Se trata de una partida con la etiqueta “extrema confidencialidad”, misma que habría sido creada para “financiar misiones de inteligencia, urgencia y peligro dirigidas a combatir a los cárteles de la droga”. Tales cantidades fueron entregadas en un lapso de seis años (2013-2018), prácticamente durante toda la Administración de Peña Nieto.

La Unidad de Investigación Financiera (UIF) en coordinación con la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigan una fuerte suma de dinero que fuer empleada para “gastos de seguridad nacional” en el sexenio de Enrique Peña Nieto, esto de acuerdo con el diario Milenio.

Se trata de una partida de más de 40 mil millones de pesos con la etiqueta “extrema confidencialidad”, misma que habría sido creada para “financiar misiones de inteligencia, urgencia y peligro dirigidas a combatir a los cárteles de la droga”. Tales cantidades fueron entregadas en un lapso de seis años (2013-2018), prácticamente durante toda la Administración de Peña.

Según la información obtenida por Milenio, todas esas salidas fueron derogadas por dependencias federales como la Secretaría de Gobernación (Segob), el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la propia Procuraduría General de la República (PGR) dirigidas a “misiones y objetivos confidenciales”.

La fuente del Gabinete de seguridad consultada por el diario informó que se está revisando minuciosamente la partida presupuestal 33701, con el concepto “Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, destinada al equipo de seguridad federal encabezado en ese entonces por Osorio Chong.

Del mismo modo, ambas instituciones llevan a cabo investigaciones paralelas para determinar cuál fue el uso de ese dinero en concreto y por qué el Gobierno peñista le colocó la etiqueta de “confidencial”. Además de indagar concluir si las operaciones fueron irregulares o no.

La investigación, según la fuente de Milenio, obedece a que los gastos se incrementaron considerablemente con cargo a esa partida en particular, quedando muy por encima de la cantidad aprobada por el Congreso de la Unión.

Uno de los órganos que salió beneficiada fue la Segob, pues recibió al menos un siete mil por ciento más de lo aprobado por el Poder Legislativo.

La extinta Procuraduría General de la República también se encuentra en la mira del actual Gobierno, toda vez que hubo gastos por conceptos de “pago de salarios” y “hospedajes” destinados a un operativo para capturar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.

De igual manera, están siendo analizados cargos irregulares en traslados de reos, compras de software y otros conceptos relacionados con la desaparecida Policía Federal (PF), operaciones con un sobreprecio de más de 2 mil 500 millones de pesos, informaron fuentes a Milenio.

Todos estos recursos fueron derogados de la partida 33701, previamente aprobados por las oficialías mayores del OADPRS, Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal, que en aquel entonces dependían de la Segob.