El primer ministro del país, Fumio Kishida, anunció también que a lo largo de un año se planea renovar tres programas principales que formulan la política de seguridad de la nación.

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El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, aseveró este lunes que su país revisará la posibilidad de atacar bases enemigas como parte de la estrategia de defensa nacional, informa The Mainichi.

“Para salvaguardar la vida y el sustento del pueblo, examinaremos todas las opciones, incluida la capacidad de atacar las bases enemigas… y reforzaremos nuestra postura de defensa fundamentalmente con un sentido de rapidez”, dijo Kishida durante su intervención ante la Dieta Nacional del país (parlamento), agregando que el entorno de seguridad “se agrava rápidamente“.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo señaló que a lo largo de un año se planea renovar tres programas principales que formulan la política de seguridad de la nación. Se trata de la Estrategia Nacional de Seguridad, las Directrices del Programa Nacional de Defensa y el Programa de Defensa a Medio Plazo, precisa Reuters.

El pasado 27 de noviembre, Kishida ya recurrió a la misma retórica, asegurando a la vez que Japón aumentará sus capacidades de defensa. Así, en un discurso en la base de Asaka (Tokio) de la Fuerza Terrestre de Autodefensa del país expresó sus preocupaciones en relación con los avances en el desarrollo de misiles por parte de Corea del Norte, así como ante el poderío militar de China.

En particular, Kishida afirmó que Japón no puede “pasar por alto el reciente desarrollo y perfeccionamiento [de Corea del Norte] de nuevas tecnologías, como las armas hipersónicas de planeo y los misiles con órbitas irregulares”. Además, destacó que Pekín continúa reforzando sus fuerzas armadas “sin transparencia suficiente”, así como emprende “intentos unilaterales de cambiar el ‘statu quo’” en la región.

Entre tanto, la idea de que la Fuerza Terrestre de Autodefensa del país (JGSDF, por sus siglas en inglés) pueden asestar golpes hacia bases extranjeras podría ir en contra de la Constitución actual, que, entre otros puntos, proclama la renuncia a la guerra como derecho soberano, lo que supone ciertas restricciones.