Como explica Carlos Rodríguez, cofundador del Centro de Reflexión y Acción Laboral, a quien debo estos informes y reflexiones, los salarios mínimos generales perdieron 68 por ciento de su poder de compra y los contractuales promedio de las ramas de jurisdicción federal registraron una pérdida real de 64 por ciento. Los salarios reales de la industria dela construcción, por su parte, se redujeron61 por ciento y los manufactureros perdieron 38 por ciento. La erosión acumulada de su poder adquisitivo real no fue una coyuntura, sino una forma de gobierno deliberada y sistemática, enfocada a la contención salarial general.

El empobrecimiento sectorial de los trabajadores ocurrió de manera inequívocamente relacionada con lo que nítidamente reflejaba la distribución funcional del ingreso. Bajo la estrategia de desarrollo económico impulsada por el Estado, la participación de los salarios en el ingreso nacional disponible (IND) alcanzó 41 por ciento durante el periodo 1970-1982. Ascenso revertido a 31 por ciento del IND en el periodo 2010-2018. Coincidimos con Rodríguez en que el salario mínimo es un derecho humano que consiste en una remuneración justa que permita desarrollar una vida digna. Está así establecido en la Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración de Filadelfia, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), en la Declaración Americana de los Derechos Humanos y en su Protocolo Adicional en materia DESC, así como en el Convenio sobre la Fijación de Salarios Mínimos 131 y en la Recomendación 135 de la OIT.

Al respecto, el Comité DESC de Naciones Unidas ya se había pronunciado en 1999 en el tercer informe periódico de México sobre la aplicación del Pidesc: “el Comité lamenta que, a pesar del positivo crecimiento de los indicadores macroeconómicos en México, especialmente la marcada baja del nivel de la inflación, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos no ha ajustado al alza el salario mínimo.

En estos momentos, es preciso ganar alrededor de cinco veces el salario mínimo para adquirir la canasta básica constitucional, en violación del inciso ii) del párrafo a) del artícu-lo 7 del Pacto…”. Lo reiteró siete y 19 años después. En 2018 volvió a externar su preocupación: continuar incrementando el salario mínimo, mediante un mecanismo de indexación adecuado, a fin de garantizar que éste proporcione a los trabajadores y sus familias condiciones de vida dignas….

Durante cuatro décadas los incrementos salariales crecieron a tasas muy bajas, pues eran fijados de acuerdo con la inflación proyectada, pretextando que el aumento superior a la inflación esperada provocaba presiones inflacionarias que acababan deteriorando aún más el poder adquisitivo del salario. Pero, en realidad, obedecían a la estrategia del Estado de ofertar una mano de obra barata y productiva.

Evidentemente, los incrementos decididos por el Presidente se colocan en el camino de la recuperación; el mismo de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. Enfrentan, sin embar-go, desafíos descomunales. Primero, el rechazo del Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana, que defendieron un incremento de entre 4 y 12 pesos diarios. Segundo, la insuficiencia de los mismos, ya que se necesitaría sostener por más años dos o tres veces lo pactado para alcanzar y superar las líneas de bienestar y vida digna, habida cuenta de que 60 por ciento de la población ocupada no rebasará los 8 mil pesos mensuales y que para el Coneval una familia de cuatro integrantes requiere de 11 mil pesos para superar situaciones de pobreza. Tercero, la tendencia a la baja de niveles salariales, agudizada por la pandemia.

Es decir, el decremento en números absolutos de trabajadores con ingresos mayores a tres salarios mínimos, así como los de tres mínimos hacia el nivel de ingreso de cero a dos salarios mínimos. Y cuarto, escasas remuneraciones que operan en la economía informal.

Dicha recuperación ha de reforzarse con una debida política de reindustrialización y la moderación de la injusta distribución de la riqueza, ya que el neoliberalismo también fabricó millonarios. En 1987 México tenía un billonario (mil millones de dólares). En 1993 tenía dos, con una fortuna agregada de 6.6 miles de mdd, pero en 2018 contaba con 16 billonarios, cuya fortuna agregada ascendía a 139 miles de millones de dólares.