Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció este miércoles que presentará siete denuncias nuevas contra el Consejo Directivo de Caja Libertad por presunto lavado de dinero.

“Todos los casos de lavado de dinero que se encuentren por supuesto que van a ser denunciados. En este momento llevamos 10 bloqueos de cuentas, se presentaron unas denuncias primero y hoy vamos a presentar siete adicionales”, dijo en entrevista con medios de comunicación.

En el marco del Foro sobre el Sistema Anticorrupción, el funcionario precisó que las denuncias que se interpondrán ante la Fiscalía General de la República (FGR) implican a 269 personas físicas, 208 morales y 15 servidores públicos.

Asimismo, Nieto Castillo detalló que el monto de las operaciones detectadas en depósitos asciende a más de 169 mil millones de pesos, mil 517 millones de dólares y 117 mil euros; sin embargo, en retiros se estiman 134 mil millones de pesos, mil 732 millones de dólares y 29 millones de euros.

“Si queremos dar un mensaje de combate a la corrupción se tiene que ejemplificar de forma clara con aspectos simbólicos casos destacados”, afirmó.

Además, informó que durante los primeros meses del nuevo Gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se han bloqueado 129 cuentas bancarias a 601 personas por montos que suman más de tres mil 271 millones de pesos y 38.4 millones de dólares.

También el encargado de la UIF dio a conocer que las autoridades encontraron 845 terceros relacionados con recursos que superan los 500 millones de dólares.

Por otra parte, reveló que el próximo mes de septiembre presentarán una plataforma sobre personas políticamente expuestas en materia de corrupción, la cual incluirá a todos los servidores públicos federales, estatales y municipales; así como a políticos, empresarios, artistas, entre otros.

El proyecto tendrá como finalidad que cuando los notarios públicos, contadores, abogados y corredores contraten servíos, busquen al beneficiario final para detectar actos de corrupción.

AUTORIZAN CATEO A SEDE DE CAJA LIBERTAD

Apenas el pasado 23 de julio, una Jueza federal autorizó a la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutar cualquier orden de cateo en las instalaciones de la sede de Caja Libertad, localizadas en el estado de Querétaro, sin embargo, las autoridades no podrán disponer del inmueble ni rematarlo.

La Jueza Cuarta de Distrito de Amparo en Materia Penal, María Dolores Núñez, concedió una suspensión provisional en favor del abogado Juan Collado, actualmente preso acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, quien solicitó un amparo para evitar cateos y el decomiso de la sede de Caja Libertad.

En su resolución, la juzgadora determinó que frenar cualquier orden de cateo causaría un prejuicio al interés social , además de que se contravendrían disposiciones de orden público.

A pesar de que la jueza no frenó la posibilidad de que la Fiscalía ejecute órdenes de cateo en dicho inmueble, imposibilitó a la dependencia para rematar o transmitir la propiedad a favor de terceros, así como para que sustraiga los bienes que se encuentren en los inmuebles.

Dicha medida permanecerá vigente mientras el juez resuelve si concede o no la suspensión definitiva en favor del abogado Juan Collado.

El pasado 16 de julio, el abogado de Juan Ramón Collado Mocelo solicitó un amparo para frenar el aseguramiento del domicilio que fungía como sede de la empresa Libertad Servicios Financieros en el Estado de Querétaro.

De acuerdo con información de medios nacionales, un juez de la Ciudad de México concedió cinco días para que el representante legal aclare su reclamo.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el pasado 19 de julio, a un juez una orden para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entregue la información financiera de empresas y personas vinculadas a Caja Libertad.

La Fiscalía solicitó informes bancarios del abogado Juan Collado –quien se encuentra preso–; de José Antonio Rico Rico, ex presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad, así como de Tania Patricia García Ortega, José Antonio Vargas Hernández y Roberto Isaac Rodríguez Gálvez.

La solicitud también incluye que se dé información sobre la Administradora Ario, Administradora Cimantorio, Despacho Integral de Inmuebles, Libertad Servicios Financieros, Mantenimiento y Remodelación Inmobiliaria, y Operadora de Inmuebles del Centro.

La información solicitada comprende los estados de cuenta, nombres de personas autorizadas, contratos y comprobantes de transferencias de todo tipo de instrumento financiero, registrado entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2019.