Se trata de un paquete de reformas que envió al Congreso capitalino, que implica modificaciones al artículo 8 constitucional, y una iniciativa de ley que hace obligatoria la inversión de recursos para la instalación de infraestructura, a fin de brindar servicio gratuito de Internet de banda ancha a toda la población y permita su acceso libre y sin restricción de contenidos.

El diseño de la política de conectividad estará a cargo de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), mientras las alcaldías podrán apoyar con la habilitación e instalación de la infraestructura.

Se dará prioridad a pueblos, barrios y comunidades con mayor rezago en la cobertura de Internet, así como en inmuebles destinados a educación pública, salud, oficinas de gobierno, centros comunitarios, parques, plazas públicas y sistemas de transporte.

Además, se obliga a las alcaldías y organismos autónomos –los que deben de prever recursos anuales para tal fin– a proporcionar el servicio de Internet en los edificios públicos.

De manera general, la velocidad de navegación será de al menos tres megabits por segundo de descarga por usuario para que las personas puedan acceder al servicio en las mejores condiciones.

Asimismo, se busca dar facultades a la ADIP para otorgar permisos administrativos temporales revocables (PATR), cuya contraprestación sea proporcionar servicios de conectividad.

Se prevé establecer medidas de ciberseguridad, con lo que se prohíbe a toda la administración pública recopilar datos personales de los usuarios, de lo contrario se podrían aplicar sanciones. También se establece que la ADIP colaborará con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que se realicen las denuncias correspondientes en caso de vulnerar los datos personales de los usuarios.

En la actualidad, la Ciudad de México cuenta con 26 mil 177 puntos de Internet gratuitos, lo que la convierte en la capital con más conectividad en el mundo, seguida de Moscú, Rusia, con 20 mil 996 puntos de Internet, y Seúl, Corea, con 13 mil 844 puntos.

La presente iniciativa impacta de forma positiva en la vida de la población de la Ciudad de México, al otorgar acceso a Internet de manera gratuita, y con ello garantizar el servicio a quien menos tiene, ponderando sus derechos fundamentales, refiere el documento.