Treinta y ocho denuncias han sido presentadas por la presunta comisión de delitos que podrían haber causado daños patrimoniales a la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Leche Industrializada Conasupo S.A. de C.V. (Liconsa, S.A. de C.V.) y a la Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo, S. A. de C. V. (Diconsa), informó esta mañana Roberto Salcedo Aquino, Secretario de la Función Pública.

“Con la información actualizada a la fecha se encuentran en la Fiscalía General de la República (FGR) 38 denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la propia Fiscalía General de la República por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa”, dijo Salcedo en conferencia de prensa.

Segalmex se concibió como un organismo con visión social, indicó el funcionario, cuya intención era apoyar directamente a los pequeños productores de las zonas más rezagadas del país, así como favorecer la producción de maíz, frijol, arroz y trigo para “asegurar su adquisición a precios de garantía en beneficio de la población más necesitada”.

Desde el año pasado, la entidad se vio señalada por supuestos desvíos millonarios de las arcas públicas.

En febrero de 2021, el Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que había “un presunto fraude en Segalmex que se está investigando. Ya está la denuncia desde hace algún tiempo y está abierta la investigación”.

El día de hoy, Salcedo indicó que “con base en los resultados de diversas auditorías, de denuncias presentadas por diversos servidores públicos y del deterioro de la calidad de la rendición de cuentas de Segalmex, Liconsa y Diconsa, se creó un grupo de trabajo conformado por las secretarías de Gobernación, Agricultura y Desarrollo Rural” para investigar los actos de presunta corrupción de servidores públicos en las tres instancias.

De la indagación en estados financieros “se observó que se incrementaron las inconsistencias en el registro de operaciones y los casos en los que no se aportó la información requerida. Ello ocasionó que en el caso de Liconsa se pasara de dictámenes con opiniones limpias en 2019 a dictámenes con abstención de opinión en 2021”. En cuanto a Segalmex, los dictámenes mantuvieron abstenciones de forma continua.

De acuerdo con la información aportada, la SFP practicó 84 actos de fiscalización desde la creación de Segalmex en 2019 y hasta su cierre en 2021 que incluyeron auditorías, visitas y verificaciones, con montos observados por seis mil millones de pesos.

Por su lado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) promovió acciones en las tres entidades que en conjunto incluyen 22 pliegos de observaciones por tres mil 465 millones de pesos.

“Lo observado no es necesariamente sinónimo de daño patrimonial, sino de aclaraciones y por eso todos estos montos se encuentran de aclaración, de documentación y, en su caso, de recuperación”, señaló el Secretario.

Actualmente, las denuncias se encuentran en etapa de investigación, con miras a su judicialización. Estas son, en su mayoría, por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Las carpetas de investigación se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada.

“A la fecha, un servidor público fue vinculado a proceso por invertir mediante intermediarios financieros en instrumentos de alto riesgo 950 millones de pesos”. El capital ha sido recuperado en su totalidad, afirmó Salcedo.

La SFP tiene abiertos 618 expedientes para la investigación de presunta responsabilidad administrativas. Treinta y ocho de ellas vinculadas con las denuncias ya presentadas.

El político mexicano informó que, a raíz de estas investigaciones, se ha cesado a servidores públicos de áreas centrales y operativas en todo el país. “Debo decir que se ha renovado toda la estructura de mando en las tres entidades”, dijo.

Para mejorar la rendición de cuentas bajo la administración actual, las entidades ya llevan cabo distintas acciones, entre las que se encuentran: robustecer los sistemas de control interno y de supervisión de las tres instituciones; armonizar la actuación de las tres entidades y alinear sus competencias y atribuciones; establecer formalmente las representaciones de Segalmex en los estados que opera, así como fortalecer la estructura de las áreas vinculadas con estímulos y los precios de garantía; modernizar el equipamiento y los sistemas informativos para los centros de acopio y mejorar la interconectividad entre los sistemas de las tres entidades; fortalecer el control de los inventarios de mercancías en los almacenes centrales y rurales e implementar un programa de mejoramiento de la infraestructura física de almacenes y tiendas; actualizar y gestionar eficazmente los padrones de pequeños productores, concesionarios, distribuidores y beneficiarios de los programas de abasto social de leche.

“Con el propósito de combatir la impunidad, el grupo de trabajo está abocado a recabar las evidencias que permitan a las instancias competentes integrar debidamente las investigaciones en curso para, en su caso, ponerlos a disposición del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa”, indicó Salcedo Aquino.