Defensores y abogados están haciendo preparativos para defender a los inmigrantes contra las deportaciones masivas y otras acciones que el presidente electo Trump ha prometido tomar cuando asuma el cargo. Esto ocurre en un clima antinmigrante en una mayor proporción que cuando el republicano fue electo por primera vez al cargo.

El foco de la nueva administración federal son los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados viviendo en los EE. UU. Abogados de inmigración consideran que además de las deportaciones masivas, las propuestas de Trump destrozarían la forma en que Estados Unidos ha llevado a cabo la aplicación de la ley de inmigración durante décadas.

Consideran que tiene la intención de invocar una ley de 226 años de antigüedad utilizada anteriormente para detener a “extranjeros enemigos” en tiempos de guerra.

Tom Homan, el exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que se desempeñará como “zar de la frontera” en la administración entrante de Trump, dijo este fin de semana que la agencia priorizará “primero lo peor” en las deportaciones selectivas.

Además de las deportaciones masivas, Trump ha prometido “sellar la frontera”.

Los defensores de los inmigrantes dicen que han estado aquí antes y se han estado preparando para la posibilidad de una segunda administración de Trump durante años.

“Estamos listos para luchar” contra las redadas masivas y las deportaciones “tanto a nivel legal, como a nivel de defensa y (mediante) las calles”, dice Maribel Hernández Rivera, directora de política y asuntos gubernamentales para fronteras e inmigración de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

“Una de las cosas en las que creemos firmemente es que cuando el pueblo estadounidense se dé cuenta de lo que significa esta amenaza, no va a aceptarla”, aseguró.

Hernández Rivera y otros citan los primeros intentos de la administración Trump de prohibir que los musulmanes viajen a Estados Unidos y la separación de padres e hijos en la frontera sur como ejemplos de políticas que finalmente fracasaron después de una reacción abrumadora.

Y considera que Trump llega al cargo con un personal más experimentado para llevar a cabo sus objetivos.

Los abogados señalan que a pesar de que la aplicación de la ley de inmigración es el trabajo del gobierno federal, algunos de los estados con la mayor proporción de inmigrantes indocumentados, incluidos Florida y Texas, ahora tienen gobernadores republicanos que probablemente ayudarían a los esfuerzos de deportación.

La administración también puede trabajar con la policía local y los departamentos del alguacil de ideas afines para implementar el 287(g), un programa que les permite entregar a los inmigrantes a las autoridades federales si son arrestados bajo sospecha de un delito, señalan.

Además, parece haber más sentimiento antiinmigrante en todo el país esta vez en comparación con la primera vez que Trump estuvo en el cargo, dice Lee Gelernt, un abogado de la ACLU que argumentó algunos de los casos de inmigración de más alto perfil durante el primer mandato de Trump.

Eso podría significar menos apoyo público para los inmigrantes y sus defensores, una parte clave de la lucha contra las políticas antiinmigrantes.

“No nos hacemos ilusiones sobre lo difícil que será esto”, dice Gelernt.

Aun así, “a pesar del sentimiento antiinmigrante que está impregnando el país en este momento, considera o que todavía hay lugares a los que la administración Trump podría ir, y ha amenazado con ir, que causarán un alboroto”.

Organizaciones defensoras de inmigrantes creen que llevar a cabo deportaciones masivas sería costoso para los contribuyentes y requeriría una gran cantidad de camas de detención que actualmente no existen.

Actualmente, el ICE financia 41,500 camas de detención, en gran parte a través de contratos con prisiones privadas y cárceles locales, y ya tiene más de 37,000 en uso, según Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), un centro de recopilación de datos.

Cuesta alrededor de $150 al día mantener a alguien en un centro de detención de inmigración.

Las deportaciones masivas también conllevan el riesgo de que los ciudadanos estadounidenses sean detenidos, lo que ocurrió durante las deportaciones masivas anteriores de mexicanos y mexicoamericanos en la década de 1930.

Algunos líderes demócratas, como el gobernador de California, Gavin Newsom, ya han dicho que lucharán contra las políticas de Trump, incluida la inmigración.

Greisa Martínez Rosas, directora ejecutiva del grupo de defensa de los inmigrantes United We Dream, dice que su organización presionará a los gobiernos locales y estatales para que no ayuden en las deportaciones; difundir información a las comunidades de inmigrantes sobre cuáles son sus derechos; y movilizar a los simpatizantes.

“Esto va a ser un llamado a la acción, a la sociedad civil activa para que actúe, para defender a sus vecinos, para que se defiendan a sí mismos”, dice Martínez Rosas.

Con información de Axios.