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El Tribunal Supremo de Estados Unidos asesinó el miércoles a los trabajadores organizados y dictaminó que los que no son miembros no pueden ser obligados en ciertos estados a pagar cuotas a sindicatos que representan a empleados públicos como maestros y policías, apagando una llave fuente de ingresos sindicales.

En una votación de 5-4 impulsada por la mayoría conservadora de la corte, los jueces revocaron un precedente de la Corte Suprema de 1977 que permitía cobrar los llamados honorarios de agencia que se recaudan de millones de trabajadores no sindicalizados en lugar de cuotas sindicales para financiar proyectos no políticos actividades como la negociación colectiva.

La decisión significa que los estimados 5 millones de trabajadores no sindicalizados que pagan estas tarifas ya no tendrán que hacerlo.

Era percepción en dirigencias sindicales que el fallo les podría ser adverso considerando esa mayoría conservadora de los jueces, cinco de los nueve.

Consideran que como consecuencia de esta decisión, pueden perder hasta el 40% de sus miembros e ingresos.

Esto se inscribe dentro de una línea de acción de la administración Trump contra los sindicatos.

La querella del caso Janus vs AFSCME).  fue impulsada por corporaciones.

Con un voto de 5 a 4, los jueces revocaron un precedente de 41 años de antigüedad y dictaminaron que la 1ª Enmienda protege a estos empleados de la obligación de apoyar a un grupo privado cuyas opiniones pueden diferir de las suyas.

La decisión, en Janus contra AFSCME, anula las leyes en California, Nueva York y otros 20 estados mayoritariamente de tendencia demócrata que autorizan a los sindicatos a negociar contratos que requieren que todos los empleados paguen una cuota de participación justa para cubrir el costo del colectivo negociación.

En 1977, cuando los sindicatos del sector público se estaban estableciendo, la corte superior dijo que los maestros y otros empleados públicos no podrían verse obligados a pagar cuotas sindicales completas si parte del dinero se destinara a contribuciones políticas. Pero los jueces confirmaron los honorarios de la menor parte justa en la teoría de que todos los empleados se beneficiaron de un contrato sindical y sus procedimientos de reclamo.

Pero el tribunal más conservador de hoy no estuvo de acuerdo y dijo que los empleados tienen el derecho de no dar ningún tipo de apoyo a un sindicato. Estos pagos se describieron como una forma de “discurso obligado” que viola la 1ª Enmienda.

“Llegamos a la conclusión de que este acuerdo viola los derechos de libertad de expresión de los no miembros al obligarlos a subsidiar el discurso privado en asuntos de considerable interés público”, escribió el juez Samuel A. Alito Jr. para la mayoría.

El Juez Presidente John G. Roberts Jr. y los Jueces Anthony M. Kennedy, Clarence Thomas y Neil M. Gorsuch estuvieron de acuerdo. Los cuatro jueces liberales disintieron.

La Fundación antisindical National Right to Work Foundation, que financió el desafío, predijo que la decisión liberaría a más de 5 millones de empleados públicos de apoyar a sus sindicatos.

Para los sindicatos, que tradicionalmente apoyan a los demócratas, el fallo significará una pérdida inmediata de algunos fondos y una erosión gradual en su membresía. Los funcionarios del sindicato temen que un número desconocido de empleados deje de pagar cuotas si hacerlo es totalmente opcional.

Es probable que el fallo tenga un impacto político en muchos estados donde estos sindicatos han sido fuertes partidarios del Partido Demócrata.

El fallo dividió a la corte a lo largo de líneas ideológicas y partidistas. Los cinco jueces que formaron la mayoría fueron todos designados por los republicanos. Los cuatro disidentes fueron nombrados por presidentes demócratas.

El resultado no sorprende a los sindicatos ni a sus abogados. Hace tres años, los jueces tuvieron ante sí un desafío idéntico a la libertad de expresión a las tarifas sindicales presentado por Rebecca Friedrichs, una profesora de California. Los cinco jueces conservadores parecían dispuestos a reducir los aranceles del sindicato, pero el juez Antonin Scalia murió repentinamente en febrero de 2016. Un mes después, el tribunal anunció que estaba dividido en 4 a 4 y no podía emitir un fallo.

La victoria del presidente Trump le permitió reemplazar a Scalia con Gorsuch, quien, como era de esperar, emitió el quinto voto para los conservadores.

El actual caso fue lanzado por el gobernador de Illinois, Bruce Rauner, poco después de asumir el cargo. Él demandó para detener el cobro forzoso de los aranceles del sindicato, pero un juez federal en Chicago dijo que no tenía legitimación para demandar ya que no tenía que pagar las tarifas. Así que Mark Janus, un empleado del estado de Springfield, se presentó como demandante. Dijo que sí quería pagar $ 45 por mes para apoyar a la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales.

Como se esperaba, perdió en el 7mo. Tribunal de Circuito en Chicago debido a que tales tarifas sindicales eran legales bajo el precedente previo del tribunal, ahora anulado.