En la mañanera de este martes, en víspera que el Senado inicie la discusión en el pleno de la enmienda constitucional para reforman al Poder Judicial —que la semana pasada fue aprobada en la Cámara de Senadores—, el jefe del Ejecutivo recordó que la esencia de la reforma es que el pueblo, a través del voto popular, elija a jueces, magistrados y ministros.

AMLO (@lopezobrador_) dice que con la reforma judicial se acabará la corrupción en el Poder Judicial.

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— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 10, 2024

“Urge la reforma al Poder Judicial, y sí va a ayudar mucho, porque aquí se habla de delincuentes, del crimen organizado, pero lo que más les preocupa a los que están en contra de esta reforma es que van a perder sus privilegios, porque el Poder Judicial está al servicio de potentados, al servicio de la delincuencia de cuello blanco.

“Hay ministros (de ola Suprema Corte de Justicia) que dependen de los hombres con más poder económico en el país, están al servicio de las grandes corporaciones económicas, financieras, nacionales y del extranjero. Y esos son los que no quieren que haya estado de derecho, quieren mantener el influyentismo, la corrupción y el estado de chueco”.

Para el mandatario federal, la reforma garantiza que no haya corrupción debido a que al ser elegidos por la ciudadanía, los integrantes del Poder Judicial actuarán con rectitud.

“Primero van a tener la arrogancia de sentirse libres, no van a ser títeres, peleles, súbditos de nadie, van a tener como jefe al pueblo de México, al pueblo que es el soberano en una República; y luego la reforma también propone crear un tribunal al interior del Poder Judicial, pero no dependiente de, como sucede actualmente con el Consejo de la Judicatura Federal, de los mismos ministros, porque si no, pasaría lo mismo. ¿Desde cuándo no hay un juez en la cárcel? ¿Un magistrado? ¿Un ministro? Nada, no resuelven nada”.

El tabasqueño desmintió que se vaya a despedir a los trabajadores de ese poder.

“Eso no contempla la reforma, la reforma contempla la elección. Y es pensar que la justicia no sólo es despedir gente, no sólo es castigar, la justicia es en mucho prevenir que estas cosas ya no se repitan, que podamos eliminarlas, desterrarlas de nuestro país, y hay que tener confianza en que sí se puede, hasta en el peor de los casos, como dicen los abogados: ‘Aceptando sin conceder’, que los senadores decidan: ‘Necesitamos mantener al Poder Judicial porque requerimos de la corrupción’, y ganan los corruptos en el Senado, ya cumplimos nosotros”.

Sin embargo, de inmediato el presidente tocó madera (en su atril) a manera de cábala para alejar esa hipótesis.

“Toco madera, pero ya no nos quedamos con todo esto, nadie nos va a poder reprochar el día de mañana de que no cumplimos con nuestra responsabilidad, porque es una obligación moral enfrentar esta corrupción en beneficio de nuestro pueblo, en beneficio de nuestro querido México, que es lo que estamos haciendo”.

En la conferencia mañanera, las Secretarias de Gobernación, Luis María Alcalde, y de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, informaron ampliamente sobre irregularidades cometidas por jueces, magistrados y ministros.

El gobierno federal exhibió este martes a más de 24 jueces, juezas y magistrados que han liberado a presuntos delincuentes en fines de semana, han negado órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR) o han retrasado la justicia porque no dictan sentencias.

“Son casos que hacen justicia lenta, “sabadazos”, que pasen años y años y la gente no reciba una sentencia”, señaló la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, al dar a conocer el listado.

Entre los mencionados está el juez quinto de Distrito de Proceso Penales Federales del Estado de México, quien en enero negó una orden de aprehensión solicitada 24 horas antes por la FGR en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Cisen señalado como probable segundo tirador en el asesinato del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

Mencionó a los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México le concedieron a principios del año el beneficio de la prisión domiciliaria al ex titular de la entonces Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, dentro del proceso penal que se inició en su contra por delitos de desaparición forzada, coalición de servidores públicos y tortura relacionados con de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

También el juez de Amparo Juan Pedro Contreras Navarro que otorgó en febrero pasado el beneficio de prisión domiciliaria al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien enfrenta en libertad sus dos procesos penales por cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En la lista también aparece la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez de Quintana Roo, quien concedió hace un mes el beneficio de prisión domiciliaria al ex gobernador de Puebla Mario Marín, en el proceso que enfrenta por tortura y protección a redes de trata infantil.

Otro señalado es el juez de Tlalnepantla, Manuel Alejandro Martínez Vitela, que el 15 de febrero absolvió de cualquier culpa a Alejandro “N’, señalado como probable agresor sexual de una niña de 4 años de edad.

La secretaria Rodríguez expuso que “la falta de justicia a nivel federal por indolencia de los jueces tiene a alrededor de 24 mil personas en procesos penales sin sentencia”.

Agregó que en el sistema tradicional hay mil 326 personas con juicios penales pendiente de entre cinco y diez años, 2 mil 488 con juicios pendientes por periodos que van de 10 a 15 años, 767 que que llevan entre 15 y 20 años con juicio pendiente y 232 que llevan más de 20 años sin ser juzgadas.

En el sistema acusatorio hay 4 mil 520 personas sujetas a proceso por más de un año sin sentencia, lo que va en contra de la Constitución, aseguró.

Entre estos casos resaltó el de Israel Vallarta, señalado como presunto líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco, por los delitos de secuestro y delincuencia organizada, y quien lleva más de 18 años en prisión sin sentencia.