Según su declaración, el Grupo Aeroportuario Internacional de la Ciudad de México (GACM) —a cargo de Federico Patiño—, la Secretaría de Gobernación –a través de la subsecretaría a cargo del hoy Diputado priista René Juárez Cisneros- y la Sedatu de Robles, conformaron un grupo interinstitucional que estableció un mecanismo para adquirir o pagar unos terrenos que servirían al aeropuerto.Estas tres áreas habrían negociado con “supuestos” ejidatarios y propietarios de las zonas de Atenco y zonas denominadas “Tlateles” o el “Moño”, que también colindan con la obra cancelada hace dos años. La Sedatu sería la encargada de realizar los pagos, contando con el visto bueno de la Segob y del GACM, pero tras la revisión se encontró que dichos representantes no acreditaban ni legal ni materialmente la propiedad de dichos terrenos.

Aún así, el 7 de junio de 2018, se acordó que se le entregarían 400 millones de pesos a los peticionarios del “Frente Auténtico del Campo”. Casi de inmediato Rosario solicitó a González Tiburcio realizar trámites para contar con el dinero.

Como no se logró acreditar que estas personas eran las propietarias, Gonzáles Tiburcio introdujo el término “ayuda social” para justificar la entrega de recursos y entonces se entregaron cantidades de 300 mil pesos, 400 mil pesos y hasta 10 millones de pesos. Según Zebadúa, él le informó a Robles que la Sedatu no contaba con la facultad de entregar dichos apoyos ni contaba con el dinero. Ella, de acuerdo con Zebadúa, dijo que procedería “independientemente de su justificación o no” porque derivaba de un acuerdo entre el Presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya.

-Con información de Daniela Barragán, SinEmbargo