Ante el probable fraude, se inició un proceso penal en contra del ex mandatario por la presunta comisión de delitos de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, falsedad y peculado y, si bien debe comparecer como imputado el 15 de agosto, la notificación no se le ha entregado porque la dirección que dio para emitir su credencial de elector corresponde al de una cervecería artesanal.

En entrevista, el ex diputado federal Jaime Martínez Veloz refirió que el gobierno de Ávila –de Morena, al igual que Bonilla– presentó la denuncia por peculado por 12 mil millones de pesos, el valor del contrato con la empresa eléctrica, la cual se comprometió a construir el parque en un terreno de 550 hectáreas en el kilómetro 28 de la carretera Mexicali-San Felipe.

Se trataba de un proyecto para suministrar electricidad al acueducto Mexicali-Tijuana, pero Martínez Veloz explicó que el gobierno federal negó el permiso debido a que una administración estatal no está autorizada a generar energía.

En el contrato otorgado poco antes de que finalizara su mandato, Bonilla Valdez incluyó una cláusula que obliga al gobierno de Baja California, ahora a cargo de Del Pilar Ávila, a pagar una indemnización por la mitad del valor de la obra. Se trata de una obligación que presionaría las finanzas del estado, cuyo presupuesto anual es de casi 50 mil millones de pesos.

Un juez de control y juicio oral penal en Tijuana emitió un citatorio contra Bonilla, “en su carácter de imputado”, documento que se dejó en el domicilio que aparece en la credencial de elector del ex gobernador.

No obstante, conforme a una constancia del catastro municipal, la dirección corresponde al de la propietaria de la Cervecería Insurgente, que Bonilla clausuró, pero al mismo tiempo utilizó para obtener los datos que registró ante el INE, aun cuando su residencia la tiene en San Diego, California, donde posee una casa en Mansion Lain y un departamento de 4 millones de dólares frente al mar.

La antigua cervecería está frente a la casa de Alberto Bonilla Valdez, hermano del ex gobernador, propietario de una empresa de importación de productos japoneses, Equipo Eficiente de Japón, que en el sexenio de Enrique Peña Nieto obtuvo una condonación de impuestos por 29 millones 326 mil 986 pesos. La gestión ante el SAT, ha explicado Martínez Veloz, estuvo a cargo del propio ex mandatario.