El tema de las fosas clandestinas en Guanajuato era una bomba que tarde o temprano le iba a explotar al Gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. El problema se ocultó, las instituciones de justicia estatales se negaban a reconocer el fenómeno al no clasificar estos hallazgos. Hoy la lista de víctimas aumenta. 

Salvatierra, Guanajuato 

La maestra Guadalupe Barajas Piña, originaria de Salvatierra y reportada como desaparecida hace casi un año, es una de las víctimas halladas en una fosa clandestina.

A través de las redes sociales del Colectivo “Mariposas Destellando” se confirmó la noticia. La maestra Lupita desapareció en Salvatierra el 29 de febrero del 2020.

Ella tenía 32 años y era docente en la escuela primaria de Valencianita en Irapuato. Desapareció cuando fue a visitar a sus padres.

La maestra Barajas Piña salió de la casa a comprar víveres y ya no regresó. Casi un año después de su desaparición el cuerpo de la maestra fue encontrado en una fosa clandestina, descubierta en Salvatierra.

Días después de que desapareciera la profesora, sus familiares, amigos, y compañeros encabezaron una manifestación para exigir el apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En ese momento, grupos feministas optaron redactar un oficio para demandar a la Fiscalía del Estado y al Gobierno estatal que resolviera de inmediato el caso.

En el documento, dirigido para el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, se hicieron tres peticiones:

– Que la Fiscalía General de Justicia del Estado resolviera de inmediato la carpeta de investigación 22666/2020 relativa a la desaparición de la maestra Guadalupe Barajas.

– Que el Gobernador del Estado reconozca que esta desaparición, junto con los feminicidios en la entidad representan una crisis de violencia cometida en gran parte por los grupos delincuenciales.

– Que se establezcan urgentemente los lineamientos para el establecimiento de la Alerta Alba para la búsqueda de mujeres desaparecidas en la entidad, siguiendo los estándares internacionales y las buenas prácticas.

El tema de las fosas clandestinas en Guanajuato era una bomba que tarde o temprano le iba a explotar al Gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. El problema se ocultó, las instituciones de justicia estatales se negaban a reconocer el fenómeno al no clasificar estos hallazgos.

La entidad gobernada desde hace dos décadas por el Partido Acción Nacional (PAN), en pocos meses pasó de estar con “cero fosas”, en febrero de 2020, a ser el segundo estado a nivel nacional con mayor número de hallazgos de inhumación clandestina.

Colectivos de búsqueda y académicos ya habían denunciado constantemente la presencia de fosas en esa entidad, pero las instituciones de Gobierno lo negaban, incluso, un estudio realizado por académicos de Guanajuato reveló que en aquella entidad la localización de fosas data desde mucho tiempo antes, al menos desde el 2009.

Fue el 24 de septiembre de 2020 cuando la tragedia no se pudo esconder. Un grupo de familiares de personas desaparecidas y colectivos, acompañados de personal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), localizaron fosas en la Presa el Pionero, en el municipio de Irapuato, Guanajuato. Fue la primera vez que quedó sentado oficialmente el hallazgo de una fosa clandestina.

En octubre y noviembre, vinieron los hallazgos en los municipios de Salvatierra y Cortázar. Finalmente, en enero la Comisión Nacional de Búsqueda, al presentar el informe anual, confirmó el hallazgo de al menos 103 fosas y la exhumación de al menos 204 cuerpos en Guanajuato, tan sólo en los últimos meses de 2020; sin contar la fosa de Presa el Pionero.

Frente al reconocimiento del problema, ahora los colectivos de personas desaparecidas temen que se venga otro conflicto: que Guanajuato no tenga la suficiente capacidad para resguardar los restos encontrados y que –como lo ha mostrado la experiencia en otros estados– las personas a las que pertenecían esos restos y sus familiares sean víctimas de lo que ellos llaman una “triple desaparición”.