Santiago Nieto, titular de la UIF, afirmó que las anomalías en esos documentos fueron parte de la base que se utilizó para congelar siete cuentas bancarias, una de la ex Secretaria de Desarrollo Social y seis más de sus colaboradores, cuyos montos variables llegan hasta los 12 millones de pesos.

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Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este martes que presentará una nueva denunciacontra Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y sus principales colaboradores, luego de que se detectaran irregularidades en 105 contratos, adicionales a los que ya habían sido encontrados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR), los cuales tienen un valor superior a los 800 millones de pesos.

“Se han detectado con la Secretaría del Bienestar 105 convenios adicionales a los que ya reportado la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República. Y estamos nosotros, en este momento, iniciando un proceso de análisis para la presentación de la denuncia correspondiente”, dijo Santiago Nieto, titular de la UIF.

En entrevista con medios en el Senado de la República, precisó que las autoridades ya analizan los nuevos hallazgos, con la finalidad de que ningún caso de corrupción quede impune en el país.

“La impunidad se acabó. Soy un convencido de que la posición del Presidente es muy clara: cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad”, destacó.

Respecto a la vinculación a proceso de Robles Berlanga, Nieto consideró que se trata de un hecho importante que una ex Secretaria de Estado esté cumpliendo con una medida cautelar de prisión preventiva en razón de uno de sus actos.

Al término de su participación en un foro de “Violencia Sexual Infantil y Adolescente: Retos Legislativos”, afirmó que las anomalías en los 105 contratos fueron parte de la base que se utilizó para congelar siete cuentas bancarias, una de la ex Secretaria de Desarrollo Social y seis más de sus colaboradores, cuyos montos variables llegan hasta los 12 millones de pesos.

“Se ha solicitado la información y el apoyo a Unidades de Inteligencia Financiera en otros países para la detección de montos financieros que hubieran sido utilizados, transferidos por parte de la señora Robles y de sus principales colaboradores”, señaló el funcionario.

Por otra parte, dio a conocer que solicitaron información a las autoridades de otros países con el objetivo de saber si existen cuentas relacionadas con la ex colaboradora de Enrique Peña Nieto en el extranjero.

“El problema es que se utilizaron a las universidades, vía la aplicación del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, por adjudicación directa, pero para empresas que tenían muy poco tiempo de constitución, que tenían testaferros o prestanombres como accionistas y que finalmente representaron una afectación al erario, al presupuesto mexicano”, recordó.