, los cuales se encontraban retenidos en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez, la cual se anunció dejará de operar desde hoy a fin de garantizar un trato digno y humanitario a los migrantes, informaron la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías.

En la tercera conferencia de seguimiento a las investigaciones de lo sucedido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde se provocó un incendio y la falta de acciones para que los migrantes pudieran escapar de la conflagración por parte de integrantes del Instituto Nacional de Migración (Inami) y personal de seguridad privada contratado por ese organismo.

La fiscal indicó que se habrá determinar conforme avancen las investigaciones, si hay responsabilidad de altos mandos del Inami en lo sucedido, y en tanto luego de celebrarse la audiencia inicial y de imputación, los abogados de los cinco presuntos responsables contra los que ya se cumplimentaron órdenes de aprehensión, solicitaron la duplicidad del plazo para que se les defina si situación jurídica.

La FGR presentó cargos de homicidio y daño en propiedad ajena en contra de tres agentes del Inami y dos agentes de seguridad privada, y el juez que conoce del caso determinó dictar como medida cautelar que permanezcan en prisión preventiva.

Inicia proceso de sanciones contra empresa de seguridad privada

El gobierno mexicano puntualizó que el contrato del Inami con la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa SA de CV (que tenía personal de custodia laborando en la estación migratoria de Ciudad Juárez) , “se otorgó por adjudicación directa y que le permitía prestar sus servicios en instalaciones de este organismo, ubicadas en 23 estados de la República.

“El documento establece una vigencia del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2023, con un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 190 millones. Este contrato será rescindido”, informó Rosa Icela Rodríguez.

La funcionaria precisó que se inició el proceso sancionador administrativo contra la empresa, “la cual ya fue notificada, debido a que incurrió en al menos nueve omisiones”, e informó sobre cinco de ellas: “ofrecer servicios diferentes a los autorizados y bajo el nombre de Grupo TANK Seguridad Privada Profesional”; además, “a pesar de haber reportado trabajar con sólo cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes y no tener permiso de portación de armas, en realidad realizaba tareas de seguridad intramuros, con escoltas o elementos armados, protección a funcionarios; rastreo y localización satelital (GPS), custodia de mercancías, seguridad para eventos especiales, capacitación en materia de seguridad (de personal privado), consultoría en seguridad y asesoría en sistemas de seguridad electrónica; controles de acceso, sistemas de intrusión y sistemas de video vigilancia (CCTV)”.

Rodríguez Velázquez precisó que en el “caso del Inami -la empresa- tenía 503 elementos desplegados en distintos inmuebles”.

Al detallar las irregularidades detectadas a Camsa SA de CV, dijo que “también omitió actualizar el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada relativo a sus sucursales”; evitó “en todo momento aplicar, tolerar o permitir actos de tortura, malos tratos, actos crueles, inhumanos o degradantes”.

De igual manera, Camsa no inscribió ni capacitó ni presentó a su personal operativo a la Dirección General de Seguridad Privada, a los exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos de su personal operativo.

Camsa SA de CV tampoco implementó “mecanismos que garanticen el cumplimiento de obligaciones del personal operativo, así como inscribir a su equipo en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública y su uniforme ante el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública”.

Investigación clara y sin impunidad

La titular de la SSPC dijo respecto a los señalamientos del grupo de empleados del Inami y familiares de los detenidos: “a quienes se movilizaron, nosotros no vamos a cometer injusticias. La investigación llegará hasta dónde tope, habrá un deslinde muy claro de responsabilidades.

“Los familiares puedes estar seguros que se trata de una investigación clara y a fondo, se trata de homicidios, un delito muy grave y no podemos permitir que haya impunidad en este hecho tan grave”.