La aprobación de una ley de amnistía sería un acto de justicia para las personas que han sido víctimas de las deficiencias del sistema penal del país, quienes después de muchos años permanecen en la cárcel porque no han podido cerrar sus procesos, pero esta medida no está dirigida a “los grandes criminales”, detalló el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.

El presidente López Obrador enviará al este primero de septiembre la iniciativa al Congreso de la Unión, con carácter de preferente.

Ese beneficio se otorgaría a quienes sean auténticos merecedores, para aquellos a quienes la amnistía sea “un auténtico acto de justicia frente a las injusticias que han padecido, producto de las deficiencias del sistema de procuración y administración de justicia”, dijo Durazo en entrevista al término de su participación en la reunión plenaria de los senadores de Morena.

Aclaró que los acuerdos internacionales que ha firmado México limitan la posibilidad de otorgar amnistía a aquellos acusados que hayan atentado de manera grave contra la sociedad, por lo que “los grandes criminales no tienen ninguna posibilidad de entrar en esta iniciativa”.

Esta medida fue una decisión unipersonal del Ejecutivo federal, pero tendría una legitimidad mayor si la decisión estuviese respaldada por un órgano representativo como es el Congreso de la Unión, y confió en que senadores de oposición “con sensibilidad, con compromiso social”, coincidirán con esta propuesta.

Expuso que este beneficio no está dirigida a grupos de población específicos, sino que se analizará cada caso, por ejemplo a personas que bajo presión o extorsión de grupos criminales han transportado pequeñas dosis de droga.

A su salida de la antigua sede del Senado de la República, señaló que “hay personas que no tienen recursos para pagar un proceso jurídico, personas indígenas; hay un número muy importante de indígenas en los penales del país” que están recluidos por acusaciones menores.

Tras exponer esa propuesta en la III reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura, dijo que en general el sistema de procuración y administración de justicia “ha dado paso a que personas carentes de recursos, personas que no hablan en español”, no puedan culminar sus procesos penales, entre otras cosas, porque el Estado no cuenta con los intérpretes y traductores adecuados.

Indicó que hay casi siete mil personas indígenas que están presas; sin embargo, sólo hay 25 intérpretes, lo que “da idea de la deficiencia o desventaja en la que cubren estas personas indígenas sus procesos judiciales”, por lo que la aprobación de la ley sería un acto de justicia y “siendo una ley de iniciativa la última palabra la tiene el Congreso”. (Ntx)