La Policía Federal detectó actividades relacionadas con delincuencia organizada y delitos de alto impacto en construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de acuerdo a reportes confidenciales

January 8, 2019 - por

La Policía Federal detectó actividades relacionadas con delincuencia organizada y delitos de alto impacto en construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de acuerdo a reportes confidenciales

La Policía Federal realizó al menos tres informes confidenciales que concluyen que altos funcionarios de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) participaron en “actividades detectadas con delincuencia organizada y delitos de alto impacto”, incluyendo a Raúl González Apaolaza, Manuel Ángel Núñez Soto y Carlos Noriega Romero.

Los documentos en poder de Aristegui Noticias coinciden en que se estableció un mecanismo ilegal para controlar miles de acarreos de materiales de carga, mediante sindicatos en los que colaboraron personajes cercanos a Raúl González Apaolaza, como Máximo Reyes Vilchis.

Este mecanismo fue expuesto en el reportaje Sindicato manipulado desde GACM controló negocio multimillonario de aeropuerto en Texcoco, publicado por este medio el 8 de diciembre de 2018.

Renato Sales, entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad, dijo a este medio que el “Informe confidencial” es auténtico.

Aristegui Noticias obtuvo el documento más amplio de una fuente de alto nivel relacionada con la investigación y los dos complementarios de una fuente vinculada con el GACM. Los oficios también fueron difundidos este lunes por  José Luis Moya, quien se presenta como asesor en materia de transparencia y combate a la corrupción.

El último reporte está dirigido a Federico Patiño, director de GACM, con fecha del 6 de noviembre de 2018 y está firmado por una oficial con grado de “Policía Segundo”. Este documento fue reseñado por El Universal en su edición de este lunes.

Otro documento está fechado el 18 de abril de 2018. En todos los casos, los documentos llevan sellos de la Secretaría de Gobernación, Comisionado Nacional de Seguridad y Policía Federal.

En los documentos se involucra a otros servidores públicos, incluyendo al ex director del Infonavit, David Penchyna Grub, quien aparece como socio de Carlos Noriega Romero, ex Director Corporativo de Administración Inmobiliaria del GACM en la empresa denominada 3A Inmobiliaria SA de CV.

Los documentos indican que es el ministerio público el encargado de dirigir las investigaciones criminales. Las personas solo pueden ser declaradas de un delito mediante sentencia judicial.

LOS DOCUMENTOS

Personal de la Policía Federal realizó visitas y entrevistas a operadores del transporte que participaron en la obra, a personal de sindicatos y dueños de minas.

Concluye que la compra de 8 millones de metros cúbicos de minerales no se dio en las mejores “condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento”. En informe indica que “En todo el polígono de la obra es basta la evidencia de tezontle que no cumple con la norma, pesos y dimensiones”.

Indica que el “conflicto de interés entre el director corporativo Lado Tierra de GACM, Raúl González Apaolaza con Máximo Reyes Vilchis”, quien dirigía el sindicato que obtuvo el contrato colectivo de trabajo.

González Apaolaza y Máximo Reyes Vilchis laboraron juntos en la Secretaría de Educación de Hidalgo (2001-2006), en la firma cabildera Open Lobbying Firm (2011) y en la plana directiva de un sindicato (2013), según la investigación de Aristegui Noticias.

Los sindicatos y servidores públicos involucrados convinieron el pago de los minerales sin la intervención del Órgano Interno de Control, organismos jurídicos o administrativos de Grupo Aeroportuario.

Además de este arreglo entre particulares, se indica que GACM no contrató la operación del tren de carga para realizar los traslados de material, lo que “ hubiese reducido considerablemente el costo del transporte…”, dice el documento.

En cuanto al daño al erario, se establece que “prácticamente se pagó por tres veces el valor del tezontle, por transportarlo de 50 pesos el metro cúbico a 200 pesos”.

El informe cita otro reportaje de Aristegui Noticias: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encareció 89% el precio de la barda perimetral.

La Policía Federal indica que los contratos entregados a Sedena por alrededor de 11 mil millones de pesos no garantizan el correcto seguimiento de los gastos, toda vez que GACM no tiene archivados los comprobantes de gasto.

Esta conducta fue verificada por Aristegui Noticias en marzo de 2018, cuando informó que Sedena y Grupo Aeroportuario declararon inexistentes las facturas y contratos que amparan los gastos de la barda perimetral.

6 Noviembre.pdf by on Scribd

PROPIEDADES

La Policía Federal realizó una investigación en el registro público de la propiedad y recibió documentos de “varias instituciones” sobre inmuebles en poder de los servidores públicos.

En el subtítulo, se indica que González Apaolaza es propietario de un rancho de 5.8 hectáreas, del cual solo declaró el valor del terreno, omitiendo toda la construcción y mantenimiento.

Otros propiedades nombradas son la de Manuel Ángel Núñez Soto, ex director de GACM, a quien se le acreditó un inmueble valuado en 9 millones 750 mil pesos en San Ángel Inn, mismo que pagó de contado.

En tanto, a Carlos Noriega Romero, ex director corporativo de Administración Inmobiliaria de GACM, se le detectó una propiedad valuada en 4 millones 920 mil pesos, además de que le compró 11 propiedades a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuando fungió como funcionario en el INFONAVIT.

El informe del 6 de noviembre con folio PF/DINV/CIC/DGIDAI/5097/2018 concluye que se podría realizar una investigación más “asertiva” con apoyo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

INFORMES PARCIALES

El informe del 18 abril se titula CASO: GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO y enlista las actividades de Humberto Pérez Piedra y de Raúl González Apaolaza.

En el primer caso, la Policía Federal documentó que el encargado de una mina propiedad de Grupo CARSO en Teotihuacán  les informó que las ventas de materiales para el aeropuerto únicamente se realizan mediante el sindicato.

La Policía Federal visitó el domicilio de Pérez Piedra en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se entrevistó con su hija, quien les señaló su horario de trabajo. Los agentes rastrearon con satélite los traslados del coche particular del líder sindical.

De igual forma, visitaron tres domicilios de Raúl González Apaolaza y se entrevistaron con su esposa y revisaron mediante satélite los recorridos de su auto particular.

En este informe se concluye que “no hay relación alguna con delincuencia organizada, narcotráfico, etc. (…) No obstante, dado el caso estaríamos frente a la posible comisión de un delito como operaciones con recursos de procedencia ilícita…”.

En este documento Aristegui Noticias elimina los datos de familiares de los investigados, sus domicilios particulares y placas de vehículos.

informe 18abrOK by on Scribd

TERCER INFORME

En el tercer informe, se indica que Raúl González Apaolaza y los líderes sindicalesHumberto Pérez Piedra y Hugo Bello se reunieron en un restaurante de la Zona Rosa los días 19 y 21 de junio de 2018.

Los agentes consiguieron el testimonio del chofer de Hugo Bello, quien los alertó sobre reuniones con “personas que presentan una economía bastante generosa (…) ya que el mismo tiene sospechas de la procedencia de esas cantidades de dinero”.

El informe parcial se compromete a realizar más avances en esta línea de investigación.

Tercer Informe.pdf by on Scribd