La ley SB1718 es inconstitucional y será demandada en las cortes el lunes o el miércoles próximo. Las organizaciones que presentarán las querellas: el Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU de Florida, Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council.

El argumento fundamental es que la ley del gobernador Ron De Santis invade un área federal al decretar un ordenamiento relacionado con la inmigración, que no es de su competencia.

“El diseño e implementación de un ordenamiento sobre inmigración está sujeto a la autoridad federal. No se  puede permitir que un estado asuma papel de legislar y contravenir la ley federal,porque es violatorio de la Constitución, porque existe el principio legal de separación de poderes”, dijo el abogado y líder comunitario Juan José Gutiérrez.

Agregó:

“  A todas luces la 1718 es ilegal y está diseñada para generar miedo entre los inmigrantes e intolerancia entre los sectores que rechazan a este segmento de la población”.

Una ley parecida fue impulsada en California,  en 1994, por el gobernador republicano Pete Wilson, fue jamás se puso en vigor ya que fue derrotada en tribunales por organizaciones legales defensoras de la comunidad inmigrante.

Gutiérrez, asimismo, señaló que ante una situación tan grave como la implementación de la SB1718 es una obligación del Estado mexicano asegurarse de proteger a sus connacionales inmigrantes de Florida

“Enhorabuena que el Gobierno del presidente López Obrador tome este tipo de acciones y contribuya  -mediante un bufete jurídico- a detener la implementación de esa ley”, dijo.

Las organizaciones demandantes alegan que “la ley discriminatoria contra los inmigrantes representa una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado”.

La demanda se presentará contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en nombre de varias personas y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, una organización de derechos de los inmigrantes que se enfoca en la justicia social, política, económica, laboral, de salud y ambiental con y para los trabajadores agrícolas, alegando que la ley no solo viola los derechos fundamentales de las personas en el estado, sino que socava la riqueza cultural y las contribuciones económicas de los inmigrantes.

La demanda se centrará específicamente en las disposiciones perjudiciales descritas en la Sección 10, que criminaliza el transporte de personas a Florida que pueden haber ingresado al país sin inspección federal.

El ataque “no prevalecerá”, afirman abogados demandantes

Los abogados que demandarán a la ley SB1718 afirman que el ataque “no prevalecerá”. Aseguran que la norma  ya está infligiendo daños a largo plazo al estado en aras de ganancias partidistas a corto plazo.

Señalan que es un acto extremo de extralimitación del gobierno cuando esos trabajadores “se necesitan desesperadamente para nuestra economía, especialmente durante una escasez de mano de obra”.

Y subrayan que la norma republicana pone en peligro el tejido de las comunidades de Florida, su  economía, perpetúa estereotipos dañinos y crea atmosfera de miedo y hostilidad. “Esta ley rompe con la tradición floridana de dar cabida a los inmigrantes”, indican

El efecto punitivo de este proyecto de ley erosionará la seguridad pública y la salud pública, empujando a millones de familias de estatus mixto a las sombras y propiciando su explotación, señalan.

Tesis de los abogados demandantes:

Paul R. Chávez, abogado supervisor sénior del Proyecto de Justicia para los Inmigrantes del Southern Poverty Law Center, comentó:

“Este ataque a nuestras comunidades de inmigrantes no prevalecerá. Diseñado a propósito para infligir crueldad, el SB 1718 es inconstitucional y socava nuestra democracia. El poder único y exclusivo para regular la política de inmigración es otorgado por la Constitución de los Estados Unidos al gobierno federal, no a los estados. El intento del gobernador DeSantis de crear un sistema de aplicación de la ley de inmigración separado y rival administrado por el estado de Florida impide la capacidad del gobierno federal para hacer su trabajo. El efecto punitivo de este proyecto de ley erosionará la seguridad pública y la salud pública, empujando a millones de familias de estatus mixto a las sombras y propiciando su explotación. Cuando las personas temen denunciar delitos o buscar tratamiento médico, esto nos afecta a todos. Estamos comprometidos con garantizar que los inmigrantes sean tratados de manera justa, equitativa y con dignidad”.

“ SB 1718 es un ataque a la fibra de nuestro estado. Es un acto extremo de extralimitación del gobierno estatal destinado a incitar al miedo y criminalizar a las comunidades inmigrantes, desde familias en su vida cotidiana hasta trabajadores que se necesitan desesperadamente para nuestra economía, especialmente durante una escasez de mano de obra. Esta ley ya está infligiendo daños a largo plazo al estado en aras de ganancias partidistas a corto plazo. Apoyaremos la Constitución para afirmar los derechos de nuestras comunidades con la esperanza de redirigir a Florida hacia un futuro mejor”, expresó Amien Kacou, abogado de la ACLU de Florida.

En tanto, Shalyn Fluharty, directora ejecutiva de Americans for Immigrant Justices, expuso:

“Estamos luchando contra esta ley inconstitucional que hace que las comunidades de Florida tengan miedo e inseguridad. Los floridanos merecen un gobierno estatal que los proteja y empodere, y desafiaremos todos los intentos de perjudicar a nuestras comunidades. Florida tiene una orgullosa historia de dar la bienvenida a los inmigrantes, y nuestra prosperidad futura depende de que continuemos por un camino de bienvenida para todas las personas que viven en el Estado del Sol, independientemente de su lugar de nacimiento o estado migratorio. A todos los inmigrantes de Florida: son bienvenidos aquí y los apoyamos”.

Por su parte, Kate Melloy Goettel, directora jurídica de litigios del American Immigration Council, expresó:

“La ley antiinmigrante de Florida perpetúa estereotipos dañinos y fomenta una atmósfera de miedo y hostilidad. Esta legislación equivocada no solo se dirige a los inmigrantes y sus familias, sino que también pone en peligro el tejido de las comunidades de Florida, así como la economía del estado. Nuestra demanda busca garantizar los derechos fundamentales y la dignidad de cada individuo en el estado, independientemente de su estatus migratorio. Nadie debe vivir con miedo o enfrentar discriminación a base de su estatus migratorio, su presunto estatus migratorio o el estatus migratorio de sus familiares”.